Por Sugeyry
Romina Gándara.
Nancy
Saavedra, de 36 años, fue detenida arbitrariamente por elementos de los Cuerpos
de Seguridad Auxiliar del Estado de México (Cusaem) en la Central de Abastos de
Ecatepec, Estado de México. La mujer fue acusada de un robo que no cometió y
los guardias la golpearon, la desnudaron y le dieron descargas eléctricas para
que se declarara culpable. Finalmente la extorsionaron.
Nancy tuvo
que pelear jurídicamente para que su caso sea investigado como tortura, luego
de que las autoridades del Estado de México se negaron por más de nueve meses a
indagarlo como tal y bajo los protocolos debidos. A más de un año y medio de la
agresión, la víctima, junto con sus abogados, aún lucha por lograr justicia y
que sus agresores sean sancionados conforme a la Ley.
“Encontrar
la justicia es lo que no me ha detenido, ha sido un proceso muy largo, bastante
inhumano, porque en verdad los ministerios públicos son inhumanos, y no podría
lograrlo sin la asociación que me ayuda –Idheas, Litigio Estratégico– que ha
sido una parte fundamental para que yo no me detenga para buscar la justicia,
solamente con justicia se paga lo que ellos me hicieron”, dice Nancy Saavedra
en entrevista con SinEmbargo.
Nancy
destaca que buscar justicia no es sencillo en el Edomex: “Ir a los ministerio
públicos es otra tortura porque el trato es inhumano”, sin embargo, afirma que
no se detendrá porque espera que al alzar la voz pueda ser un ejemplo para que
alguien más “no se calle” frente a este tipo de violaciones.
Verónica
Berber, abogada de Idheas, explica que la denuncia contra los elementos de
Cusaem estaba radicada en la Fiscalía delitos cometidos por servidores públicos
en Ecatepec, Estado de México, pero a petición de la asesoría jurídica de la
víctima, esta investigación se remitió a la Fiscalía Especializada en combate a
la tortura del Estado de México.
La
organización civil Idheas, que acompaña jurídicamente a Verónica, informa que
desde 2012 a 2019 existen al menos 43 carpetas de investigación en contra de
Cusaem por delitos como lesiones, robo y abuso de autoridad, de las cuales sólo
11 han sido consignadas por las autoridades. Además, estima, en el mismo
período se han presentado al menos 177 quejas ante la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México en contra de elementos de Cusaem.
El 8 de
julio de 2018, Nancy acudió junto a su hermano a la Central de Abastos de
Ecatepec a comprar la despensa, como lo hacían regularmente en la semana.
Eran cerca
de las 11 de la mañana, ambos caminaban por uno de los pasillos, solo les
faltaba adquirir unas verduras cuando de pronto una mujer le dio un fuerte
“codazo” a Nancy y comenzó a agredirla.
“Yo le
contesté el codazo y le pregunté porque me había agredido, y después dos
mujeres comenzaron a jalarme el cabello”, narra la víctima.
La discusión
no duró mucho porque de inmediato llegó un guardia de Cusaem. Las dos mujeres
acusaron a Nancy del robo de una cartera y aunque ella aseguró que no había
hurtado nada, el guardia pidió refuerzos. Minutos después, arribaron más
guardias que trasladaron a la mujer a un módulo de Cusaem, ahí mismo en la Central
de Abastos.
En el
interior del módulo, Nancy insistía en su inocencia, pero uno de los elementos,
al que llamaban “El Jefe”, le gritaba diciéndole que ella no tenía derecho a
hablar. Posteriormente fue llevada a un área donde una mujer policía la obligó
a desnudarse y a realizar varias sentadillas; luego de un rato, la regresó al
espacio donde estaban los demás guardias.
Nancy
reiteraba que ella no había robado la cartera, entonces, “El Jefe” ordenó que
la regresarán al área donde la habían desnudado y espetó: “ahorita habla porque
habla”, recordó la afectada.
Los guardias
la sentaron en un banco y comenzaron a infringirle castigos físicos y toques
eléctricos para que confesara. “Me golpearon entre los guardias hombres y
mujeres, me pegaron en la cara, en varias partes del cuerpo, me jalaban el
cabello, me provocaron un esguince, me dejaron muchos moretones en cuerpo, me
dieron choques eléctricos y no se cansaron de golpearme”, describe Nancy.
