Por Jesús
Esquivel.
Los
gobiernos de México y Estados Unidos están abocados a definir un plan que
amplíe “lo más posible” las actividades esenciales a lo largo de la franja
fronteriza que comparte los dos países y que sería cerrada parcialmente por la
pandemia del Covid-19.
“La
clave” en las negociaciones, explica a Apro un alto funcionario del gobierno
del presidente Andrés Manuel López Obrador, “es que se está buscando una
descripción lo más amplia posible de actividades esenciales -en la frontera-”.
El
compromiso bilateral que quedaría listo este jueves, es consecuencia de la
decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de invocar el acta
constitucional de su país; 42 USC265, para, en tiempos de crisis, limitar el
ingreso a su país de ciudadanos extranjeros.
Como parte
de la instrumentación Trump deportaría a México a miles de extranjeros -como
medida de prevención ante la pandemia del Covid-19- que han solicitado asilo y
se encuentran en territorio estadunidense esperando el fallo sobre sus casos.
La acción
que tomarán los dos gobiernos en la frontera común se homologaría a las
acciones instrumentadas por muchos países afectados por el Covid-19 de cerrar
sus fronteras y permitir únicamente las actividades esenciales de sus
ciudadanos y del intercambio comercial.
Este
miércoles Trump y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, acordaron
cerrar su frontera común al ingreso de extranjeros, con la excepción de sus
ciudadanos, residentes permanentes y actividades comerciales que son cruciales
para aminorar los problemas económicos.
Para el
caso de México, Trump descartó el cierre total de la frontera sur de su país,
consciente de que los productos y servicios provenientes del sur son en estos
momentos indispensables para aminorar los costos macroeconómicos que ya ha
causado la pandemia del Covid-19.
Solicitantes
de asilo.
El alto
funcionario del gobierno de López Obrador que habló con Apro con la reserva del
anonimato porque no han concluido las negociaciones con Washington, afirmó que
la Casa Blanca pedía mayores concesiones en términos de la problemática
migratoria.
“Hemos
establecido un principio de equipo conjunto para reducir la unilateralidad en
la que empezamos”,
matizó en el funcionario del gobierno de México en relación a la determinación
de Trump de mandar al territorio mexicano a los solicitantes de asilo en
Estados Unidos.
A horas
de finiquitar detalles finales del compromiso bilateral, lo que se desprende de
ello es un cierre parcial del flujo de personas en los más de tres mil 500
kilómetros de frontera que comparten México y Estados Unidos.
En el marco
del acuerdo en ciernes, como hizo con Canadá, Trump limitaría el acceso a
Estados Unidos por la frontera norte de México y pasarían sólo ciudadanos
estadunidenses, residentes permanentes, el tráfico comercial y otras
actividades esenciales.
Por ahora
las negociaciones se enfocan a determinar por cuanto tiempo, durante la
pandemia del Covid-19, el gobierno de México se haría responsable de los
migrantes extranjeros solicitantes de asilo en los Estados Unidos que esperan
una determinación a sus casos.
Las
deportaciones de los peticionarios de asilo bajo el Acta 42 USC265 la
realizaría Trump saltándose el debido proceso, es decir en violación a las
leyes nacionales e internacionales que determinan a los solicitantes de este
derecho por razones económicas, políticas o humanitarias, permanecer en
resguardo del país donde han presentado su solicitud.
El año
pasado el gobierno de López Obrador, y ante las amenazas de Trump de imposición
de aranceles a las exportaciones mexicanas, aceptó que permanecieran en México
esperando la resolución de sus casos, miles de migrantes extranjeros que
lograrán presentar sus peticiones de asilo en las garitas migratorias del sur
estadunidense.
La
invocación y uso del Acta 42 USC265 y el acuerdo bilateral que definirán en
unas horas los gobiernos de los dos países, evitaría la llegada o acercamiento
de migrantes extranjeros solicitantes de asilo a las garitas estadunidense que
colindan con el territorio mexicano.
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