Por Mathieu
Tourliere.
En México, la policía, el Ejército y otros
funcionarios y grupos armados ilegales se han visto involucrados “en ejecuciones
extrajudiciales o arbitrarias, desapariciones forzadas y tortura”, señaló el
Departamento de Estado de Estados Unidos.
También
son responsables de “las condiciones infrahumanas y peligrosas en las cárceles;
la impunidad de la violencia contra los defensores de derechos humanos y los
periodistas; la violencia contra personas con discapacidad y personas
lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales”.
Lo
anterior quedó plasmado en el capítulo referente a México del Informe sobre
Derechos Humanos 2019 que el Departamento de Estado difundió este miércoles.
Dicho
informe, que desde hace 44 años se publica año con año, plantea la visión de
Estados Unidos sobre la situación de los derechos humanos en cada país.
El
discurso progresista que maneja el informe y que a menudo cita a organizaciones
de la sociedad civil, está muy alejado del desdén que el presidente Donald
Trump y su secretario de Estado, Mike Pompeo, muestran respecto de los derechos
humanos.
Y hoy
mismo Pompeo aprovechó su publicación para atacar exclusivamente a China, Irán,
Venezuela y Cuba, rivales y enemigos geopolíticos del gobierno de Estados
Unidos.
Sobre
México, el cinismo del informe llegó al punto de lamentar las violaciones a los
derechos humanos de los migrantes en tránsito, pero no mencionó que Washington
presionó a los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador
para implementar una política de contención migratoria que obliga las personas
a usar rutas peligrosas y recurrir a traficantes.
El reporte también
lamentó el asesinato de Samir Flores Soberanes, el defensor de derechos humanos
y opositor al Proyecto Integral Morelos (PIM), perpetrado el 20 de febrero de
2019. Ello, pese a que la administración de Trump desprecia las luchas
ambientales e indígenas en el mundo y en su propio territorio.
El documento
del Departamento de Estado retomó mucha información oficial para analizar la
crisis de derechos humanos en el país, y planteó que “la impunidad en las
violaciones a los derechos humanos sigue siendo un problema, con niveles de
persecución extremadamente bajos”, pues “se estima que el 94% de estos delitos
fueron subreportados o no investigados”.
Así, la
oficina diplomática estadunidense recordó que de 2006 a 2018 la Fiscalía
General de la República (FGR) –antes Procuraduría General de la República
(PGR)– abrió 88 carpetas de investigación por asesinatos perpetrados por
servidores públicos, y subrayó que las autoridades detuvieron, entre otros, al
director de Seguridad Pública de Janos, en Chihuahua, por el asesinato de nueve
integrantes de la familia LeBarón en Bavispe, Sonora, el pasado 4 de noviembre.
De igual
manera, destacó que las autoridades tienen abiertas cerca de 2 mil carpetas
de investigación por desaparición forzada, y que los registros oficiales
reportaban la existencia de más de 37 mil personas desaparecidas en abril de
2018 (la cifra oficial creció a 61 mil 637).
En el
caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el
documento del Departamento de Estado enlistó una serie de irregularidades y
violaciones a derechos humanos perpetradas durante la investigación,
principalmente en el sexenio de Peña Nieto, pero también la liberación de
Gildardo López Astudillo, el pasado 30 de agosto.
“Hacia el
mes de septiembre (de 2019) ninguno de los perpetradores de las desapariciones
ha sido condenado, y la mayor parte de quienes fueron acusados en un principio
han sido liberados porque sus confesiones fueron obtenidas bajo tortura”, abundó.
El Departamento
de Estado también observó fallas en la implementación del Sistema Penal
Acusatorio, una amplia reforma al sistema de justicia que fue impulsada y
financiada por Washington a través de la Iniciativa Mérida. “La ausencia de
reglas federales respecto a las evidencias causó confusión y llevó a unas
decisiones dispares”, recalcó.
Respecto de
la libertad de expresión, el informe subrayó las agresiones que sufren los
periodistas en México, ya sea mediante asesinatos, ataques físicos o
cibernéticos, acoso e intimidación, “especialmente por parte de agentes del
Estado y organizaciones criminales transnacionales”.
Además, aseveró
que no hubo avances en la investigación de los casos de espionaje operados por
el gobierno de Peña Nieto contra periodistas y activistas.
Finalmente, retomó
el estudio publicado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Occidente (ITESO) en marzo pasado, que documentó las redes de “bots” utilizados
para atacar a los oponentes al gobierno de López Obrador.
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