Por Pablo Gómez.
Es inminente una
reforma del régimen al que está sometida la mariguana. La Suprema Corte ha
declarado inconstitucional algunas restricciones normativas sobre su
producción, lo cual obliga al Congreso a legislar.
El país ha tenido
demasiado titubeo respecto a la cannabis. La mayoría de las personas que
cuentan con una información básica al respecto coinciden en que la prohibición
sólo ha generado delincuencia y también castigo a simples consumidores, lo cual
ha resultado en una inmensa injusticia.
En un país que adolece
de un Estado corrupto, penalizar la producción y comercio de mariguana conduce
a la participación del gobierno y la judicatura en un negocio ilícito. Así ha
ocurrido en México. En la industria y el comercio de esa yerba toman parte
agricultores, distribuidores, asociaciones delincuenciales, pero también
gobernantes, policías, fiscales, jueces. Además, intervienen los lavadores de
dinero, incluyendo bancos.
El número de críticos
de la prohibición ha ido en aumento. Personas de izquierdas y derechas piden un
cambio de régimen jurídico, incluyendo exgobernantes que en sus tiempos
hicieron llamados a favor de fortalecer la persecución.
Nadie en particular
promueve el consumo de la mariguana. Al contrario, quienes buscan la
despenalización aconsejan que el Estado y la sociedad hagan cosas para
desalentar su consumo. Los únicos que se encuentran contentos con el actual
delito son los narcotraficantes, es parte de su negocio.
Así, la sociedad no
está dividida entre quienes quieren mariguana legal y quienes no la desean,
sino entre los que advierten la necesidad de la legalización y aquellos que
todavía confían en la vía punitiva para evitar su consumo, a pesar de que con
la ley vigente nunca se ha logrado la reducción de la cantidad de yerba
producida.
En la actual coyuntura, es
impertinente tratar de discutir sobre la mariguana en sí misma porque el tema
es otro.
En general, la vía
punitiva en materia de drogas no puede tener más consecuencia que el promover
delincuencia, violencia y corrupción. Esta es la lección de muchas décadas,
como lo fue en su tiempo con la ley seca impuesta en Estados Unidos.
El Senado ha logrado
la ampliación del plazo para obedecer la resolución de la Suprema Corte. Sin
embargo, parecen continuar los mismos titubeos respecto de qué hacer.
Por más vueltas que se
le dé al problema, existe una pregunta central: debe ser o no un delito
producir y comerciar mariguana. Luego, si la respuesta es que no, hay que crear
un sistema de control estatal sobre producción, circulación, venta y consumo de
la cannabis.
No sería la primera
vez que el Estado asumiera su papel de control de la producción y el comercio,
como ha sido, por ejemplo, sobre el tabaco, las bebidas alcohólicas y los
medicamentos, antibióticos incluidos.
Lo que al parecer
imbuye temor es que una ley para crear un control oficial pudiera llevar a la
corrupción y al mercado negro. Pero, ¿qué es lo que hoy tenemos? No debería
preocupar demasiado que al principio un nuevo sistema tuviera problemas en su
aplicación y la prensa más las oposiciones los aprovecharan para concentrar la
atención.
Cuando en un par de
estados norteamericanos fronterizos con México la mariguana es legal, es menos
recomendable pensar acá en términos de una gradualidad que lleve lentamente a
eso mismo. La cannabis es un producto de exportación y amplio consumo nacional
y ese fenómeno no lo va a parar una reforma paulatina.
El problema del uso de
drogas entre la juventud adquiere otro carácter y tiene que ver con el lugar y
el papel que los y las jóvenes están jugando en la sociedad actual. Mas cuando
existe persecución y extorsión con motivo de la siembra, el comercio y hasta el
simple uso de la mariguana, la juventud es la que más sufre, como lo estamos
viendo.
Limitarnos a la
resolución de la Suprema Corte para que se pudiera producir legalmente cannabis
con fines lúdicos personales, pero no comerciales no sería suficiente para
estar a la altura del tiempo que vivimos, del sufrimiento de mucha gente que no
forma parte del crimen y de la espantosa crisis de violencia delincuencial que
hemos padecido durante ya muchos años.
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