Por Efrén
Flores.
La
detención de Emilio Lozoya Austin es un reto para el actual Gobierno federal y
la Fiscalía General de la República (FGR), “porque demostrarán si optarán por
la denuncia pública o por ir hasta el fondo y fincar responsabilidades, incluso
al ex Presidente Enrique Peña Nieto”, dijo en entrevista con SinEmbargo el politólogo de la
Universidad de Guadalajara (UdeG) Enrique Toussaint.
El caso
del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) es particularmente complejo por
tratarse de un suceso que no empieza y termina con un funcionario público, sino
que depende de toda una estructura de mando encabezada por el Ejecutivo
Federal, y donde es relevante la actuación de Luis Videgaray Caso, ex titular
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
“Está
toda la red. Cuando la Fiscalía o la Unidad de Inteligencia Financiera [UIF] o
cualquier organismo quiere encontrar verdaderamente a los culpables de la
corrupción, tiene que meterse a toda la trama, hasta adentro y explicarnos cuál
es la arquitectura que permite ese tipo de casos”, explicó Toussaint a este diario
digital.
Para el
analista político, los casos de corrupción relacionados con Lozoya van más
allá de los presuntos sobornos y aportaciones a campañas políticas del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) en 2012. Se trata de un caso que también
destapa la relación de intereses políticos y económicos, o entre funcionarios y
empresarios. Ejemplo de ello son las dos reuniones “antes de asumir la
Presidencia” de la República entre Enrique Peña Nieto y Marcelo Oderbrecht,
hijo del fundador de la empresa que lleva su apellido.
Lozoya no
podía hacer acuerdos con empresas como Odebrecht, Altos Hornos de México
(AHMSA) y el Astillero Barreras sin el permiso del Presidente o la noción del
Secretario de Hacienda, ya que “Lozoya dependía de Videgaray y él de Peña
Nieto. Ahí está el camino”, agregó Toussaint.
Sin embargo,
la relación entre Emilio Lozoya Austin, Luis Videgaray Caso y Enrique Peña
Nieto va más allá de la estructura de gobierno del Estado Mexicano.
Videgaray
y Lozoya se conocieron en 1998 a través de Protego Asesores, que es un fondo de
inversión del ex Secretario de Hacienda Pedro Aspe Armella, quien fuera mentor
de ambos en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), de acuerdo con
la morenista Luisa María Alcalde Luján (sesión ordinaria 11/09/2013 LXII Legislatura).
Entre
2005 y 2009, Videgaray contactó a Lozoya con el entonces Gobernador del Estado
de México, Enrique Peña Nieto.
Por esas
fechas Lozoya, en calidad de director en jefe para América Latina del Foro
Económico Mundial, representó una oportunidad para impulsar el nivel de
financiamiento del Estado de México, en un contexto en que Peña Nieto buscaba utilizar
la plataforma del Foro para impulsar internacionalmente a la entidad que
gobernaba.
A partir de
entonces, Lozoya, Videgaray y Peña comenzaron una relación amistosa y
profesional que se extendería por años. Inclusive a mediados del año pasado, el
abogado de Lozoya, Javier Coello Trejo, reconoció que había una relación de
amistad entre Peña y Lozoya. En entrevista con Contralínea, Coello refirió que
“había lealtades” entre ambos.
La relación
laboral entre Peña y Lozoya no se detuvo allí.
El 4
septiembre de 2012, el Presidente electo Enrique Peña Nieto presentó a los
integrantes de su equipo de transición y Lozoya, como vicecoordinador de
Asuntos Internacionales, formó parte de la élite que contribuiría “al
desarrollo de políticas públicas, de estrategias y de acciones que le permitan
al próximo Gobierno de la República cumplir, a cabalidad, con los compromisos y
con la expectativa que hay de la sociedad mexicana”.
Casi tres
meses después de aquel nombramiento, el 30 de noviembre de 2012, Lozoya fue
nombrado por Peña como el nuevo director general de Pemex.
CAMINOS DE
CORRUPCIÓN.
En la
actualidad existen cuatro denuncias en contra de Emilio Lozoya Austin, de
acuerdo con la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Lozoya es
investigado por “algún tema de defraudación fiscal” y en específico, por los
casos de la constructora brasileña Odbrecht, la compra de la la planta
Agronitrogenados a AHMSA y la adquisición de un astillero en España.
En todos
estos casos, Videgaray y Lozoya tienen responsabilidades atribuibles, el
primero en calidad de integrante del Consejo de Administración de Pemex como
Secretario de Hacienda, y el segundo en calidad de titular de la Empresa
Productiva del Estado.
La Ley de
Petróleos Mexicanos es clara al respecto.
