Jorge Javier
Romero Vadillo.
Hace unos
días, en la habitual sección de diatribas de su conferencia matutina, el
Presidente López Obrador se lanzó a descalificar ad hominem los argumentos
sustentados por el consejero electoral Ciro Murayama sobre el fraude a la ley
cometido por MORENA para hacerse con la mayoría absoluta de la Cámara de
Diputados a pesar de solo haber obtenido el 38 por ciento de los sufragios y de
la prohibición constitucional de una sobrerrepresentación mayor al ocho por
ciento entre los votos obtenidos y los legisladores asignados. El Presidente
eludió responder lo que se le cuestionaba con la falacia de dar por sentada la
falsedad de una afirmación con base en quién la ha emitido. De acuerdo con
López Obrador, las afirmaciones de Murayama carecen de validez porque él no
está capacitado para sostenerlas dado que en 2006 firmó una carta que avalaba
el fraude electoral cometido aquel año, carta que yo también suscribí y que
llamaba a aceptar el veredicto del órgano jurisdiccional de calificación de las
elecciones, tal como lo mandata la Constitución, nada menos.
No es la
primera vez que, como Presidente de la República, López Obrador reitera la
tesis del fraude en aquella elección en la que perdió por medio punto porcentual
contra Felipe Calderón. Sus dicho reiterados, repetidos por sus corifeos e
intelectuales orgánicos han logrado construir un mito para exaltar su propia
figura, pero no son equivalentes a pruebas que transformen en verdad los que no
pudo probar en su momento, por lo que es necesario recapitular sobre lo
realmente acontecido hace trece años y medio.
La campaña
electoral comenzó con una amplia ventaja del entonces candidato del Partido de
la Revolución Democrática. Hacia febrero, el promedio de encuestas que yo hacía
entonces le daba alrededor de diez puntos de ventaja respecto a su más cercano
contrincante. Sin embargo, conforme fueron transcurriendo las semanas de
campaña, la ventaja de López Obrador se iba reduciendo. En aquellos días me
dediqué a seguir las encuestas con detenimiento y a cruzar sus resultados con
los acontecimientos de las campañas y me hallazgo de entonces, sin otra validez
que la observación, fue que las caídas en las preferencias por López Obrador de
los encuestados se correlacionaban más con sus dichos y actitudes que con lo
que hacían sus adversarios. Por ejemplo, en aquel ejercicio resultaba que el
“cállate chachalaca” espetado contra el Presidente Fox le hizo más daño al
candidato puntero que el spot del Consejo Coordinador Empresarial que lo
consideraba “un peligro para México”. Es verdad que aquel anuncio era ilegal y
que debió ser retirado y sus emisores sancionados, pero de ahí a atribuirle la
derrota de López Obrador hay un trecho, que tiene implicaciones insostenibles
sobre el comportamiento de los electores.
De aquel
ejercicio poco riguroso saqué entonces la conjetura de que más que un triunfo
de Calderón, la elección se había definido por una derrota autoinfligida por
una campaña estratégicamente mal diseñada, pero más allá de mis opiniones de
entonces, lo relevante fue lo ocurrido a partir de la jornada electoral de
aquel seis de julio.
Aquella
noche quienes estuvimos en las instalaciones del IFE en Tlalpan vivimos de
cerca la tensión desatada por la incertidumbre que provocó la decisión del
Consejo General del IFE de no dar a conocer los resultados del conteo rápido
ordenado por el instituto, como consecuencia de un acuerdo tomado unos días
antes de no difundirlo si la diferencia entre el primero y el segundo lugar se
encontraba dentro del margen de error. Entonces, aquella decisión me pareció
una equivocación y lo sigo creyendo, pues abrió paso a la especulación. Si bien
el discurso Luis Carlos Ugalde no debía cantar un ganador, los datos sí
debieron hacerse públicos para mostrar lo cerrado del resultado y sus
tendencias.
El conteo
rápido del IFE era un ejercicio basado en una muestra estadística de los datos
de las actas de las casillas y tenía el aval de un equipo técnico de académicos
de diversas instituciones de educación superior y sus resultados coincidían con
enorme precisión con los resultados oficiales finales. Por cierto, también el
conteo rápido de Ana Cristina Covarrubias, contratado por el PRD y que tampoco
se publicó aquella noche, coincidía en lo apretado de la votación y en la
pequeña ventaja del candidato del PAN, lo mismo que tres de los cinco conteos
rápidos realizados por empresas privadas y que sí se hicieron públicos
entonces.
A partir de
entonces, comenzó la oleada de sospechas y “otros datos”, impulsada desde el
cuartel del candidato perredista. Cuando estuvieron los resultados el Programa
de resultados electorales preliminares (PREP) del IFE, primero vino la especie
de que habían desaparecido millones de votos, falsedad aclarada por el hecho de
que se trataba de las actas con inconsistencias, no consideradas en la versión
general del PREP, pero que todo mundo podía consultar. Después, el mítico
algoritmo insertado en el programa del PREP para sumarle votos a Calderón, con
base en la imposibilidad estadística de que la progresión de votos se
comportara como lo había hecho el programa. También ese mito se desmontó con argumentos
técnicos, por el simple hecho de que la llegada de las actas a los centros de
cómputo no es aleatoria, sino que depende de la cercanía o lejanía de las
casillas respecto a los comités distritales del IFE.
Los conteos
distritales del miércoles siguiente a la elección coincidieron con los datos
del PREP, aunque entonces solo basados en las actas y no, como ahora, en la
vuelta a contar boleta por boleta. El personal del IFE actuó entonces con todo
el profesionalismo que lo ha caracterizado desde la creación del servicio
profesional electoral, garantía de imparcialidad. Vino entonces el clamor del
voto por voto, casilla por casilla, consigna callejera que, sin embargo, no se
reflejó jurídicamente en la demanda del PRD ante el Tribunal Electoral. Con todo,
y a pesar de que hubiera sido preferible que el órgano jurisdiccional optara
por un recuento completo, el tribunal abrió doce mil paquetes electorales y los
recontó, una muestra estadística que confirmó el hecho de que los votos de la
ciudadanía se habían contado de manera fidedigna. Uno a uno de los argumentos
de quienes reclamaban el fraude entonces se desmontaron con pruebas. A partir
de entonces, el clamor de fraude se centró no ya en el conteo de votos, que es
lo que determina si una elección es fraudulenta o no, sino en consideraciones
sobre las irregularidades ocurridas antes del día de la elección, cuyo impacto
en los votantes es imposible de evaluar con certeza.
El objetivo
de revivir el mito del fraude de 2006 es el INE. Entre la ojeriza presidencial
contra el instituto autónomo y la andanada de iniciativas de reforma electoral,
lo que se vislumbra es un intento de captura partidista del órgano electoral
por parte de la coalición de poder. La defensa de la autonomía del INE es la
defensa de la democracia misma, por lo que es indispensable sostenerla.
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