Por Neldy
San Martín.
El coordinador
del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, echó abajo su propuesta
para reformar la Constitución y la Ley Federal de Amparo con el propósito de
evitar que obras públicas, “que representan un beneficio para la sociedad”,
sean frenadas por amparos.
“Había
preparado iniciativas para reformar la Ley de Amparo, que fueron reseñadas en
días pasados por distintos medios; luego de conversar con colectivos y
especialistas, decidí no presentarlas, para buscar un proyecto consensuado en
la materia. Se debe escuchar y aceptar cambios”, informó esta noche el líder de la
bancada mayoritaria en el Senado en su cuenta de Twitter.
Apenas ayer,
el senador dio a conocer su intención de limitar la ley de amparo para proteger
los proyectos del gobierno federal e hizo referencia indirecta a los amparos
interpuestos, tanto por comunidades originarias como por el colectivo
#NoMásDerroches, en contra de las obras del aeropuerto de operaciones mixtas en
Santa Lucía.
Esto al
agregar un párrafo al artículo 25 constitucional para plantear que el
desarrollo de obra pública e infraestructura en materias de educación, salud,
medio ambiente, seguridad pública, seguridad nacional, penitenciaria,
comunicaciones, transportes, hidráulica, energética, turística y cualquier otra
rama o servicio público que impacten directamente en el bienestar de las
personas, así como en el goce y ejercicio de sus derechos humanos, sea
considerado de interés social, protegido por la Constitución y las leyes.
Además de
la adición de una fracción al artículo 129 de la Ley de Amparo para establecer
como una causal de improcedencia cuando se impida o interrumpa la ejecución de
obra pública e infraestructura que impacte directamente en el bienestar social.
Sin embargo,
su propuesta, que sería presentada ante el Pleno de la Comisión Permanente,
provocó una serie de críticas por considerar que atenta contra los derechos
humanos.
El
ministro en retiro José Ramón Cossío D. publicó en Twitter que la propuesta “es
escandalosa. El amparo es un medio de protección de los derechos humanos, con
independencia de la naturaleza de los actos de autoridad”.
Mientras
que el doctor en derecho Miguel Carbonell señaló que no se debe limitar ni
restringir el juicio de amparo porque “es el instrumento por excelencia de
defensa de los derechos fundamentales en México”.
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