Por Antonio
Heras.
El
Juzgado Quinto de Distrito del Poder Judicial de la Federación ordenó al
Ayuntamiento de Tijuana a revocar los permisos municipales que permitieron la
construcción de una estación de gas LP en las inmediaciones de una zona
habitacional, y de infraestructura escolar, de esta ciudad fronteriza.
Los
vecinos del fraccionamiento Urbi Villa del Prado, solicitaron el amparo de la
justicia federal porque la construcción de una planta de almacenamiento y
distribución de la empresa Blue Propane violó la distancia mínima entre un
establecimiento comercial de ese tipo y el área habitacional.
En un
trienio, la empresa construyó una decena de estaciones similares, en zonas
habitacionales de Tijuana, a pesar de las irregularidades legales, y la presión
social.
En el
documento que presentaron ante el juzgado federal, los colonos asientan que el
gobierno del alcalde Juan Manuel Gastelum (2016-2019) transgredió el Reglamento
de Edificación en el que se define 300 metros como una distancia de
amortiguamiento.
A unos
metros del terreno donde se construyó la planta se ubican una escuela primaria
y otra de educación preescolar; además, pone en riesgo a los residentes.
Incluso, el
propio gobierno municipal determinó con anterioridad, que ese es un predio de
alto riesgo, pero el dictamen se ocultó para que los abogados de la empresa
solicitaran permisos federales, de acuerdo al expediente 699/2019.
La juez
Distrito Quinto en Materia de Amparo resolvió el 17 de enero que el
Ayuntamiento de Tijuana cancelara el dictamen y efectos del permiso de Uso de
Suelo y la Licencia de Construcción de la estación de la empresa Blue Propane.
Durante
el litigio, Gastelum Buenrostro rechazó que hubiera tales irregularidades, pero
la defensa de los vecinos demostró la violación al Reglamento Municipal de
Edificación, la declaratoria de predio de alto riesgo, e incluso la existencia
de una moratoria que impedía aprobar permisos de uso de suelo y licencias de
construcción.
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