Por Jesús
Esquivel.
Genaro García Luna, secretario de Seguridad
Pública en el sexenio de Felipe Calderón, propuso al juez Brian Cogan de la
Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, pagar un millón de
dólares para obtener su libertad bajo fianza.
En una
misiva dirigida al juez, la defensa de García Luna sostiene que su cliente
no representa “ningún riesgo” y que por ello debe ser puesto en libertad en el
marco de sus procedimientos judiciales para la preparación del juicio al que
puede ser sometido.
Acusado
de tráfico de cocaína a Estados Unidos, coludido con la fracción del Cártel de
Sinaloa que fuera comandada por Joaquín El Chapo Guzmán Loera, y de mentir bajo
juramento a agentes migratorios, García Luna argumenta lo siguiente para salir
bajo fianza:
“Tener
suficientes lazos con esté país (Estados Unidos), haber vivido como residente
permanente y legalmente desde 2012, y que su esposa e hijos están también aquí
y tener propiedades cuyo valor garantiza el pago de la fianza”, se lee en el documento elaborado por
la defensa.
El
Departamento de Justicia de Estados Unidos, que acusa de tráfico de drogas al
exfuncionario federal mexicano, pidió en días recientes al juez Cogan negarle
la libertad bajo fianza debido a que el acusado podría huir a México y ser
escondido por el Cártel de Sinaloa.
“No tiene
la habilidad de irse, el señor García Luna entregó al gobierno de Estados
Unidos su pasaporte y tarjeta de residencia permanente. No cuenta con recursos
y es absurda la idea de que huiría a México donde no tiene acceso al sistema
financiero y enfrentaría un arresto y proceso judicial”, acota su abogado, César Castro.
Ya sabía lo
que le esperaba.
En la
notificación al juez, la defensa de quien también fuera titular de la Agencia
Federal de Investigaciones (AFI) en la presidencia de Vicente Fox, da a
entender que antes de ser capturado el 9 de diciembre pasado en Dallas, Texas,
su cliente ya sabía lo que le esperaba.
“Por más
de un año antes de su arresto, el señor García Luna estaba enterado de los
alegatos en su contra y no huyó de los Estados Unidos”, se destaca en el documento de cinco
páginas que el abogado Castro entregó a la Corte en Brooklyn este martes 25 de
febrero.
Por medio de
su defensor de oficio, García Luna a quien en algún momento el expresidente
Calderón bautizó como “el súper policía”, sostiene que le sería imposible
escapar de la justicia estadunidense y que cumplirá con todas sus citas ante el
juez Cogan.
La siguiente
audiencia de trámite de preparación de juicio está calendarizada para el
próximo 2 de abril.
A principios
de enero pasado, García Luna y los fiscales estadunidenses anunciaron que
estaban negociando “un acuerdo” para buscar una solución al caso sin necesidad
de realizar el juicio.
“Con todo
respeto pedimos a la Corte la libertad del señor García Luna con el pago de una
fianza de un millón de dólares, que será respaldada con la firma de tres
individuos financieramente responsables y garantizada con propiedades
pertenecientes al señor García Luna con un valor aproximado de un millón 200
mil dólares”, agrega
el abogado.
Dispuesto a
ser monitoreado.
La
defensa sostiene que su cliente además se sometería a la supervisión de todos
los servicios de preparación del juicio, amén de proporcionar a la Corte su
ubicación para que sea monitoreado.
El
defensor del exsecretario de Seguridad Pública le expone al juez que “es débil”
la petición del gobierno de Estados Unidos de negarle a su cliente la libertad
bajo fianza.
“El
gobierno simplemente no puede sustentar su argumento en los alegatos… sobre las
conexiones de García Luna con El Chapo para justificar su detención”, indica la misiva firmada por Castro.
Respecto a
las finanzas y propiedades de García Luna, el abogado explica al juez que el
acusado no tiene liquidez en Estados Unidos, que es dueño mayoritario de dos
negocios y que desde su arresto las empresas han perdido todos sus contratos y
por ende fueron cerradas.
La
defensa del exfuncionario mexicano refutó nuevamente la acusación del
Departamento de Justicia de que cuando fue secretario de Seguridad Pública
recibió de tres a cinco millones de dólares en sobornos por parte del Cártel de
Sinaloa para garantizar operaciones de trasiego de drogas.
Por otro
lado, la defensa de García Luna alega que, debido a las condiciones en las
que se encuentra bajo prisión, el acusado corre el peligro de poner en riesgo
su estado de salud física y mental.
De ser
sometido a juicio y ser declarado culpable, García Luna enfrentaría una
sentencia mínima de 15 años de cárcel y de cadena perpetua como pena máxima.
Al negociar
con el Departamento de Justicia y llegar a un acuerdo con los fiscales de su
caso, García Luna evitaría ser enjuiciado y podría ser acogido bajo el programa
de testigo cooperante.
Como testigo
cooperante García Luna tendría que estar a la disponibilidad del
Departamento de Justicia para actuar como testigo en juicios de personajes
acusados de narcotráfico y ligados al Cártel de Sinaloa y otras organizaciones
criminales mexicanas y extranjeras.
Tras su
servicio como testigo cooperante, García Luna tendría que ser sentenciado
por un juez quien a recomendación del Departamento de Justicia podría
castigarlo con una pena de 15 años o menos de cárcel.
Luego de
cumplir su sentencia en Estados Unidos por los delitos que le imputan, el
gobierno de México puede solicitarlo en extradición para que responda por los
cargos que le achaca la justicia mexicana relacionados con el tráfico de
enervantes y lavado de dinero.
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