Para evitar
que siguiera la tortura, cedió a decir que supuestamente sí había robado la
cartera, y pagó la cantidad de 2 mil pesos, porque además uno de los policías
la amenazó con llevarla a otro lugar donde “le iba a ir peor”.
Después que
la familia pagó el dinero, por orden del comandante fue liberada, no sin antes
ser advertida que en caso de denunciarlos sufriría represalias; sin embargo,
Nancy prefirió ir a interponer la denuncia con el apoyo de su familia. Ese
mismo día, acudió al Ministerio Público en Ecapetec, Edomex, pero ahí se
enfrentó a “otra tortura”, dice la afectada.
Nancy afirma
que desde el principio fue revictimizada por las autoridades, primero por el
médico legista que no brindó atenciones médicas y psicológicas de urgencia,
pero que sí emitió un informe médico que certificó lo siguiente: “Estado
psicofísico normal. Lesiones que no ponen en peligro la vida, tardan en sanar
menos de quince días, no cicatriz en cara”, no obstante, las graves lesiones
que presentaba.
“Uno como
víctima tiene que demostrar cada una de las palabras que no dice porque la
manera en la que las autoridades realizan su trabajo son puras trabas. De todo
te ponen excusa”, detalla.
El caso de
Nancy fue enviado al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas dentro del
Informe
Verónica
Berber, abogada de Nancy, detalla en entrevista que desde la apertura de la
indagatoria se cometieron irregularidades tales como que, de inicio, no
clasificaron el delito como tortura sino como lesiones: “lo cierto es que desde
el inicio había una renuncia a investigarse como tortura, por eso es que no se
quería es que no se quería mandar la investigación a la Fiscalía
Especializada”.
A raíz de
eso, no se le habían hecho a Nancy los exámenes médicos-psicológicos
especializados, bajo el Protocolo de Estambul, que es el protocolo que se debe
de aplicar para casos de tortura.
Ante la
falta de aplicación de la valoración médica y psicológica de personas víctimas
de tortura o algún mal trato, se practicó una evaluación independiente
realizada por un experto en la materia que concluyó que Nancy fue víctima de
tortura.
La
evaluación y el peritaje fueron entregados una perito psicóloga de las
autoridades mexiquenses, sin embargo, se negaron inicialmente a reconocerlo y,
además de no admitir el peritaje independiente, la Fiscalía amagó a la víctima
con una multa si no se practicaba por segunda vez los dictámenes a cargo de
peritos de la propia FGJ, diligencia que no era necesaria y sería
revictimizante porque reviviría el impacto emocional de la tortura.
Frente a
ello, la asesoría jurídica de Nancy interpuso el juicio de amparo 106/2019 en
contra de las autoridades mexiquenses, mismo que fue resuelto a favor de la
víctima el 27 de marzo de 2019, por parte del Juzgado Octavo de Distrito con
sede en el Estado de México.
Después de
ganar el amparo, lograron que la FGJ del Edomex admitiera y reconociera el
peritaje y evaluación independientes.
“Esto fue
derivado de un amparo que se interpuso contra de la Fiscalía por las omisiones
a las peticiones que le realizaron como hacer entrevistas directo a testigos,
la reserva de identidad de la víctima, y la remisión de la investigación a la
Fiscalía Especializada en el Combate a la tortura, según la Ley General, que
establece que quien debe de conocer ese tipo de delitos pues es la Fiscalía de
tortura”, comenta Berber.
LA
INVESTIGACIÓN EN CURSO
La denuncia
de Nancy sigue en la etapa aún de investigación, por lo que hasta el momento no
se ha aplicado ninguna sanción a los responsables, no obstante que la víctima
ya ha señalado quienes participaron en la tortura.
La
investigación ha tardado porque ha habido muchas dilaciones desde que se abrió
la indagatoria.
Berber
comenta que la defensa de los imputados, la cual está corriendo a cargo de
Cusaem, trata de demeritar la versión de la víctima.
“Dicen que
las lesiones que ella presentó posteriormente derivaron de la riña que tuvo
momentos antes, bueno riña entre comillas porque duró un minuto y medio, dos
minutos cuando mucho, y Nancy presenta varias lesiones en el cuerpo que fueron
infringidas directamente por los elementos de la Cusaem, no la de la riña”.
