Por Anabel Hernández.
Este 2020 se
cumplirán seis años de la desaparición impune de los 43 estudiantes de la
escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Y en un hecho histórico,
el 7 de enero pasado, una Corte de Arizona se pronunció sobre la desaparición
ocurrida el 26 de septiembre de 2014, sentando un nuevo precedente sobre el
caso que aún no ha sido resuelto en México.
En el marco
de una solicitud de asilo político hecha por un testigo clave del caso, la
Juez Molly S. Frazer determinó que la versión oficial dada por el gobierno de
Enrique Peña Nieto fue creada con base en “tortura” para inventar testimonios.
Y afirmó que “piezas de evidencia fueron igualmente fabricadas o sembradas en
la escena del crimen por el gobierno de México con el fin de sustentar la falsa
verdad histórica”.
En la
sentencia de 24 páginas de la cual se tiene copia afirmo que la Corte considera
que “el Ejército Mexicano y la Policía Federal Mexicana participaron y
estuvieron presentes durante los ataques y la desaparición de los estudiantes normalistas”.
Y con base
en la revisión de más de 61 pruebas presentadas durante el juicio, la juez
dictaminó: “(La Corte) Desafía la creencia de que un departamento de policía
municipal tendría influencia política y los recursos para planear un intrincado
encubrimiento y la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos. Es mucho más
plausible que el gobierno federal de México y la policía federal hayan sido
responsables de este horrible incidente”, señala la sentencia.
La postura
judicial fue definida por la Juez Frazer, en una Corte Migratoria, en Florence,
Arizona, en el marco del juicio llevado a cabo para determinar si se
otorgaba o no “asilo político” a Ulises Bernabé García, quien era juez de
barandilla en la base de la Policía Municipal de Iguala y es una de las piezas
clave para entender los hechos de esa noche.
El juez
de barandilla fue el primer testigo directo que vio al Ejército en las calles
de Iguala en las horas que ocurría el ataque y desaparición de los estudiantes,
y negó que los normalistas hubieran sido llevados a la base de la policía
municipal como asegura la llamada verdad histórica difundida por la
Procuraduría General de la República (PGR) del gobierno de Peña Nieto.
En su
sentencia la Juez determinó conceder el “asilo político” a Bernabé García.
Es la
primera vez, en las últimas décadas, que una Corte americana se pronuncia sobre
un caso de violaciones graves a derechos humanos en México. Esta es la historia
del juicio y su histórica resolución.
Los
antecedentes del veredicto.
Para llegar
a su veredicto la Corte de Arizona analizó el Informe I y II realizado por
el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) enviado por la
Comisión Interamericana de Derechos humanos para realizar en México una
indagatoria independiente sobre el caso.
También revisó
el informe preliminar elaborado en 2016 por la Visitaduría General de la
Procuraduría General de la República, encabezada por el Visitador César Chávez
Flores. Y escuchó el testimonio directo de Bernabé García, y tomó en cuenta
diversos artículos publicados en México y Estados Unidos.
Asimismo, la
autora de este reporte fue citada a declarar en la Corte de Arizona ante la
Juez y representantes del Departamento de Seguridad Nacional (Department of
Homeland Security DHS) como “testigo experto”, por los hechos descubiertos
en la investigación periodística realizada de 2014 a 2019 sobre el caso del
ataque contra los normalistas de Ayotzinapa y su desaparición. Hallazgos
publicados en diversos medios de comunicación de México y Estados Unidos, así
como en el libro “A Massacre in Mexico. The true story behind the Missing
Forty-Three Students” (traducción al ingles del libro La Verdadera Noche de
Iguala), el cual también fue presentado como una de las pruebas a analizar.
La Juez
también tomó en cuenta las pruebas presentadas por DHS, entre ellas los mismos
reportes del GIEI y la alerta roja emitida por Interpol México en 2015 para
solicitar la detención de Bernabé García.
