El
procurador fiscal de la Federación Carlos Romero Aranda afirmó que hasta el
momento no ha recibido ninguna notificación por parte del Servicio de
Administración Tributaria (SAT), sobre empresas factureras, y por lo tanto, no
se ha interpuesto ninguna querella.
La semana
pasada, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) alertó a la Unidad de
Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
sobre cuentas con operaciones irregulares en facturas, presentadas por personas
físicas y morales.
En un
comunicado, el organismo a cargo de Raquel Buenrostro señaló que estos
esquemas de operaciones de factureras fueron realizados durante los ejercicios
fiscales 2017, 2018 y 2019.
Apuntó
que éstos suman más de 339 mil millones de pesos e involucran a 977
contribuyentes, quienes eludieron el pago de impuestos en diversos estados de
la república.
En
entrevista para Aristegui En Vivo, Romero Aranda comentó que el 1 de enero
de 2020 entraron en vigor las reformas que equiparan a delincuencia organizada
a los factureros.
De acuerdo
con la nueva legislación, quienes compran o vendan facturas para respaldar
operaciones inexistentes podrían merecer prisión preventiva oficiosa.
En este
contexto el fiscal explicó que este 17 de febrero se presentan las
declaraciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA), correspondiente al mes de
enero de 2020, entre las que se podrían encontrar los primeros casos de
personas que hayan comprado facturas a inicios de este año.
“A partir
de este momento el SAT podría darnos vista de los asuntos donde pueda verificar
tal situación y nosotros estaremos en aptitud de presentar las querellas
respectivas, y una vez que tengamos eso, podremos tener las órdenes de
aprehensión primeras”, expuso.
Romero
Aranda precisó que la única autoridad que tiene facultad para presentar
querellas por defraudación fiscal es la Procuraduría Fiscal de la Federación
(PFF).
Aclaró
que en el caso de operaciones con recursos de procedencia ilícita, realizadas
antes de 2020, el SAT debe dar vista a la Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF), para que esta entidad presente una denuncia por lavado de dinero y
realice el bloqueo de cuentas respectivo.
En cambio, si
el SAT concluye que se configuró un delito de defraudación fiscal antes de este
año, deberá dar vista a la PFF, para que esta institución pueda presentar las
querellas respectivas.
En ese
sentido, Romero Aranda afirmó que no ha recibido ninguna notificación del
SAT.
Asimismo, explicó
que quienes tengan obligaciones incumplidas de ejercicios anteriores, pueden
acudir a la PFF o al SAT para regularizar su situación fiscal.
“Ahorita
hemos tenido algún acercamiento con algunas empresas o personas físicas que
quieren regularizar su situación fiscal. Todavía no llegamos al punto en que se
regularicen ni que firmen un acuerdo reparatorio, pero estamos trabajando en
algunos casos”,
detalló.
Mencionó
que en diciembre un grupo de contribuyentes pagaron y regularizaron ante el
SAT, y después obtuvieron el acuerdo reparatorio con la PFF.
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