Por Mathieu
Tourliere.
Desde las
entrañas de OHL, Emilio Lozoya, Luis Videgaray y Gerardo Ruiz Esparza –todos
del primer círculo de Enrique Peña Nieto– urdieron complejos esquemas
financieros para “inflar” los activos de esa empresa en la Bolsa Mexicana de
Valores y obtener ingentes ganancias, que lo mismo sirvieron para enriquecerse
que para financiar campañas electorales.
Mediante
complejos esquemas financieros y el maquillaje de resultados contables en la
constructora OHL, de la que era consejero, Emilio Lozoya Austin participó en
esquemas de triangulación de recursos, parte de los cuales sirvieron para
financiar las campañas políticas de Enrique Peña Nieto y su grupo político,
afirma el abogado Paulo Díez Gargari.
En
entrevista con Proceso sostiene que estas operaciones se llevaron a cabo entre
2010 y 2012, antes de que entrara al gobierno de Peña Nieto como director
general de Pemex y de distanciarse de su amigo Luis Videgaray Caso.
Y esas
operaciones se articularon en colaboración con Videgaray y Gerardo Ruiz
Esparza, el inamovible secretario de Comunicaciones y Transportes del
exmandatario.
Los
esquemas se basaron en las concesiones carreteras que OHL detenta en el Estado
de México, principalmente el Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto
Bicentenario, dos casos que Díez Gargari conoce a la perfección: a lo largo de
la administración pasada acumuló una enorme cantidad de documentos sobre dichos
proyectos y ha litigado intensamente contra OHL. Por ello, sufrió diversas represalias
y amenazas desde el poder priista.
“El
sistema tiene que ver con las elecciones y los incrementos de plazo de las
concesiones y de las tarifas de las concesiones de carreteras. Cada vez que les
incrementaban plazos y tarifas en alguna concesión, muy poco tiempo después
iban a emitir nuevos bonos en la bolsa y tener liquidez. Es un tema gravísimo,
porque si bien en sí la corrupción es grave, en este tipo de proyectos de
infraestructura el efecto es mucho más perverso y a largo plazo”, dice.
Así, en
marzo de 2011, en plena campaña para la gubernatura del Estado de México –en
la que Eruviel Ávila Villegas era candidato, y cuyo director de campaña era
Videgaray–, Ruiz Esparza autorizó cuatro incrementos sucesivos de 25% a las
cuotas de peaje del Viaducto Bicentenario, que OHL cobraría a partir de enero
de 2013.
Ese año Gabino
Fraga Peña, uno de los operadores de OHL en el Estado de México –implicado en
el fraude de Monex durante la campaña presidencial de Peña Nieto–, realizó
operaciones de liberación de derecho de vía para el Circuito Exterior
Mexiquense, una de las actividades que “más se prestan a la corrupción y al
lavado de dinero”, según el abogado.
“2011 es
el año en que más dinero del Circuito se gastó –no se sabe por qué– para la
supuesta liberación del derecho de vía”, subraya. Y añade: “Luego viene el 2012;
en diciembre de 2012 le amplían el plazo de la concesión al Circuito Exterior
Mexiquense, y le autorizan incrementos de peaje bestiales. ¡Todo está ligado al
calendario electoral!”.
Lozoya fue
detenido en Málaga el pasado miércoles 12. Entre los cargos que enfrenta en
México destacan los presuntos sobornos que recibió de la empresa brasileña
Odebrecht, parte de ellos durante la campaña presidencial de Peña Nieto.
En España
su nombre apareció varias veces en el Caso Lezo; una de las ramas de esta compleja
investigación señala que OHL pagó presuntos sobornos a funcionarios con
recursos provenientes de filiales en México y que pudieron ser triangulados en
sociedades offshore vinculadas con Lozoya.
Esquemas
fraudulentos.
“No se debe
perder de vista que si bien quien tenía el interés final era Peña Nieto, el
operador central era Luis Videgaray”, dice y precisa: “Si me preguntas
quién en el Estado de México podía entender los esquemas financieros de OHL,
pues solo Videgaray. Ni siquiera Ruiz Esparza”.
El 22 de
octubre de 2010, Lozoya ingresó al Consejo de Administración de OHL México
junto con otros tres mexicanos sexagenarios de amplia trayectoria: los
tecnócratas Carlos Ruiz Sacristán y Jesús Reyes-Heroles González Garza
–exdirectores de Pemex, entre otros– y el banquero Valentín Díez Morodo.
Menos de un
mes después, el 11 de noviembre de 2010, la filial mexicana del grupo español
entró en la Bolsa Mexicana de Valores y ahí empezaron los grandes negocios.
“El gran
negocio, el gran robo de OHL, no está en lo que se roban en la construcción, no
en el sobrecosto, sino en todo el esquema financiero que se construye detrás de
esto, con el que se financia y se refinancia”, afirma Díez Gargari.
A partir de
su entrada en la bolsa, OHL implementó un esquema financiero con el que
maquilló sus registros contables e infló el valor de sus activos para captar
mayor liquidez en los mercados, estrategia por la cual el grupo fue sancionado
en 2016 por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con una multa de 71.7
millones de pesos; la dependencia también le ordenó que cambiara la manera de
llevar sus registros.
Dicho
esquema consistió en lo siguiente: en lugar de registrar sus concesiones de
carreteras como “activos intangibles”, OHL los reportó como “activos
financieros”. Con ello, la empresa inflaba el valor de sus activos con una
“rentabilidad garantizada”, es decir, un monto que la propia compañía
determinaba a criterio propio, bajo la justificación de que eran posibles
ingresos a futuro.
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