Jorge Zepeda
Patterson.
Feminicidio
no es una palabra que forme parte del léxico de López Obrador a pesar de que ha
sido un hombre sensible a los temas de equidad de género o derechos de las
mujeres. Hace 19 años, en el 2000, mucho antes de que nos acostumbráramos a la
palabra, AMLO presentó con orgullo un gabinete paritario (ocho hombres y ocho
mujeres) para hacerse cargo de la Ciudad de México. Algo todavía inusual en los
usos y costumbres de la burocracia de ese momento. Y a diferencia de las
hipócritas cuotas de equidad de género que se pusieron de moda en las campañas
electorales y en el Congreso, que suelen revertirse con el tiempo, al terminar
su sexenio la mitad de las carteras estaban presididas por una mujer. Algo
similar ha hecho con el gabinete federal que conduce los destinos de la 4T. Por
lo demás, ha insistido que los recursos destinados a las familias sean
entregados a las madres, y prácticamente ha convertido en directriz que sea una
mujer la tesorera a cargo de las partidas destinadas a comités en barrios y
escuelas. Una y otra vez ha dicho que las mujeres son notoriamente más honestas
que los hombres. No es casual que en oficialías claves, en la secretaría de la
Función Pública y en general en tareas de supervisión de recursos económicos
suela preferir a una mujer. Tampoco tengo duda de que si de él dependiera en
este momento, le encantaría que su sucesor fuera Claudia Sheinbaum.
Y, sin
embargo, se le sigue saliendo un “mi reina”, o algo similar, para dirigirse a
una reportera o a una joven que lo interpela, lo cual invoca toda la carga
misógina que arrastra un apelativo que nunca usaría frente a un reportero. Si
bien su tono es paternal, sin asomo de coquetería, y remite a usos
tradicionales y familiares en la región de la que procede o la generación a la
que pertenece, a estas alturas de la vida tendría que saber que este tipo de
expresiones entrañan una condescendencia y un verticalismo que resulta
ofensivo.
Feminicidios
han existido siempre, aun cuando no se usara la palabra. Pero es cierto que el
carácter endémico que ha adquirido en los últimos tiempos en países como el
nuestro, ha sido resultado de la progresiva (aunque desde luego insuficiente)
emancipación de la mujer en términos económicos, sociales y sexuales y la
resistencia machista a aceptar el cambio.
Hace veinte
años muchos de los asesinatos de hoy no habrían tenido lugar, simplemente
porque tras una golpiza la mujer que intentaba sacudirse una pareja indeseada
habría sido sometida. Actualmente muchas consiguen con éxito emanciparse de una
relación nociva, pero en promedio cada día diez de ellas terminan perdiendo la
vida en el intento. Una situación inaceptable, por donde se le mire.
Es cierto
que la cuota de asesinatos asciende a 35 mil al año, a razón de cien diarios,
la mayoría originados por actividades vinculadas al crimen organizado, una
cifra que hace palidecer cualquier otro fenómeno. Pero en este caso, el de los
feminicidios, trasciende una cuestión estadística para convertirse en una
tragedia insoportable, una enfermedad social inadmisible. Se trata de crímenes
de odio en contra de víctimas cuyo único delito es negarse a ser propiedad de
un hombre abusivo.
Quizá López
Obrador observe el problema como un capítulo de la espiral de violencia e
inseguridad pública que vive el país y asume que no está escatimando esfuerzos
para atacar el problema en su conjunto (entre ellos su ambicioso proyecto de
una Guardia Nacional o su obsesiva reunión de 6 a 7 de la mañana al respecto
todos los días).
Pero le ha
faltado sensibilidad o no le ha dedicado el tiempo para entender la importancia
de este tema. El feminicidio no forma parte de la agenda de reivindicaciones
que le son naturales, pese a la sensibilidad que le ha caracterizado para
solidarizarse con las víctimas de la injusticia y la miseria y con sectores
vulnerables como ancianos, jóvenes y mujeres en general.
Si bien es
cierto que el clima de inseguridad es un caldo de cultivo que favorece los
crímenes de género, el fenómeno en sí mismo requiere de medidas puntuales que
no pasan solamente por el combate al crimen organizado o el mejoramiento del
sistema de justicia en lo general.
Hace unos
días López Obrador externó en la Mañanera declaraciones demasiado genéricas
sobre el problema, en momentos en que el asesinato de Ingrid Escamilla,
particularmente salvaje, ha enardecido a la opinión pública. Y no mejoró cuando
describió como una manipulación de sus adversarios el vuelo que se le ha dado a
las manifestaciones de protesta de grupos feministas. Menos aún cuando, un poco
harto del asunto, presentó días más tarde un decálogo de principios con
relación al tema. Se trató de una serie de máximas vagas e incluso repetitivas,
que no entrañan ninguna acción o política pública y con la cual el presidente
pretendió zanjar en definitiva el problema (1 Estoy en contra de la violencia
contra la mujer; 2 Se debe proteger la vida de hombres y mujeres; 3 Es una
cobardía agredir a la mujer; 4 El machismo es un anacronismo; 5 Se tiene que
respetar a las mujeres; 6 No a las agresiones a las mujeres; 7 No a los crímenes
de odio en contra de las mujeres; 8 Castigo a los responsables; 9 El gobierno
siempre debe garantizar la seguridad de las mujeres; 10 Nuestro compromiso es
garantizar la paz y seguridad de México). En suma un planteamiento que parece
improvisado, sacado de la manga, poco reflexionado (la mitad de los incisos son
reiteraciones del mismo deseo). Algo que a juicio de sus críticos muestra que
el tema no le ha merecido ni una fracción del tiempo dedicado a tratar de
deshacerse del avión presidencial, por ejemplo.
Si no por
concepción al menos por sensibilidad política, me parece que el Presidente
tendría que reconsiderar sus posiciones y prioridades en lo que respecta a los
crímenes de odio contra las mujeres, antes de que la factura de imagen se
vuelva impagable
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