Con 466
votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados
aprobó este martes el dictamen que reforma el artículo 140 del Código Penal
Federal, cuya finalidad es perseguir y sancionar eficazmente el delito de
sabotaje cometido en perjuicio de las empresas productivas del Estado.
El documento
enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales destaca
que se sancionará con dos a 20 años de prisión y multa de mil a 50 mil pesos a
quien dañe, destruya, perjudique o ilícitamente entorpezca vías de
comunicación, servicios públicos y funciones de las empresas productivas del
Estado, con el fin de transformar la vida económica del país o afectar su
capacidad de defensa.
De acuerdo
con el dictamen, en las últimas fechas el sector energético se ha visto
gravemente amenazado, y la crisis de seguridad que aqueja a México repercute de
igual forma en las empresas productivas del Estado y en su operatividad, a
causa de los múltiples sabotajes que padecen.
Tal es el
caso de Petróleos Mexicanos (Pemex), cuyos datos demuestran un alto índice de
ataques a la red de ductos, dado que entre enero y septiembre de 2019 se
registraron ocho mil 700 de ellos, lo que significó un aumento de más de 1.4%
en comparación con el mismo periodo del año pasado.
Al
fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Justicia de la Cámara
de Diputados, María del Pilar Ortega Martínez, señaló que las reformas tienen
que ver con ciertos fenómenos dentro de las empresas productivas del Estado,
como organismos que durante los últimos años han sufrido constantes
afectaciones en sus redes de distribución.
Las
previsiones normativas del Código Penal Federal establecen entre los delitos
denominados contra la seguridad de la nación, el delito de sabotaje,
consistente en el daño, destrucción, entorpecimiento ilícito de las vías de
comunicación, servicios públicos o funciones de las dependencias de Estado,
organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal,
órganos constitucionales autónomos o sus instalaciones.
“La
reforma va a combatir directamente la corrupción interna y externa, que
menoscaba el patrimonio y la operatividad eficiente de las empresas productivas
del Estado mexicano”,
afirmó el promovente, Juan Carlos Villarreal Salazar, de Movimiento Ciudadano
(MC).
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