Autoridades investigan presunto desvío de 500 mdp en recursos del campo con Peña Nieto.

Por Arturo Angel.

La Fiscalía General de la República (FGR) inició una nueva carpeta de investigación por un posible fraude superior a los 500 millones de pesos, relacionados con malos manejos y desvíos en la asignación de proyectos agrícolas —que en algunos casos ni siquiera se llevaron a cabo— durante la gestión del expresidente Enrique Peña Nieto.

Las irregularidades descubiertas ocurrieron en 2016 y las responsabilidades iniciales recaerían en la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (hoy Sader), que era encabezada por José Calzada Rovirosa, pues era la instancia federal a cargo de los recursos.

De acuerdo con la denuncia que dio paso a esta investigación, y que fue presentada a finales de febrero pasado por el área jurídica de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la revisión del ejercicio de los recursos se detectaron al menos 13 irregularidades graves que representan un posible quebranto al erario.

Los malos manejos se ubicaron en el denominado “Programa de Fomento a la Agricultura: Componente Innovación Agroalimentaria”, y que son subsidios que se destinan a personas físicas o morales, mediante firma de convenios, para el impulso de proyectos que —en teoría— deben contribuir al desarrollo del campo en México y por ende generar un beneficio a los campesinos.

A dicho programa se le asignaron en total 1, 342 millones de pesos en el referido año, de los cuales presuntamente se desviaron prácticamente el 50%, lo que evidencia —de acuerdo con la denuncia— una violación sistemática a las reglas y procedimientos que el gobierno federal debe respetar y vigilar al asignar este dinero.

Por ejemplo, entre las anomalías mas graves se encuentra una que asciende a 108 millones 106 mil pesos correspondientes a subsidios que se otorgaron a nueve asociaciones y empresas para desarrollar proyectos agrícolas que no se llevaron a cabo conforme a lo que estaba estipulado.

La entonces Sagarpa transfirió dichos recursos a las empresas y asociaciones Nopal Mexica, S.C. de R.L. de C.V.; Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café, A.C.; R60 Consultores, S.C.; México Calidad Suprema, A.C.; Tropical Seeds de México, S.C. de R.L. de C.V.; Fundación para el Desarrollo Educativo de la Investigación y Superación Profesional de los Maestros, A.C.; Energy Systems Of America, Inc.; Internacional Química de Cobre, S.A. de C.V.; y Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo, A.C.

“Se comprobó que ninguno de los nueve beneficiarios cumplió en tiempo y forma con la ejecución de los proyectos para los cuales la SAGARPA les ministró los recursos públicos correspondientes, ni comprobó que usó la totalidad de los apoyos recibidos para los objetivos autorizados, ya que ninguno de los proyectos se encuentra concluidos ni en funcionamiento”, indica la auditoría que dio pie a la denuncia.

Por otro lado, se detectaron 82 millones 623 mil pesos del referido Componente de Innovación Agroalimentaria de los que no hay pruebas serias de que se hayan asignado a algún beneficiario, pero tampoco existe evidencia de que el dinero se haya regresado a la Secretaría de Hacienda. Es decir, se trata de recursos que están literalmente desaparecidos.

Otra anomalía, que asciende a 47 millones 268 mil pesos, corresponde a recursos asignados por Sagarpa a tres asociaciones y empresas: Fundación Produce Yucatán, A.C.; Vitacoco de México, S.P.R. de R.L. de C.V.; y Agricultura Abierta y Protegida de la Península, S.A. de C.V.; para el desarrollo de proyectos que tampoco se ejecutaron, e incluso el dinero se terminó desviando.

“En las visitas domiciliarias realizadas por los auditores comisionados de la ASF, se constató que ninguno de los tres proyectos se encuentra concluido ni en funcionamiento, además de que se distrajo parte de los recursos otorgados para fines distintos de los establecidos en el componente”, señala la denuncia.

A todo ello se suman múltiples irregularidades más por las cuales se calcula un fraude al erario que, en números exactos, asciende a 529 millones 864 mil 600 pesos según el informe de resultados de la auditoría forense 286-DE.

La denuncia presentada ante la FGR es justamente por estos hechos. Corresponde ahora a la investigación turnada la Fiscalía Anticorrupción el confirmar dichas anomalías e identificar a la cadena de funcionarios o exfuncionarios que podrían ser los probables responsables.

Recursos al campo, un hoyo negro de corrupción.

El presupuesto que cada año se dedica al campo y que es manejado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se ha convertido en el foco rojo en materia de desvíos, malos manejos y corrupción en los últimos años.

Las investigaciones que los auditores han llevado a cabo han permitido identificar, al momento, malos manejos y posibles desvíos que ya ascienden a casi 21 mil millones de pesos entre 2012 y 2018. En ningún otro sector federal (salud, seguridad, gasto militar, etc) se registra un desfalco de esta magnitud.

La gravedad de las anomalías detectadas ha provocado la apertura de 21 carpetas de investigación en la FGR ya tomando en cuenta este último caso, por las denuncias presentadas por los auditores. En tanto, la ASF ha emprendido una serie de auditorías forenses ante el foco de alerta detectado en el sector.

Los auditores han advertido, en específico, posibles hechos de corrupción sistemáticos en la asignación de los recursos destinados a proyectos que se entregan a terceros, y donde se estaría cayendo incluso en la simulación de servicios y bienes que nunca se llevan a cabo.

“Este esquema implicó la supuesta aplicación del recurso, la simulación de proyectos y proveedores no localizados los cuales, a pesar de no acreditar los trabajos, emitieron comprobantes fiscales, con lo cual se presume la inexistencia de las operaciones que amparan”, indica la ASF.

Pero no es la única modalidad de desvío en el campo. Los auditores también detectaron su involucramiento en el esquema conocido como La Estafa Maestra a través del cual se han asignado directamente recursos agrícolas a universidades y entes públicos vía convenios, por servicios y proyectos que finalmente no se llevan a cabo.

Por esta modalidad en específico ya se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía, pero se prevé la presentación de varias más en las próximas semanas.