A la fecha
se tienen identificados al menos a cinco elementos que participaron en el
delito, sin embargo, “hubo muchos más que estuvieron en ese momento”.
La defensora
especifica que no hay un plazo de cierre para la investigación porque el delito
de tortura es imprescriptible y porque tampoco hay personas detenidas.
Hasta el
momento, la empresa Cusaem no ha podido tener en su defensa o argumentar que no
son parte de la seguridad pública del Edomex, porque en realidad todas sus
acciones las fundamentan con la Ley de Seguridad Pública del Estado de México,
incluso cualquier oficio que ellos emiten son membretados como Seguridad
Pública del Estado de México.
CUSAEM, SIN
VIGILANCIA NI CONTROL
Aunque
Verónica Berber, defensora de derechos humanos, resalta que no podría afirmar
que existe alguna protección de manera dolosa por parte de la Fiscalía a la
compañía Cusaem; sin embargo, sí denuncia que las investigaciones han sido muy
lentas.
“Simplemente
para presentar dictámenes, testigos y demás, ha sido muy lento el proceso”,
comenta Berber.
La abogada
expone que este caso evidencia la laguna que existe en la actuación de Cusaem,
tanto en los temas de finanzas y legal, pero también en su actuación “y eso
último es preocupante porque eso impacta directo a los y las ciudadanas del
Estado de México y que también sabemos que Cusaem no actúa en otras partes del
país. También, que esto revela la falta de supervisión y revisión de la
actuación de los elementos de esta corporación.
“Lo que
ocurrió en este caso es que a elementos de Cusaem se les hizo tan fácil
torturar a una persona para poder extorsionarla porque no tienen por parte del
Estado una revisión de su actuación, y que eso pueden realizado como una
práctica”, dijo.
Tan es una
práctica, agrega, que existen varias quejas en la Comisión Estatal de Derechos
Humanos del Estado de México contra estas personas que trabajan en Cusaem, y
que se mandaron al archivo o no han sido resueltas
La abogada
concluye que “hay una total impunidad en el actuar de Cusaem, no obstante que
el Gobierno del Estado de México tiene conocimiento de las actuaciones
irregulares de esos elementos”.
Para la
abogada es necesario que se tome en consideración el caso de Nancy sobre el
actuar “tan omiso y opaco por parte de las autoridades de Edomex para poder
investigar a fondo las actuaciones irregulares y hasta ilícitas que tiene la
empresa Cusaem, porque en caso contrario estaríamos hablando de un contubernio
o de una tolerancia por parte del Gobierno respecto a esta corporación”.
La Comisión
Nacional de los Derechos Humanos ya se ha pronunciado al respecto de cómo se
maneja Cusaem. En octubre de 2019, el Organismo emitió la Recomendación 98/2019
a los gobernadores, Alfredo del Mazo Maza, del Estado de México; Marco Antonio
Mena Rodríguez, de Tlaxcala, y a los fiscales generales de Guanajuato y de
Querétaro, Carlos Zamarripa Aguirre y Alejandro Echeverría Cornejo,
respectivamente, por violentar el derecho de acceso a la justicia, por los tres
elementos de Cusaem –que brindaban protección y vigilancia a una empresa
ferroviaria— que mataron a disparos a dos personas migrantes, que viajaban a
bordo del tren, e hirieron a dos más; además, los elementos también amenazaron
a miembros de la Asociación Civil Estancia del Migrante, cuando les brindaban
alimentos a los migrantes.
La CNDH
advirtió, al emitir la Recomendación, la opacidad en que opera y la negativa
por parte del Gobierno del Estado de México para rendir cuentas sobre el
actuar, el número de elementos y los marcos legales con que se rigen.
El organismo
explicó que a efecto de documentar violaciones a derechos humanos, la Comisión
realizó solicitudes de información a diversas instituciones, públicas y
privadas, entre ellas a la entonces Comisión de Seguridad Ciudadana ahora
Secretaría de Seguridad del Estado de México. Sin embargo, “esta Comisión
Nacional pudo advertir la poca colaboración de la ahora Secretaría de Seguridad
del Estado de México”.
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