El Artículo
13 plantea que el Consejo es “responsable de definir las políticas,
lineamientos y visión estratégica de Petróleos Mexicanos, sus empresas
productivas subsidiarias y sus empresas filiales”. Y Su artículo 31 refiere que
las 10 personas que lo componen son responsables, junto con el director general
de la empresa, de “los daños y perjuicios que llegaren a causar”, por “los actos,
hechos u omisiones en que incurran”.
Pese a
que la Ley establece que sólo las personas que hayan adoptado una decisión
perjudicial para Pemex son responsables de los hechos, también señala (Artículo
35) que “los consejeros serán solidariamente responsables con los que les hayan
precedido en el cargo, por las irregularidades en que éstos hubieren incurrido
si, conociéndolas, no las comunicaren al Comité de Auditoría”. Esto también
aplica para los actuales integrantes del Consejo.
Más allá
de las responsabilidades imputables por ley y estructura de gobierno, el caso
de Lozoya es un duelo entre la verdadera impartición de justicia en México y la
simulación de resultados.
“Me temo
que la política se impondrá por encima de la justicia. El Presidente Andrés
Manuel López Obrador […] puede agarrar a uno del equipo para calmar la sed de
justicia del pueblo mexicano, pero no llegar a las altas esferas”. O por el
contrario, explicó Toussaint, el Presidente y el Fiscal General de la República
pueden perseguir a Videgaray y Peña con los elementos jurídicos y las pruebas
penales que tienen hasta la fecha.
Sin embargo,
cuestionó, “¿hasta dónde va a querer llegar el Fiscal? Es decir, ¿se quedará
como en el caso de Rosario Robles Berlanga, con lo que supone su responsabilidad,
pero que no va más allá con la responsabilidad de José Antonio Meade Kuribreña
o de Hacienda?”
Toussaint refirió
que también saltan dudas sobre la detención de Lozoya en España, ya que es un
país que tiene una buena relación con México en términos judiciales, por lo que
se podría inferir que la detención derivó de una estrategia legal por parte del
ex directivo de Pemex.
CONTRATOS E
IRREGULARIDADES.
Emilio
Lozoya Austin es investigado, entre otras cosas, por las irregularidades en las
contrataciones públicas entre Pemex, Odebrecht, Altos Hornos de México y el
Astillero Barreras de España.
Entre
2013 y 2015, Pemex adjudicó dos contratos (folios PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4-14
y DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15) a la Constructora Norberto Odebrecht, aún cuando
los costos de la empresa no estaban “dentro del precio promedio del mercado”, y
a pesar de que la empresa “no cumplía con la experiencia y capacidad técnica
para realizar los trabajos” solicitados, refiere la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) en la Cuenta Pública de 2016 (informe 16-6-90T9M-04-0479
479-DE).
Fue
precisamente en 2012-2013 cuando Lozoya habría recibido millonarios sobornos y
aportaciones a favor del PRI por parte de Odebrecht, para facilitar la
adjudicación de contratos.
De
acuerdo con una investigación dada a conocer por el diario brasileño O Globo,
desde que fungió como vicecoordinador de Asuntos Internacionales del equipo de
transición de Peña Nieto, Lozoya comenzó a recibir 10 millones de dólares en
sobornos de Odebrecht.
Por esas
fechas Odebrecht firmó dos contratos por un monto conjunto de 4 mil 127 millones
310 mil 900 pesos, para obras de infraestructura relacionadas con el
“Aprovechamiento de Residuales” de la Refinería Miguel Hidalgo. Sin embargo,
estos dos contratos implicaron probables daños a la Hacienda Pública Federal
por un monto mínimo de 953 millones 278 mil 744 pesos, refieren datos de la ASF.
Para la
celebración de los contratos, el Consejo de Pemex –con Videgaray incluido– y
diversas áreas de su Corporativo y de sus ramas de Refinación y Transformación
Industrial dieron el visto bueno y avalaron la contratación de Odebrecht.
El 27 de
enero de 2014 y el 26 de octubre de 2015, el Consejo de Administración de Pemex
“aprobó los términos y condiciones“de los contratos
PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4-14 y DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15, para las obras de acondicionamiento
del terreno de la Refinería de Tula en Hidalgo, indica la Cuenta Pública de
2016.
A las
irregularidades en los contratos se suma la opacidad.
Por un
lado, la información relevante de la versión pública de los contratos está
censurada; y por otro lado, el acta de la “Sesión Ordinaria 16″ del 6 de agosto
de 2013, en la que Consejo y los comités de Pemex presentaron y acordaron las
obras a realizar en la Refinería, estará reservada de manera “total” hasta el
año 2021, porque dicha “sesión tiene relación con la carpeta de investigación
que llevan a cabo la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la
Función Pública”, se lee en la respuesta de Pemex a la solicitud de información
pública número 1857200120118.
Otra de
las investigaciones en contra de Lozoya Austin derivó de la compra de una
planta petroquímica por parte de Pemex.
