Por Mathieu
Tourliere.
El Fondo
Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) reservó por cinco años una serie de
estudios clave sobre el Tren Maya que encargó a la empresa Steer Davies &
Gleave.
Su
divulgación podría generar “especulaciones con respecto al funcionamiento del
Tren Maya” o incluso a “la viabilidad del proyecto”, ya que sus datos podrían
contrastar con la información oficial sobre el megaproyecto, justificó.
En respuesta
a una de las diversas solicitudes de información que Apro envió a la
dependencia para consultar el documento, planteó que los estudios “contienen
información relativa a la estimación de demanda del Tren Maya, misma que, hasta
no estar en funcionamiento el proyecto, no se tendrá de forma definitiva ese
dato, el cual puede ser susceptible de variaciones”.
En el
contrato C-TM-003/2019, el Fonatur pidió a Steer Davies & Gleave que
realice, entre otros, una estimación sobre la oferta y la demanda en torno al
Tren Maya, que incluyó una “estimación del comportamiento futuro” de los
turistas, la “demanda que puede ser captada por el Tren Maya” o la “demanda
potencial generada por los Polos de Desarrollo”, así como la demanda potencial
de carga.
A su vez, la
dependencia utilizó esa “estimación de demanda” en sus cálculos para medir la
rentabilidad del Tren Maya, y el pasado 8 de enero difundió un informe donde
aseguró que el megaproyecto representaría un Valor Presente Neto de beneficios
por 206 mil 600 millones de pesos, calculado de la siguiente manera: el tren
costaría 146 mil millones de pesos, generaría ingresos por 161 mil millones y
provocaría una derrama económica de 181 mil millones de pesos adicionales en
materia de turismo y productividad en la región.
Durante
una sesión celebrada ayer, el Comité de Transparencia de la dependencia que
dirige Milardy Douglas Rogelio Jiménez Pons, también justificó el ocultamiento
de los estudios bajo el pretexto de que su difusión abriría la puerta a la
“destrucción, inhabilitación o sabotaje” del megaproyecto, pues alguien podría
“colocar algún artefacto explosivo, modificar las características del suelo o
colocar cualquier objeto que afecte la ejecución del Tren Maya”.
Además, estimó
que causaría un perjuicio “superior al interés público general de que se
difunda la información relativa a los estudios”, dado que “personas ajenas al
desarrollo del proyecto podrían contar con información o documentación
sensible”, lo cual propiciaría “invasiones intencionadas” de vías o
“especulación sobre el área de intervención”.
El
contrato, otorgado de manera directa a Steer Davies & Gleave Mexico por 23
millones de pesos en marzo de 2019, estableció que la empresa realizaría el
Programa Maestro del megaproyecto, así como una preselección del tramo que
seguirán las vías del ferrocarril.
De hecho, en
días recientes el Tren Maya regresó a su diseño original: el Fonatur canceló el
tramo que unía Valladolid y Tulum –pasando por Cobá– y recuperó el proyecto de
unir Valladolid y Cancún, pues se descubrió que en el subsuelo del derecho de
vía de Cobá existía una caverna de 90 metros de profundidad y una “alta
densidad de cenotes” que no permitía el paso del tren.
Otro
obstáculo apareció en el camino del megaproyecto: Jiménez Pons indicó ayer que,
ante la crisis económica que se avecina y los posibles recortes presupuestales
en la administración pública federal, el Fonatur esboza un “plan B” y
“alternativas” para financiar el Tren Maya, que podría abrir la puerta a
financiamientos privados.
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