En la
sentencia de 24 páginas la Corte hizo un recuento de los hechos ocurridos el 26
y 27 de septiembre de 2014.
“El 26 de
septiembre de 2014 estudiantes normalistas mexicanos de una escuela rural iban
en camino a una protesta cuando fueron secuestrados. Se presume que todos los
43 estudiantes están muertos”, señala la sentencia.
“El caso ha
generado controversia en contra del gobierno de México y hay muchos informes
confiables que han demostrado que el gobierno de México se ocupó de encubrir
los incidentes reales de esa noche.
“De
acuerdo con el informe oficial del gobierno sobre el incidente, en adelante
conocido como “La Verdad Histórica” los 43 estudiantes fueron arrestados por la
policía municipal (de Iguala) después de que los estudiantes secuestraron
autobuses. El gobierno de México sostiene que la policía de Iguala, después de
encarcelar a los estudiantes, los entregó a un cartel local llamado Guerreros
Unidos, a petición del alcalde local (José Luis Abarca)” “El gobierno de México
sostiene que todos estos eventos ocurrieron sin el conocimiento o participación
del gobierno de México, del Estado de Guerrero, ni de los oficiales del
Ejército mexicano”.
Pero en su
fallo la Corte refutó esa versión.
El
testimonio clave de Bernabé García.
El 13 de
noviembre de 2014 el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, afirmó
que el 27 Batallón de Infantería supo del ataque dos horas después de ocurrido.
En esa época los estudiantes sobrevivientes solo habían visto a los militares
cuando éstos hicieron una redada en el Hospital Cristina, después de la
medianoche.
Los
estudiantes estaban ahí buscando atención médica para uno de sus compañeros y
según su testimonio fueron amenazados y hostigados por el ejército, pero
desconocían incluso el nombre de quien comandaba el grupo de militares.
La
primera persona que contradijo la versión hasta entonces sostenida por el
gobierno del estado de Guerrero y el federal, fue Ulises Bernabé García, juez
de barandilla quien durante todo el 26 de septiembre estuvo de turno.
La autora de
este reporte entrevistó a Bernabé García en noviembre de 2014 en Iguala,
Guerrero. Afirmó que todo el día estuvo en funciones. Su puesto solo era
temporal, y consistía en poner multas a quienes cometían una falta
administrativa en Iguala: beber en la vía pública, orinar en la calle, entre
otras. A él le correspondía recibir a los detenidos de la policía municipal, y
levantar la boleta de multa. Si las personas pagaban enseguida podían
retirarse, sino debían permanecer en los separos.
Dijo que
hubo cerca de seis hombres detenidos durante la tarde y noche de ese 26 de
septiembre por beber en la vía pública o conducir en estado de ebriedad.
Se trató
de hombres de aproximadamente 30 años o más, quienes después de pagar su multa
fueron liberados en el transcurso de esa noche y madrugada.
Entre las
23:00 y las 24:00 horas del 26 de septiembre -en que se estaba llevando a cabo
el tercer ataque contra los estudiantes y su desaparición estaba en curso- un
militar quien se identificó con el juez de barandilla como “Capitán Crespo”,
del 27 Batallón de Infantería, llegó a la base de la Policía Municipal de
Iguala junto con otros 12 elementos del Ejército.
El
militar habló con el juez de barandilla Ulises Bernabé García y con el pretexto
de buscar “una motoneta blanca” se metió a la base de la policía municipal e
inspeccionó todo: celdas, baños, oficinas y el patio. En los separos estaban
todavía algunas de las personas detenidas durante el día.
Según los
testimonios de los policías municipales de Iguala detenidos, obtenidos bajo
tortura entre las 23 y 24 horas habrían llevado a los normalistas a la base de
la policía y después habrían sido trasladados por la policía municipal de
Iguala y Cocula a las afueras de Iguala y entregados a los supuestos Guerreros
Unidos. Pero ninguno de los policías dijo la misma versión. Todos firmaron
confesiones con información diversa en horas, modo, tiempo y lugar, e incluso contradictorias
entre sí. Cabe recordar que muchos de los policías detenidos ya fueron
liberados por orden de un tribunal mexicano.
