Nueva escuela de jueces, evaluación y cambio de funciones: la reforma planteada para el Poder Judicial.

Por Arturo Daen.

El nuevo paquete de iniciativas para modificar el funcionamiento del Poder Judicial plantea la creación de una nueva escuela de jueces, medidas anticorrupción y contra el nepotismo, a favor de la igualdad de género, así como el fortalecimiento de la figura del defensor público, además de cambios en la forma en que se establece una jurisprudencia.

El proyecto de reformas es impulsado por el propio Poder Judicial. En total, se plantean cambios a siete artículos constitucionales, 94, 97, 99, 100, 103, 105 y 107, y la expedición de dos nuevas leyes federales: Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y una Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó en la conferencia mañanera del 12 de febrero que ya que el Poder Judicial no tiene la facultad de enviar al Congreso propuestas de reformas, el Ejecutivo se hará cargo, respaldando las modificaciones.

“Nos presentó el ministro presidente de la Suprema Corte un proyecto de iniciativa que nosotros apoyamos y vamos a firmar para enviar al Congreso”, dijo el mandatario federal.

A continuación, puedes leer los principales puntos que se proponen para el Poder Judicial:

Una nueva escuela de jueces.

De acuerdo con el ministro Zaldívar, el “núcleo” de las reformas que se propone es la expedición de una Ley de Carrera Judicial, que “por primera vez en la historia reglamenta un servicio profesional de carrera”, a fin de que el país tenga “personas honestas, capaces y comprometidas con los derechos” para impartir justicia.

La iniciativa plantea transformar el Instituto de la Judicatura Federal en Escuela Federal de Formación Judicial, encargada de llevar a cabo concursos de oposición para todos los cargos de la función jurisdiccional.

“La Escuela Judicial será una institución académica seria, moderna, de excelencia, en sintonía con los avances de la ciencia jurídica. Su misión será la de formar jueces con pensamiento crítico y con herramientas argumentativas sofisticadas, que les permitan dar soluciones sencillas, claras y justas”, mencionó Zaldívar en la presentación de las iniciativas, ante legisladores federales.

“Asimismo, mediante convenios de colaboración con las entidades federativas, la Escuela Judicial podrá capacitar a los impartidores de justicia en el ámbito local, para que el nuevo perfil del juzgador llegue a todos los rincones del país”, agregó.

Evaluaciones obligatorias.

En el conjunto de iniciativas se establece la obligación de aprobar esquemas de evaluación del desempeño laboral, para la permanencia en la carrera judicial, mediante evaluaciones periódicas de competencias.

“Los resultados de la evaluación serán la base para la obtención de estímulos y reconocimientos, así como para la toma de decisiones en materia de permanencia y, en su caso, separación de la carrera judicial”, se lee en la iniciativa.

El Consejo de la Judicatura establecería los criterios y mecanismos de evaluación de la eficacia y eficiencia del ejercicio de las funciones jurisdiccionales, el periodo de aplicación de exámenes, los sujetos a evaluar “así como las instancias y órganos encargados de la evaluación y el seguimiento de los resultados”.

Otra medida que se indica es que habrá concursos de oposición “para todas las categorías de la carrera judicial”, y que cualquier nombramiento considere criterios meritocráticos.

Fortalecer a los ‘defensores del pueblo’

Uno de los puntos que más destacó el presidente Andrés Manuel López Obrador del paquete de reformas es la de fortalecer la figura de los defensores públicos.

“Antes se les conocía como defensores de oficio; pero esto es muy importante, el que en todos los casos haya abogados, mujeres y hombres que defiendan al débil de los abusos que comete el fuerte y que haya justicia, que no sólo se castigue al que no tiene con qué comprar su inocencia, que haya esta defensoría”, dijo López Obrador.

En la iniciativa se indica que la nueva Escuela Judicial la que capacitará a los defensores públicos, con un esquema integral y especializado, y realizará los concursos para el ingreso y promoción en la carrera del defensor público.

“Además, se establece la posibilidad de que la defensoría pública brinde representación y asesoría en materia de amparo familiar y en cualquier otra materia de amparo que determine el Consejo de la Judicatura Federal, además de las materias penal y laboral”, mencionó el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia.

“Es una apuesta para establecer un nuevo perfil de defensores públicos, que los defensores públicos se constituyan en verdaderos abogados de los pobres, que logremos llevar la justicia a los rincones más alejados del país, a la gente más pobre, más necesitada, más olvidada, más discriminada, aquella que ha perdido la esperanza y tenemos la obligación de devolverles la esperanza en la justicia.

Para combatir la corrupción en el Poder Judicial, de magistrados o jueces, se propone que el Consejo de la Judicatura Federal tenga facultades para dictar medidas cautelares, mientras concluyen las investigaciones y se llega a una resolución respecto al presunto responsable. Entre las medidas cautelares están el cambio de adscripción o la suspensión temporal.

