“Lozoya no actuó solo; armar esa estructura delictiva requirió de más participantes”, afirma Gertz

Por AP

Hasta hace poco, México fue uno de los dos únicos países de la región que no había avanzado en investigar la trama de corrupción que la empresa brasileña Odebrecht aplicó en el continente americano, la cual salpicó a diversos funcionarios en varias naciones e incluso hizo caer a un Presidente en Perú.

El Fiscal General de México, Alejandro Gertz Manero, no tiene duda de por qué no había pasado nada en este país: “evidentemente porque había una fórmula para encubrir toda esa situación”, dijo este lunes a The Associated Press.

Ahora las cosas parecen comenzar a cambiar: hace unos días fue detenido en España Emilio Lozoya, ex director de la mayor empresa estatal, Petróleos Mexicanos (Pemex), bajo señalamientos de defraudar a la empresa por otorgar un contrato ilícito. Sin embargo, también está señalado de estar vinculado a la trama de sobornos de Odebrecht.

Según Gertz, el caso Lozoya es “un símbolo” de los esquemas de corrupción que operaron durante el Gobierno para el que trabajó, el del ex Presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Lozoya, dijo, es “la expresión de toda una forma de conducirse de una administración y de un Gobierno”.

El ex director de Pemex, quien siempre ha negado haber recibido sobornos, es hasta ahora el único funcionario mexicano ligado al caso Odebrecht que ha sido detenido, pero ha abierto la esperanza entre varios para que permita finalmente visibilizar el alcance de la corrupción en el Gobierno anterior e incluso la posibilidad de llegar hasta el ex Presidente Peña Nieto.

Al preguntarle si el ex mandatario está en la mira de la Fiscalía, Gertz se mostró cauto.

“Hacer una afirmación de este tipo sería de mi parte una conducta política”, dijo. “Yo tengo que dedicarme a expresar conductas jurídicas. Si entro en las hipótesis de la política voy a desvirtuar mi tarea”.

No había sido posible contactar al ex Presidente Peña Nieto para comentar sobre lo dicho por Gertz.

También evitó mencionar un número de ex funcionarios que podrían estar involucrados o quiénes serían. Sin embargo, añadió que “lo que sí podemos señalar con toda claridad es que esos delitos no se cometen en solitario. Para armar una estructura delictiva de ese tamaño no la puede usted hacer solo, tiene que haber toda una serie de participantes”.

Para Gertz, que México no hubiese investigado el caso Odebrecht fue “la excepción y esa excepción era muy vergonzosa”.

Lo cierto es que la captura de Lozoya también pone bajo la lupa a la Fiscalía y al Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien llegó al poder en diciembre de 2018 con el combate a la corrupción como su principal promesa. Y eso lo reconoce el mismo Fiscal.

“Es icónico para la credibilidad y el proyecto de un nuevo grupo político en el poder y de un nuevo Gobierno”, dijo.

Lozoya es uno de los ex funcionarios de mayor nivel detenidos desde que llegó al poder el Gobierno de López Obrador; antes de ser detenido en España, el ex funcionario era buscado desde mayo de 2019 por toda Europa.

La Fiscalía considera que Lozoya defraudó al menos 280 millones de dólares a Pemex.

Según la información proporcionada por México a las autoridades españolas, Lozoya operaba en contubernio con su hermana y con Alonso Ancira Elizondo, director de la acerera Altos Hornos Mexicanos S.A. (AHMSA), también detenido en España en espera de extradición; Lozoya enfrentará ahora un proceso de extradición a México.

En 2016 estalló el escándalo de Odebrecht, y junto con Venezuela, México prácticamente hizo caso omiso de la importante revelación, a pesar de que directivos de la constructora brasileña habían declarado que pagaron unos 10.5 millones de dólares a funcionarios de Pemex entre 2010 y 2014. Incluso un ex directivo llegó a mencionar que Lozoya los ayudó a conseguir contratos y dijo cómo le pagaron por sus gestiones.

En América Latina, el caso ha dejado sentir sus efectos en varios países. En Brasil derivó en una condena contra el ex Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en Ecuador provocó el encarcelamiento del ex Vicepresidente Jorge Glas y en Perú llevó a la renuncia del entonces Presidente Pedro Pablo Kuczynski.