Cuando el
juez de barandilla dio este primer testimonio estaba libre y vivía con
normalidad en Iguala. La primera vez que fue publicado su testimonio fue el 13 de
diciembre de 2014 en un reporte publicado por la autora de este reporte y Steve
Fisher, en la Revista Proceso, en una investigación financiada por el Programa de Periodismo
de Investigación de la Universidad de California, en Berkeley.
Antes de
publicar su testimonio, se acudió directamente a la base de la policía
municipal de Iguala para hacer una inspección de campo. A través del techo de
una casa que tenía vista al interior de la base municipal se pudo constatar que
varios domicilios estaban pegados a las instalaciones y tenían vista directa
del interior.
Sus
características coincidían con lo dicho por Bernabé García. Asimismo, se
entrevistó a vecinos quienes aseguraron que estaban en sus domicilios o en la
calle esa noche y que no vieron o escucharon nada extraño, excepto
motociclistas que entraban y salían de la base. También se verificaron las
inconsistencias de hecho en las declaraciones firmadas ante la PGR por los
policías municipales, quienes por ejemplo describieron características físicas
de la base que no correspondían a la realidad.
Bernabé
García ya había dado la misma declaración el 21 de noviembre de ese año en las
oficinas de la PGR en Iguala, a donde fue citado a declarar, y entregó las
boletas de multas administrativas aplicadas a las seis personas detenidas. No
se le detuvo en ese momento ni se le hizo ninguna acusación.
Fue
después del reportaje publicado en Proceso que comenzó a ser hostigado por el
Ejército mexicano en su domicilio.
En enero de
2015 la PGR giró una orden de arresto contra Bernabé García basado en el
supuesto testimonio de Hugo Hernández Arias, un policía municipal de Iguala
detenido. Según el Ministerio Público había declarado que él estaba presente
cuando los estudiantes fueron llevados a la base de la policía municipal y que
vio que el juez de barandilla habría permitido que policías de iguala y Cocula
se los llevaran.
Para
confirmar o desechar la versión de Bernabé García se obtuvo copia de la
única declaración ministerial dada por Hernández Arias fechada el 28 de
septiembre de 2014 en la cual consta que el ministerio público solo le formuló
41 preguntas, y en ningún punto de la declaración menciona la presencia de los
normalistas en la base, ni la presunta participación de Bernabé García.
Pero
conforme avanzó la investigación el ministerio público del Estado de Guerrero
alteró la declaración original de Hernádez Árias y le añadió la pregunta 42 y
el párrafo en que supuestamente Hernández Arias habría declarado lo referente a
los estudiantes en la base de la policía municipal.
Aunado a
esto, Ramón Navarrete, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Guerrero afirmó que la mañana del 27 de septiembre fue a la base de la policía
municipal a buscar a los normalistas y que la Comisión hizo una inspección
exhaustiva buscando algún indicio o rastro de su presencia ahí, pero no
encontró ninguno.
Las mentiras
del ‘Capitán Crespo’
El
testimonio de Bernabé García era importante porque afirmó que los estudiantes
nunca fueron llevados ahí y porque fue el primero que dijo que el ejército
estaba en las calles activo a la hora del segundo ataque y desaparición, a
diferencia de lo dicho por la Sedena. También señaló el primer nombre de un
militar activo esa noche: el “Capitán Crespo”.