Otra de las medidas que se propone es la posibilidad de realizar visitas extraordinarias a tribunales, o crear comités de investigación ante cualquier asunto que el Consejo de la Judicatura considere como de riesgo de corrupción.

Respecto al nepotismo, en la propuesta “se establece claramente como causa de responsabilidad el influir en el nombramiento de algún familiar en el Poder Judicial Federal y se prevé que queden sin efectos los nombramientos que se lleguen a otorgar en violación a esta prohibición”, explicó el ministro Zaldívar.

“De igual manera, se eleva a rango de ley la política de adscripciones que ha permitido desarticular las redes familiares en los distintos circuitos judiciales”.

Como medidas para combatir el acoso sexual, la iniciativa plantea que “basta con que se lleve a cabo una conducta de naturaleza sexual sobre otra persona de su entorno laboral, sin consentimiento de ésta para que se actualice la causal de responsabilidad administrativa, sin que sea necesario que deba acreditarse el elemento normativo consistente en que ‘atente contra la dignidad’ de la víctima, con lo cual se pretende facilitar la sanción de tan deplorable conducta”.

Además, según la reforma propuesta, se expresan textualmente los conceptos de acosar u hostigar sexualmente, “para no dejar lugar a dudas sobre cuándo resulta sancionable un acto de esta naturaleza”.

Para la equidad de género.

En la reforma planteada se ubica a la paridad de género como un principio de la carrera judicial, y como una “política para el otorgamiento de nombramientos”, ya que como reconoció el propio Zaldívar el Poder Judicial está todavía “muy lejos” de lograr la paridad de género y de proveer un entorno laboral igualitario.

“El Poder Judicial de la Federación incorporará la perspectiva de género, de forma transversal, progresiva, y equitativa en el desarrollo de la carrera judicial, a fin de garantizar a mujeres y hombres el ejercicio y goce de sus derechos humanos, con un enfoque de igualdad sustantiva y velará por que los órganos a su cargo así lo hagan”, se lee en el documento.

En los concursos de oposición para la designación de juezas y jueces de distrito, así como magistradas y magistrados, se establecerá la paridad de género como un criterio de desempate, según la iniciativa.

‘Revolución’ al sistema de jurisprudencia.

Entre lo que se plantea, según planteó el ministro Zaldívar, está el “revolucionar el sistema de jurisprudencia”. Con ello, se elimina la obligación de que la Corte dicte cinco sentencias similares para fijar una jurisprudencia o un criterio obligatorio para todos los tribunales del país.

“Se plantea que este Alto Tribunal avance a un sistema de precedentes en el que todas y cada una de sus sentencias tengan un impacto en la vida pública”, explicó Zaldívar.

“Así, se propone que las razones que justifiquen las decisiones de las sentencias, aprobadas por una mayoría calificada, sean obligatorias para todos los órganos jurisdiccionales de nuestro país, sin necesidad de reiteración.

De esta manera, todas las sentencias de la Suprema Corte serán relevantes y los justiciables podrán exigir que sean observadas por todos los tribunales”.

Menos carga de trabajo para la Suprema Corte.

En cuanto a los recursos de amparo, la reforma establece que la Suprema Corte solo tome casos de controversias en “aquellos asuntos que entrañen violaciones directas a la Constitución”. Con ello, “se descarta la posibilidad de que se promuevan este tipo de juicios por violaciones a las leyes y no a la Constitución”.

Las impugnaciones o controversias constitucionales, según la propuesta, aplicarían no solo para “actos” que se consideren violatorios de la Constitución, sino también para omisiones que alguien considere que van en contra de sus derechos.

Del mismo modo, en los casos de recursos de revisión en contra de sentencias “que resuelvan sobre la constitucionalidad”, se propone que el Pleno de la Suprema Corte elija sólo aquellos asuntos que considere “tengan un interés excepcional” en materia constitucional o de derechos humanos.

En contra de la decisión que desechar un recurso de este tipo no procederá medio de impugnación alguno, de acuerdo con la propuesta.

Otra iniciativa en este sentido es la creación de Plenos Regionales como órganos permanentes del Poder Judicial. Su labor sería unificar los criterios de los tribunales colegiados de su región, para dar certeza jurídica y coherencia a la doctrina judicial a nivel federal, y así “descargar de trabajo” a la Suprema Corte.

Nuevos tribunales.

La reforma establece la creación de Tribunales de Apelación, en sustitución de los Tribunales Unitarios de Circuito. Estos Tribunales de Apelación estarían integrados por 3 magistrados.

“En cada uno de los circuitos el Consejo de la Judicatura Federal establecerá mediante acuerdos generales, el número tribunales colegiados de circuito, colegiados de apelación y de juzgados de distrito, así como su especialización y límites territoriales. En cada región funcionará un pleno regional con jurisdicción sobre los circuitos que le correspondan”, refiere la propuesta.