El 20 de
diciembre de 2013, Pemex compró el complejo de Agro Nitrogenados en
Pajaritos, Veracruz, a través de su filial Pro-Agroindustria. La compra-venta
fue justificada con dos razones. La necesidad de generar más fertilizantes y
productos petroquímicos en México; y la capacidad de producción de un millón
anual de toneladas de urea, de las plantas de Agro Nitrogenados.
Sin embargo,
el “Libro Blanco 2015-2018” de Pemex Fertilizantes menciona que al momento
de la compra, los dos “trenes de urea” de Agro Nitrogenados llevaban 14
años sin operación, por lo que se encontraban “en una situación de extremo
deterioro que requería una gran inversión para su rehabilitación y puesta en
marcha”. Además, al momento de la compra, el complejo petroquímico de
Cosoleacaque –al que fue añadida– “no tenía la capacidad para proveerla de
insumos (amoniaco y CO2) suficientes y a costos competitivos” para la
producción de urea.
El valor de
la adquisición ascendió a casi 3.9 mil millones de pesos (constantes). Pero
seis meses después de la compra, la filial de Pemex Pro-Agroindustria contrató
a la empresa Cobra Instalaciones México (hoy Avanzia) para rehabilitar las
plantas Urea I y II de Agro Nitrogenados. Esto le costó más de 6.8 mil millones
de pesos (constantes) a Pemex.
A este
millonario desembolso fueron sumados 923.8 millones de pesos (constantes)
por un “faltante presupuestal”, ya que “Pemex Fertilizantes recibió
Pro-Agroindustria sin presupuesto para cubrir [el] capital de trabajo y el
servicio de la deuda” de Agro Nitrogenados.
De este
modo, los datos oficiales indican que Agro Nitrogenados fue adquirida con un
sobre costo real de 200 por ciento, que implicaría un daño en contra de la
Hacienda Pública, tomando en consideración que a finales de 2018, Pemex aún
debía 3.5 mil millones de pesos (constantes) por la adquisición de la compañía
y que, hasta entonces, no contaba con “viabilidad operativa” plena, pese a las
obras e inversiones efectuadas.
La
decisión para realizar esta inversión que conllevó pérdidas millonarias y
presuntos actos de corrupción en Pemex no sólo pasó por las manos de Lozoya
Austin. Al menos otras 13 personas –incluido Videgaray– del Consejo de
Administración de Pemex estuvieron directamente involucradas en la aprobación
de los proyectos, según los acuerdos “específicos” de la petrolera (numerados
CA134/2013, CA-110/2015, CA-209/2015 y CA-225/2015) en que fueron discutidas
las compras.
Al igual que
con Odebrecht, la opacidad fue regular en este caso.
A pesar
de que Pemex debió de firmar un contrato, tener estudios previos y acuerdos por
parte del Comité de Administración y su director general, la documentación
relativa es “inexistente”, está “reservada” o “censurada”. Y en el caso de las
sesiones del Consejo de Pemex, todas las actas relativas al proceso de
contratación –como el acuerdo de sesión “865 Extraordinaria” del 17 de
diciembre de 2013, cuando el Consejo de Pemex “tomó conocimiento del Informe
sobre la Inversión” en Agro Nitrogenados– no están disponibles.
El ASTILLERO
EN GALICIA.
En noviembre
de 2013, Petróleos Mexicanos firmó un contrato de inversión para la compra
del 51 por ciento de las acciones de la empresa naval española Hijos de J.
Barreras, mejor conocida como Astillero Barreras, con una inversión inicial de
170 millones 790 mil pesos. La idea era impulsar la construcción de buques
especializados para México y capitalizar el desarrollo tecnológico del sector
naval gallego en la industria petrolera.
Sin embargo,
de acuerdo con la ASF, la adquisición fue cuestionable ya que no había razón
para que Pemex invirtiera en un ramo productivo que no le corresponde y que
reporta pérdidas. Además de la mala inversión, Pemex no asumió la
responsabilidad de las decisiones del Astillero, refirió en conferencia de
prensa el 29 de enero de este año el actual titular de Pemex, Octavio Romero
Oropeza.
Como
ejemplo de las malas inversiones, Romero mencionó que el Astillero efectuó la
compra de una “Unidad Habitacional Flotante” en febrero de 2014, cuyo “flotel
nunca ha sido utilizado a su máxima capacidad” y que tuvo un costo de 2 mil 557
millones 104 mil pesos. A esta pérdida se suma el déficit fiscal de 2016 del
Astillero, por un monto de 113 millones 457 mil 850 pesos.
Por lo
anterior, el año pasado la ASF emitió una recomendación para investigar las
operaciones de Pemex con el Astillero, y en su caso, iniciar un proceso
administrativo “por las irregularidades de los servidores públicos que en su
gestión autorizaron invertir en el Astillero”.
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