Con base
en ese testimonio se hicieron diversas solicitudes de información de acuerdo
con la Ley Federal de Transparencia para obtener todos los reportes y declaraciones
de militares sobre los hechos ocurridos esa noche. Y aunque en un inicio la PGR
tuvo resistencias fue obligada a entregar la información por órdenes del
Instituto Nacional de Transparencia (INAI) Fue así como se obtuvieron las
primeras declaraciones del Ejército Mexicano publicadas por la autora de este
reporte y Steve Fisher en la revista Proceso en 6 de septiembre de 2015. Esas
primeras declaraciones fueron dadas por militares del 27 Batallón de Infantería
el 3 y 4 de diciembre de 2014, pero el gobierno las quería mantener bajo
secreto.
En esas
declaraciones se pudo corroborar que el Ejército si había conocido de todos
los hechos ocurridos esa noche, incluso antes de que iniciara el ataque contra
los estudiantes y que el Coronel José Rodríguez Pérez ordenó a diversos
militares salir esa noche a la hora en que estaba ocurriendo el ataque, e
incluso uno de ellos, Eduardo Mota Esquivel quien pertenecía al Órgano de
Búsqueda de Información del 27 Batallón.
El nombre
completo del militar que habló esa noche con Bernabé García es José Martínez
Crespo. A diferencia del juez de barandilla él y los demás militares
interrogados por la PGR han cambiado constantemente la versión de lo que
ocurrió e hicieron la noche del 26 de septiembre cuando desaparecieron los 43
normalistas.
Martínez
Crespo declaró en las mismas oficinas de la PGR en Iguala, dos semanas
después que Bernabé García. En su primera declaración rendida el 3 de diciembre
de 2014 admitió que estuvo en las calles de Iguala junto con un pelotón a la
hora en que ocurría la desaparición de los 43 normalistas y el tercer ataque y
persecución contra los estudiantes sobrevivientes. Es decir, entre las 23:30 a
2:30 am tiempo en que fueron asesinados los estudiantes Daniel Solís y Julio
César Ramírez.
Pero el
capitán mintió y omitió decir que fue a la base de la policía municipal aunque
otros integrantes de su pelotón lo señalaron desde su primera declaración.
En una
segunda declaración rendida en agosto de 2015, Martínez Crespo añadió que esa
noche estuvo acompañado por Eduardo Mota Esquivel, quien en su declaración
confesó que estuvo presente en el ataque contra dos camiones en que viajaban
los estudiantes cercano al Palacio de Justicia de Iguala. De uno de ellos
desapareció al menos una veintena de estudiantes. Mota Esquivel también fue
inconsistente con sus declaraciones y las fue cambiando con el paso de los
años. Confesó que tomó fotos de lo sucedido en el Palacio de Justicia, pero
supuestamente no participó en los hechos.
En su
segunda declaración Martínez Crespo dijo que Mota Esquivel lo acompañó al
hospital Cristina, donde estaban refugiados algunos estudiantes sobrevivientes
de los ataques buscando atención médica para uno de sus compañeros que había
sido herido con un disparo en la cara. Y que ahí Mota Esquivel fue también
quien tomó fotos a los normalistas en el hospital. Lo que significa que uno de
sus cometidos esa noche era vigilar a los estudiantes y tomar registro de
ellos. Sin que hasta ahora sea claro cuál es la razón. Fue hasta una tercera
declaración, rendida el 11 de septiembre de 2015, que Martínez Crespo confesó
que sí fue a la base de la policía municipal a buscar una motocicleta que
pertenecía a Mota Esquivel y que según él se la habían llevado policías
municipales durante los hechos en el Palacio de Justicia. Solo que dijo que
fueron a las 00:30, aunque esa hora no concuerda con la dada por otros
integrantes de su pelotón.
Hasta
ahora esa historia de la motocicleta nunca ha estado clara, podría haber sido
un cabo suelto que delataba la presencia del Ejército en el lugar de la
desaparición, o un pretexto para entrar a la base de la policía municipal y ver
si algún estudiante había sido trasladado ahí o escapado.
Pese a que Martínez
Crespo mintió en sus declaraciones contra él no se giró orden de aprehensión.
