Por Redacción
Animal Político.
Judith
Aracely “N”, quien fuera Oficial Mayor de la entonces Procuraduría General de
la República (PGR) y operadora financiera del titular de la misma Jesús Murillo
Karam, fue vinculada a proceso por la compra injustificada en 2013 de un avión
de 19.6 millones de dólares, que fue para el uso personal del exfuncionario.
La
denuncia, interpuesta por la Fiscalía General de la República, dice que Murillo
Karam ordenó la compra de la aeronave en 2013 a través de un arrendamiento
financiero de Banobras. Dicha orden habría sido ejecutada por Judith Aracely
“N”.
Durante la
audiencia, según el diario Reforma, el fiscal Carlos Palafox señaló que
además de realizar la compra, la acusada habría “inflado” el precio del avión
Bombardier Challenger (CL 600) cuyo valor real era de 16.4 millones de dólares
y no de 19.6 millones de dólares.
Palafox agregó
que la aeronave, comprada a la empresa Aviation Enterprise, también fue valuada
por un perito de la FGR, quien le dio un valor de 14 millones de dólares.
El fiscal
Palafox argumentó que esta compra fue injustificada ya que el entonces
procurador no requería un avión de lujo para cumplir con sus funciones
constitucionales.
En la
denuncia también se acusa a Víctor Rodrigo “N”, quien en aquel año era
subdirector de Recursos Materiales de Banobras y ahora se desempeña como
subsecretario de Administración en el gobierno del Estado de México.
Ambos
exfuncionarios son acusados por la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos
de la FGR por el delito de ejercicio indebido de atribuciones y facultades y de
resultar culpables podrían alcanzar una pena de hasta 12 años de cárcel.
La
audiencia inicial tuvo lugar en el Reclusorio Oriente y fue encabezada por la
jueza Beatriz Moguel Ancheita quien sustentó la vinculación a proceso bajo el
argumento de que los acusados no tomaron en cuenta el impacto de costo
beneficio al comprar el avión, comprometiendo incluso las finanzas de la PGR
por cinco años.
Sin embargo,
la jueza rechazó la petición de la Fiscalía para ordenar prisión preventiva
para los acusados y les ordenó pagar una garantía de 100 mil pesos además de
una restricción migratoria, la cual les impide salir del país.
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