Regidora gana demanda por violencia política en razón de género.

Por Gloria Reza M.

La regidora independiente de Cihuatlán, María Guadalupe Becerra Barragán, dio a conocer que ganó una demanda por violencia política en razón de género. Se trata de una “sentencia con un precedente histórico” por ser la primera en el país, destacó la funcionaria.

Becerra recibió amenazas de muerte, supuestamente del crimen organizado, después de que el 29 de octubre de 2018, durante una sesión de Cabildo, denunció que el alcalde de Cihuatlán y su secretario general, Fernando Martínez Guerrero y Fernando Medina Flores, respectivamente, aprobaron compras sin la licitación correspondiente y a sobreprecio.

Además, la regidora solicitó ante el Tribunal Administrativo del Estado que se anularan todos los acuerdos a partir de los cuales se designó a Medina Flores como encargado de Hacienda y del Órgano de Control Interno del municipio.

En noviembre de 2018, Guadalupe Becerra refirió que familiares del secretario general, presuntamente integrantes del crimen organizado, le advirtieron que tenía 24 horas para dejar su cargo y salir del municipio, de lo contrario la matarían junto con su familia.

De acuerdo con la funcionaria, el familiar de Medina Flores es Raúl Flores Hernández, ‘El Tío’, a quien el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó –en agosto de 2017– de lavar dinero a través de diferentes personajes, entre ellos el cantante Julión Álvarez y el exfutbolista Rafael Márquez.

El 22 de marzo pasado, la regidora independiente interpuso ante el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco (TEEJ) una demanda (expediente JDC007/2019) de juicio de protección de los derechos político-electorales, por los malos manejos del alcalde de Cihuatlán y de su secretario general, quienes le retuvieron su pago de nómina, y por las intimidaciones y amenazas de muerte que recibió.

El 26 de abril el TEEJ dio un revés a la regidora, con el argumento de que no se acreditaba la violencia política en razón de género.

La afectada impugnó la decisión ante la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde se admitió su demanda bajo el expediente SG-JDC-140/2019.

El 15 de mayo la Sala Regional emitió un acuerdo para que autoridades locales y federales otorgaran medidas de protección a Guadalupe Becerra.

A final de ese mismo mes, la Sala Regional Guadalajara resolvió que el gobernador Enrique Alfaro; su secretario de Gobierno, Enrique Ibarra; el fiscal del estado, Gerardo Solís, así como la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, debían realizar “actos jurídicos y materiales” para que la regidora se reincorporara a su cargo y se garantizara su seguridad y la de sus familiares.

En tanto, a las fiscalías Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, y la general del estado, les requirió investigar y sancionar al munícipe y su secretario, puesto que se “han configurado actos constitutivos de violencia política basada en elementos de género”.

En lo que corresponde al ayuntamiento, le ordenó pagar sueldos y prestaciones atrasadas a la regidora, a partir de la segunda quincena de noviembre.

Ante la negativa de las autoridades estatales y municipales de acatar la sentencia, la Sala Regional ha emitido –en un periodo de ocho meses– otros tres acuerdos para apercibirlos y conminarlos, pero la reticencia continúa, según la regidora.

Teme por su vida.

Con pruebas en mano, en la sesión de cabildo que se realizó en octubre pasado, la regidora reclamó que se estaban adquiriendo productos a sobreprecio hasta por 600 mil pesos.

“Lo malo es que se los advertí, lo canté antes de tiempo, les dije también del nombramiento del secretario general, que era ilegal”. Como respuesta, subrayó, ‘levantaron’ a su abogado para “mandarme un mensaje”, mientras que a su familia la amenazaron y despojaron de sus bienes.

La regidora, quien debió salir de Jalisco por temor a que la maten, cuenta con seguridad proporcionada por la federación.

La mujer identificó a dos personas que se presentaron armadas a su domicilio, de quienes dio los datos a la Fiscalía para detenerlos, pero –lamentó– siguen libres en Cihuatlán por la negativa de las autoridades a actuar.