Al
conocer que diversos policías municipales de Iguala habían sido torturados y
que había una orden de arresto en su contra en abril de 2015 Bernabé García se
presentó en Arizona y entró ilegalmente a Estados Unidos para solicitar asilo
político.
Aunque el
gobierno de México solicitó que fuera deportado, el gobierno americano rechazó
esa solicitud e inició el juicio de asilo político manteniendo a Bernabé García
bajo arresto en una prisión donde ha estado los últimos cuatro años.
En el
informe final del Mecanismo de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa de la CIDH,
emitido en Noviembre de 2018, también se señalan las inconsistencias de las
declaraciones de los militares sobre los hechos ocurridos.
Corte de
Arizona dijo que el testimonio es “creíble”. Bernabé García declaró a la Corte
de Arizona la misma versión dada en 2014 sobre los hechos ocurridos esa noche,
según se lee en la sentencia.
Dijo que
después del 27 de septiembre regresó a su trabajo con normalidad “y nada
extraordinario ocurrió”. Dos días después a él y a otros funcionarios
administrativos se les dijo que estaban de licencia, por lo que no debían ya
presentarse a trabajar.
Señaló
que su domicilio fue cateado de manera “ilegal por el Ejército sin que se
encontrara ninguna prueba que lo involucrara con el caso de los normalistas”.
Testificó
en la corte que tenía miedo de regresar a México porque podría haber
represalias por su “opinión política”, es decir por los hechos revelados sobre
esa noche, y por pertenecer a un grupo social específico”, refiriéndose al
hecho de que había trabajado en las oficinas de la policía municipal de Iguala.
En la
sentencia se explica que un solicitante de asilo político no es elegible si hay
razones serias para creer que cometió algún grave crimen “no político”, antes
de llegar a Estados Unidos.
El DHS
presentó como contra argumento al otorgamiento del asilo el mismo Informe II
del GIEI en donde se señala que “de acuerdo a declaraciones de varios acusados
dados a la PGR” un grupo de estudiantes fue llevado a las instalaciones de la
policía municipal de Iguala. Y sometieron a consideración de la Juez los
testimonios firmados por los policías municipales, entre ellos el de Hugo
Hernández Arias.
Asimismo, el
Departamento destacó que en ese informe del GIEI se señala que dos estudiantes
sobrevivientes declararon que sus compañeros fueron arrestados y llevados en
patrullas de la policía municipal.
Pero la
Juez Frazer consideró el testimonio del ex juez de barandilla creíble.
“Después
de revisar la totalidad de las circunstancias la Corte encuentra el testimonio
del demandado creíble. Notablemente la Corte encuentra el testimonio del
demandado detallado, consistente y específico. En particular el testimonio de
los eventos reales que ocurrieron en septiembre 26 de 2014 y los eventos que
ocurrieron después de esa noche. Incluyendo el interrogatorio al demandado, el
abuso a los policías detenidos, el cateo a su casa, fue consistente con la
evidencia presentada”.
Y determinó:
“La corte sin embargo no encuentra razones serias para creer que el
demandado cometió un crimen serio “no político” en México antes de llegar a
Estados Unidos.
“Numerosas
plausibles fuentes, incluyendo fuentes presentadas por DHS, señalan que la
verdad histórica fue creada por el gobierno de México…”. Y destacó que muchos
de los testimonios en que se acusa a la policía municipal de Iguala de llevar a
los estudiantes a la base municipal “fueron obtenidos bajo tortura”.
Finalmente,
la Corte de Arizona determino conceder a Ulises Bernabé García el asilo
político por considerar fundado su temor de poder ser víctima de persecución y
tortura por parte del gobierno de México, ya que aunque hay un nuevo gobierno
encabezado por un nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador, hasta ahora
siguen libres los involucrados en las torturas contra los detenidos, y en la
manipulación de la investigación de la PGR.
De esta
forma la Corte americana sentó un nuevo precedente en el caso irresuelto de los
43 normalistas desaparecidos.
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