'Crisis política y de Estado'

Raymundo Riva Palacio.

Por mandato presidencial, la Secretaría de la Defensa elaboró en 1965 el Plan de Auxilio a la Población Civil, conocido como Plan DN-III, que es un “instrumento operativo militar que establece los lineamientos generales a los organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para realizar actividades de auxilio a la población afectada por desastres de origen natural o humano, optimizando el empleo de los recursos humanos y materiales para su atención oportuna, eficaz, eficiente; apoyando además, en la preservación de sus bienes y entorno”. Es un plan que atiende consecuencias, y no está diseñado para acciones preventivas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, dijo que para atender la epidemia del Covid-19, si se requiere, ya se alista el Plan DN-III. “Se está actuando de manera responsable y no debe caerse en el miedo”, dijo para atenuar las ansiedades y preocupaciones de la población.

“Hay un gobierno que protege al pueblo. Ya no es el gobierno de antes, de gobernantes irresponsables que aprovechaban circunstancias como estas para robar”. El discurso de siempre, ligado a la corrupción, soslaya la parte medular: el Plan DN-III no contendrá la pandemia; luchará con los efectos.

Para estos tiempos, ya no se sabe si el Presidente habla en serio, si trata de distraer la atención hacia temas que no lo confronten, si es una ocurrencia o broma. La credibilidad en su palabra en esa crisis de salud se agota crecientemente. Dentro de su propio gobierno han comenzado a dejar de escucharlo para actuar sin esperar que tome decisiones. Aguardar a que se asuste y decida a cambiar las cosas –como le pasó frente al presidente Donald Trump–, puede ser letal para la población. Depender de un líder cuyo ego es mayor que el interés público, es de alto riesgo para la nación.

El antídoto al proceder presidencial lo produjo la Guardia Nacional, que elaboró un Plan de Continuidad de Operaciones para hacerle frente al Covid-19. El documento tiene 28 páginas y fue preparado en la última semana por la Dirección de Logística y Adiestramiento, y de Planeación y Análisis Estratégico. En él se refiere a la velocidad del contagio y anticipa que el número de muertes y países afectados aumentará.

En México, desde el punto de vista de seguridad pública y nacional, agrega, “la situación puede agravarse toda vez que al contar con una tasa alta de infectados puede colapsar los sistemas sanitarios y provocar bajas sustanciales en la fuerza laboral. Si además se limita el tráfico de personas y de mercancías, las repercusiones económicas pueden ser tanto o más graves que la propia enfermedad, lo que puede conducir a una CRISIS POLÍTICA Y DE ESTADO”. (El énfasis es del documento original).

El diagnóstico difiere del análisis de la Secretaría de Salud, que es más optimista, sobre la capacidad hospitalaria y la velocidad en la que avance el virus. “Mientras los sistemas de salud hacen lo posible por prevenir el contagio, establecer mecanismos de detención temprana y finalmente dar una respuesta rápida y efectiva para contener la pandemia, los cuerpos de seguridad deben garantizar la paz pública”.

El documento no evalúa la estrategia de la Secretaria de Salud, avalada por el Presidente, pero plantea los escenarios en función de una amplia variedad de variables, como densidad de población, registro histórico de índices delictivos, riesgos de saqueo en tiendas de conveniencia, infraestructura hospitalaria nacional, y las principales rutas de tránsito aéreo y terrestre. Hay una, que sugiere como detonador de la violencia social, las plataformas digitales utilizando las nuevas tecnologías.

“A través de redes sociales, usuarios de todo el mundo comparten información, en su gran mayoría no confiable ni fidedigna, que favorecen comportamientos colectivos sociales inconvenientes para la economía, el abasto de productos y mercancías, el orden, la seguridad, entre otros aspectos”, subraya el documento. “Estos comportamientos ocasionan compras de pánico, acaparamiento, escasez e incremento de precios injustificados de productos de primera necesidad y pueden derivar en bloqueos, manifestaciones y alteraciones del orden y la paz públicos.

“Es en este sentido que ante situaciones de emergencia sanitaria como las que actualmente se enfrentan, que pueden desencadenar eventos de alteración del orden y la paz públicos por el pánico social generado, la escasez de productos de primera necesidad, de artículos de sanitación y desinfección o bien, afectaciones al funcionamiento de los servicios médicos de atención u hospitalización por padecimientos infecciosos respiratorios, que los elementos de la Guardia Nacional deben ser garantes para asegurar que estas actividades se desarrollen con el mayor orden y normalidad posibles”.

El escenario que plantea la Guardia Nacional es preocupante, en la medida en que las acciones que está tomando el gobierno se asemejan más a la estrategia que siguió Italia (que tiene 60 millones de habitantes), donde la pandemia está descontrolada y este jueves superó en número de muertes a China (con mil 380 millones de habitantes).

Las estimaciones de la Secretaría de Salud se hicieron sobre los datos de la influenza, aunque tampoco parecen haber analizado sin ideología el caso de Estados Unidos, donde errores similares en el principio causaron un rápido contagio a nivel nacional.

En el documento se ubican con precisión los lugares con el potencial de mayor saqueo –el 39 por ciento del robo es de alimentos y bebidas–, que se encuentran en el centro del país y la parte media y baja de Veracruz, y se proponen “lugares de intervención” para mitigarlo, mediante el impedimento de bloqueos carreteras que impidan el propósito “de llevar los alimentos a las tiendas, los combustibles a las estaciones de servicio, el oxígeno a los hospitales, las medicinas a las farmacias”.

En síntesis, la Guardia Nacional está preparándose para que, ante la eventualidad de un caos, meter orden y evitar el colapso.