Martí Batres.
La propuesta
de la Academia Mexicana de Artes Cinematográficas para la redacción del
artículo 8 de la Ley de Cine, relativa al doblaje, aceptada por la Asociación
Nacional De Actores, representa el primer aterrizaje para lograr consensos en
torno a la iniciativa conocida como Ley de Doblaje.
De hecho, en
las oficinas de la propia AMACC, confluyeron los diversos factores del mundo
del cine mexicano: AMACC, IMCINE, MOCCAM, SOGEM y ANDA para dar cuerpo a mesas
de trabajo específicas sobre los diversos temas que abarca la iniciativa en
cuestión.
Y es que la
llamada Ley de Doblaje plantea reformas a la Ley de Cine, pero también a las
legislaciones de Derechos de Autor, de Comunicaciones, del Trabajo y de Cultura
y Derechos Culturales.
Los temas
que toca podrían manifestarse como económicos, autorales, culturales y
laborales.
En el debate
cultural se han expresado algunas de las opiniones más tajantes, cuyo trasfondo
en realidad es otro. Por ejemplo, de manera reiterada se ha rechazado el
doblaje con el argumento de que así se defiende la obra original. Pero en esa
formulación hay una falacia. En México no se exhiben películas extranjeras en
su formato original. Todas son traducidas al español, ya sea oralmente o por
escrito. Es decir, dobladas o subtituladas.
Ciertamente,
el doblaje constituye una modificación de la obra que afecta el audio original.
Pero el subtitulaje también es una modificación que altera la fotografía
original. Y el cine, si bien es sonido, es sobre todo imagen.
La obra
extranjera no viene con voces al español, que impiden conocer las inflexiones
de la actuación en el idioma original, pero tampoco con letras encima, que
impiden observar la creación fotográfica completa, ya sea porque tapan muchos
detalles o porque obligan al espectador a concentrarse en la lectura.
La
traducción oral o escrita permite, sin embargo, el acceso masivo al disfrute de
la obra cinematográfica extranjera, que de otra manera sería ininteligible para
la gran mayoría de los espectadores.
El doblaje,
a su vez, tiene ventajas sociales adicionales que permiten la comprensión y
disfrute del cine extranjero por parte de niñas, niños y adolescentes, adultos
mayores, personas que no saben leer y escribir o con alguna debilidad visual,
aún sea esta moderada.
Pero eso
significa también un impacto cultural: más español hablado, contrapeso nada
desdeñable en un mundo que se encuentra bajo la hegemonía anglosajona.
Por eso, en
el fondo, las objeciones al doblaje son más económicas que culturales: quién lo
va a pagar, en qué instalaciones se va a proyectar, qué va a pasar con el
espacio para el cine mexicano, etc.
De estas
objeciones debe recogerse una muy importante: cómo abrimos más espacio al cine
mexicano. Pero esa lucha no debe verse en oposición al doblaje, sino como
exigencia a las empresas que controlan hoy en día la exhibición de las
películas, refractarias a cualquier otro idioma que no sea el inglés.
El doblaje,
por otra parte, tiene también una virtud creativa poco valorada en el debate:
recrea las emociones y adapta las situaciones al humor y las referencias
locales. Es toda una actuación de conjunto.
Ahora bien,
no dejemos de observar los aspectos propiamente laborales de esta batalla que
libra la comunidad de actores y actrices de doblaje. Sus condiciones materiales
de trabajo son precarias, en cabinas sin ventilación donde actúan
simultáneamente varios actores, muchas veces, o de plano en cuartos sin las
características apropiadas. Se les obliga a transferir sus regalías a empresas
productoras al momento de firmar contratos laborales. Carecen de prestaciones
adicionales y tienen pagos ínfimos. Hay competencia desleal de empresas
fantasmas que no están registradas fiscalmente.
Por eso, la
propuesta legislativa que ha presentado la ANDA en materia de doblaje, expresa
un compromiso con la cultura nacional, con las causas de la inclusión social y
con la solidaridad de la clase trabajadora.
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