Por Pedro
Matías.
OAXACA, Oax.
Frente al estiaje y la crisis sanitaria por el Covid-19, la Misión Civil de
Observación (MCO) demandó a los gobiernos federal y estatal la “inmediata
solución” al conflicto por el agua que atenta contra los derechos humanos del
pueblo mixe en San Pedro y San Pablo Ayutla.
Conformada
por ocho organizaciones y la Red Todos los Derechos para Todos, la MCO denunció
que “la dilación de las autoridades estatales y federales en la reconexión del
agua en Ayutla obstaculiza gravemente las labores preventivas ante la
pandemia”.
Este jueves,
los habitantes de San Pedro y San Pablo Ayutla Mixe cumplieron mil 017 días
sin agua por un conflicto con sus vecinos de Tamazulapam, quienes el 5 de junio
de 2017 los despojaron violentamente de su manantial.
En el
ataque murió Luis Juan Guadalupe. Otros seis hombres resultaron lesionados y
cuatro mujeres fueron secuestradas por el grupo armado de Tamazulapam que tomó
el manantial. Desde entonces Ayutla no tiene acceso al agua.
La MCO exigió
ayer “la reconexión del agua para Ayutla, porque la crisis sanitaria derivada
del Covid-19, sumada al estiaje de la temporada, además de las afectaciones
derivadas de los 1016 días sin agua, pueden resultar en graves consecuencias,
no sólo para la comunidad de Ayutla, sino para la región Mixe. Esta situación
puede ser evitada por las autoridades estatales y federales, si tienen la
voluntad para hacerlo”.
En el marco
del Día Mundial del Agua, que se festeja el 22 de marzo, las organizaciones
que trabajan en la defensa de los derechos humanos en México presentaron el
informe “Misión Civil de Observación: La problemática del derecho humano al
agua entre las comunidades mixes de Ayutla y Tamazulapam, Oaxaca”, y
consideraron que la situación de la comunidad puede tornarse mucho más grave
con el tema del coronavirus.
Detallaron
que en una visita que realizó la MCO –del 5 al 7 agosto de 2019—“documentamos
violaciones al derecho humano al agua del que han derivado otras violaciones a
derechos fundamentales: el derecho a la salud, a la vida, a la integridad
física y seguridad personal, al debido proceso legal y la seguridad jurídica,
afectaciones a los derechos de las mujeres, de las niñas, niños y adolescentes,
y a defender derechos humanos”.
Además, la
Misión pudo constatar “la dilación en la atención institucional y el hecho de
que más de 60 mesas de diálogo no han resuelto nada, tampoco las acciones
emprendidas por la Comisión Estatal del Agua (CEA), que ha dilatado la
reconexión del líquido a Ayutla e incluso la obstaculizan al favorecer a una de
las partes”.
Adicionalmente,
la existencia de procedimientos agrarios (amparos) interpuestos por las
comunidades de Ayutla y Tamazulapam han sido utilizados como pretexto –por
parte de las autoridades– para evitar la reconexión, cuando desde una
perspectiva de derechos humanos el agua es un recurso natural no sujeto a negociación
ni a chantaje.
De igual
manera, resaltó su preocupación por la criminalización de las personas
defensoras que han alzado la voz para denunciar la crítica situación de la
comunidad. Incluso las propias organizaciones participantes de la Misión no han
escapado a los señalamientos por su labor de documentación, al tiempo que las
autoridades de Tamazulapam niegan la existencia del conflicto.
En esta
visita “constatamos que la violencia, el despojo y desplazamiento, así como el
derecho a la vida y la integridad física, han afectado directamente y de forma
diferenciada a las mujeres, al mismo tiempo que se mantienen en resistencia y
en la exigencia de justicia”.
Añadió: “Es
obligación de las autoridades estatales y federales garantizar el derecho al agua
a la comunidad de Ayutla Mixe, por lo que urgimos la reconexión para facilitar
las labores preventivas ante la crisis de Covid-19 que se avecina y el estiaje
de la temporada”.
Finalmente, hizo
un llamado a las comunidades y autoridades municipales y agrarias de Ayutla y
Tamazulapam para privilegiar la construcción de alternativas no violentas que
den solución al conflicto que atraviesan, privilegiando en todo momento el
respeto y reconocimiento de los derechos humanos para que haya acuerdos
duraderos y pueda caminar la solución del conflicto.
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