Por Linaloe
R. Flores.
En plena
crisis migratoria, la alimentación diaria de los miles de centroamericanos que
intentaron llegar a Estados Unidos a través de México, pero no lo lograron,
quedó en manos de Escore Alimentos, una empresa que durante una década incurrió
en trampas como simulación de competencia y presentación de información falsa
con tal de lograr contratos de los Gobiernos federal y de la Ciudad de México.
Durante 2019,
Escore Alimentos fue la reina en las adjudicaciones otorgadas por el
Instituto Nacional de Migración (INM) para atender a los miles de hombres,
mujeres y niños en sus albergues y delegaciones, mientras esperaban la
deportación a sus países de origen. Por servirle tres veces los alimentos, ganó
en total, 173 millones 775 mil 838 pesos. Fue de esta empresa el contrato más
grande que el instituto otorgó en el rubro de comida para migrantes, y el
cuarto del total que se asignó para atender a los extranjeros asegurados.
Pero la
jauja se detuvo. El 30 de diciembre de 2019, la Secretaría de la Función
Pública (SFP) inhabilitó a Escore Alimentos por presentar información falsa y
simular competencia en la licitación nacional de víveres para los centros casa
hogar y campamentos del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, de la
Secretaría de Bienestar Social, según la circular OIC-SNDID-AR-12.360.01/2018
en el Diario Oficial de la Federación.
La compañía
no podrá participar en procedimientos de contratación con ninguna dependencia
de la Administración Pública Federal durante dos años y seis meses, pero podrá
revertir la sanción si paga una multa de un millón 500 mil pesos.
Así, la
otrora dominante en la economía sostenida por los miles de personas que todos
los días atraviesan México, no puede participar por el momento en ningún
concurso público para brindar alimentos.
RELACIÓN CON
EL GOBIERNO.
La historia
de Escore Alimentos tenía manchas desde 2011, el último año que gobernó
Felipe Calderón Hinojosa. En varias licitaciones apareció como competidora de
D´Sazón Seguridad Alimentaria cuando las dos empresas tenían un vínculo: José
Guerrero Alvarado. En la escritura pública 109,355 de Escore, aparece como
apoderado legal y en la 18070 de D´Sazón, su nombre tiene el encargo de
administrador único.
De acuerdo
con el artículo 50, fracción VII, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público, está prohibido presentar “proposiciones en una
misma partida de un bien o servicio en un procedimiento de contratación que se
encuentren vinculadas entre sí por algún socio o asociado común”.
Escore y
D´Sazón aparecen en competencia en seis licitaciones de la Secretaría de Salud
de la Ciudad de México, la Secretaría de Gobernación, el Hospital del Niño y
Adolescente Morelense y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Esos concursos los ganó Escore.
El
accionista mayoritario de Escore Alimentos es David Reyes Arvizu, cuya empresa
Especialidades Comerciales Reyes ya había sido sancionada por la SFP, el 28 de
agosto de 2007, por un año seis meses, cuando presentó documentación apócrifa
en una propuesta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
En 2019,
179 mil 137 migrantes ingresaron a México y 178 mil 860 -99.8 por ciento-
fueron asegurados y deportados a sus países de origen, de acuerdo con datos del
INM. Se trata de una cifra pico que coincide con el acuerdo migratorio
alcanzado en junio entre el Gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador
con el estadounidense de Donald Trump. Lo fundamental en esta negociación era
evitar la imposición de aranceles de Estados Unidos a México a cambio de la
contención del flujo migratorio de sur a norte.
Las
cifras del desplazamiento iban en aumento hasta volverse críticos. Si en el
gobierno de Felipe Calderón Hinojosa fueron regresadas a sus países poco más de
300 mil personas, en la de Enrique Peña Nieto (EPN), esa cifra fue de 700 mil.
En enero de 2019, había ocho mil 248 migrantes en esa circunstancia y en junio
fueron 21 mil 912, un número que casi triplica los siete mil 752 deportados en
el mismo mes de 2018, cuando aún gobernaba EPN.
El INM está
obligado a servir alimentos tres veces al día en sus estancias provisionales y
albergues temporales a las personas aseguradas en territorio mexicano y en
trasladarlas hasta sus países de origen, según su marco jurídico. Así, en estos
momentos, unos 60 inmuebles funcionan para recibir a cientos de miles de
extranjeros en todo el país.
Una
inmersión de SinEmbargo en las erogaciones del INM arrojó que de 138
contratos, 49 fueron otorgados para atender con comida, transportación y
cobijas a los miles de hombres, mujeres y niños que no lograron alcanzar
Estados Unidos el año pasado. En este universo de dinero, 16 empresas y cuatro
personas físicas vieron cómo creció su facturación mientras la tragedia de la
migración se desplegaba sin precedentes en sus números.
El
Gobierno de Andrés Manuel López Obrador erogó mil 47 millones 190 mil 574 pesos,
una cantidad de la cual, el 44.9 por ciento fue para alimentación, el 24.2 por
ciento para transportación por tierra y el 16.4 por ciento para la adquisición
de cobijas. Otros gastos fueron para el lavado de las cobijas, agua purificada,
enseres básicos y medicamentos.
Para
transportar a los migrantes de regreso a sus países de origen, la empresa ETN
Turistar Lujo se convirtió en la gran dominante. No sólo se llevó 254 millones
457 mil 957 pesos en el contrato más grande de esa serie de gastos; sino el
único. Esta compañía es de Roberto Alcántara Rojas quien nació en 1950 en
Acambay, Estado de México, el mismo origen que se le adjudica al ex Presidente
Enrique Peña Nieto. Adueña también la aerolínea de bajo costo, VivaAerobús.
El
segundo contrato más importante otorgado por el INM para atender a los
migrantes asegurados fue para adquirir colchonetas y cobertores. Se gastaron
172 millones 413 mil 825 pesos con la empresa Nefesh. El tercero fue para
comprar enseres básicos de aseo personal por 56 millones 230 mil 745 pesos con
Etanim Asociados.
En
particular, el dinero destinado a alimentos para los migrantes mostró cómo
se incrementó el presupuesto del INM ante la crisis de la migración.
En los
primeros tres meses de 2019, el instituto adjudicó contratos de manera
directa para abastecer de comida a los centros migratorios por un promedio de
nueve millones al mes. Pero ya a finales de marzo, el instituto abrió dos
licitaciones públicas para cubrir ese servicio el resto del año por un promedio
de 24 millones al mes, cerca del triple mensual.
Además de
Escore Alimentos, otras empresas que ganaron contratos para servir alimentos
fueron Café Bersa, Praderas del Grijalva, Operadora de Comedores Saludables,
así como Coordinación de Distribuciones y Servicios Logísticos, Coordinación de
Distribuciones y Servicios Logísticos.
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