Pemex se ampara contra “gasolinazo” de Bonilla.

POR EDUARDO VILLA LUGO / ZETA.

En los últimos días de diciembre de 2019, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, envió su propuesta de Ley de Ingresos al Congreso del Estado. Entre otros aumentos y creación de impuestos, incluía el 2.5% a la primera venta de gasolina en el Estado.

Con la medida impositiva, esperan recaudar 700 millones de pesos. Por supuesto, la Ley fue aprobada por la mayoría de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso local, sin estudios o análisis de por medio, obviando que la gasolina tiene impuestos federales y la Ley no permite gravar impuesto sobre impuesto.

Tampoco fueron escuchados los distribuidores de gasolina, ni los expendedores finales, quienes verían mermadas sus finanzas con la creación de este gravamen en Baja California.

Pero mes y medio después, el gobierno federal ha dado su primer “manotazo” contra la administración de Jaime Bonilla Valdez y contra los diputados morenistas de Baja California, pues el 14 de febrero se hizo de conocimiento del Primer Juzgado de Distrito de esta entidad, de la demanda de amparo interpuesta por Petróleos Mexicanos (Pemex) contra las reformas a la Ley de Hacienda del Estado y de Ingresos 2020, que crearon el “impuesto sobre la venta de primera mano de gasolina y demás derivados del petróleo por afectación al medio ambiente”.

Se trata del coloquialmente conocido como “gasolinazo” del gobernador Bonilla, el cual fue aprobado el 31 de diciembre de 2019, en aquel albazo legislativo, donde de manera sorpresiva incluyeron una serie de nuevos impuestos como el que se impuso al sector hotelero, a las casas de cambio y a los combustibles, bajo el argumento de tener un objetivo meramente ambiental.

Los diputados que votaron a favor de aquel “gasolinazo” son Monserrat Caballero, Miriam Cano, Julia González, Carmen Hernández, Juan Manuel Molina, Eva Gricelda Rodríguez, Juan Melendrez, Víctor Navarro, Rosina del Villar Casas, Víctor Morán y Ramón Vázquez Valadez, de Morena; Fausto Gallardo, del Partido Verde; Miguel Ángel Bujanda y Trinidad Vaca Chacón, ambos sin partido.

Junto con el aumento del Impuesto sobre la Nómina, el gravamen a la gasolina fue uno de los que mayor inconformidad generó ante los grupos empresariales y sociales, provocando una serie de críticas y posteriormente una lluvia de amparos en contra de la Ley de Hacienda del Estado. Sin embargo, uno de estos destaca entre todos:

Petróleos Mexicanos, uno de los principales proyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador, de manera que se consideró que las reformas emprendidas por el gobierno del Estado, de imponer un gravamen a los combustibles, resulta “inconstitucional”.

Esta información consta en la demanda de amparo 139/2020 interpuesta por los representantes legales de Pemex, Angélica Guadalupe Orta López y José Alberto Soto Jiménez, a quienes se concedió la suspensión provisional para que evitar que estos actos de gobierno les causen ejecución.

Más de 150 empresas en Baja California siguieron el ejemplo de Pemex y ahora formaron un bloque para combatir la medida emprendida por el gobierno morenista.

Para el presidente de la asociación de gasolineros, Rubén Márquez, el decreto está mal hecho, y por ello está plagado de irregularidades e inconsistencias. La más curiosa, asegura, es que un decreto refiere que el pago de este impuesto debe realizarse el día 15 de cada mes, pero el otro -que se trata de lo mismo- establece que el 25.

Pemex contra el Congreso.

El 14 de febrero, el Juzgado Primero de Distrito con residencia en Mexicali, emitió el acuerdo por la demanda de amparo 139/2020-7, interpuesta por Pemex, en contra del Poder Legislativo de Baja California.

La información disponible en la lista de acuerdos y expedientes del Consejo de la Judicatura Federal, establece claramente la inconformidad de la petrolera contra los decretos 39 y 40 de la Ley de Hacienda Pública del Estado y Ley de Ingresos 2020, la cual ni siquiera entraba en vigor cuando se reformó aquella noche del 31 de diciembre.

El documento señala que Pemex Transformación Industrial, ve una violación a los artículos constitucionales 1, 14, 16 y 31, por los que recurrió a la justicia federal para evitar el pago de dicho impuesto de 2.5% en la gasolina y 5% en el gas licuado de petróleo, misma que le concedió la suspensión provisional. Se ha citado a las partes Para el día 31 de marzo para participar en la audiencia de suspensión definitiva, juicio que podría durar aproximadamente seis meses, según estimaciones de abogados.

Curiosamente, esta información no es de conocimiento de los legisladores. De hecho, se cuestionó a los diputados Juan Manuel Molina y el presidente de la Mesa Directiva, Víctor Morán Hernández, y reconocieron tener pleno desconocimiento del tema.

Para el vicepresidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas (Anade), Javier Sánchez, este recurso de amparo era evidente, pues el decreto aprobado por el Poder Legislativo, establece en su Artículo 133 que toda venta de primera mano en la entidad tendría que reportarse con la Secretaría de Hacienda de Baja California.

Debido a que Pemex también vende combustible de primera mano en la entidad, y por considerarse un contribuyente más, las aportaciones estatales automáticamente le aplicarían. También en la primera venta a las empresas privadas, se vería obligado a emitir algún pago al respecto.

Curiosamente, el Artículo 136 de la Ley de Hacienda del Estado, autoriza que el gobierno del Estado pueda celebrar convenios con Pemex, con el objetivo de recuperar directamente ese ingreso. Sin embargo, con esta situación se torna complicado que la petrolera acceda.

Aunque la demanda de amparo es directamente contra el Poder Legislativo, la justicia federal también buscó notificar al Gobierno del Estado como otro actor interesado. La Asamblea estatal, no ha emitido una notificación al Juzgado federal sobre ese tema, pero se espera que lo haga en próximos días.

156 amparos contra “gasolinazo”

Pemex no es la única empresa que se dijo agraviada y busca dar marcha atrás a las reformas emprendidas por la XXIII Legislatura, pues según información precisada por el diputado Víctor Morán Hernández, 156 recursos han sido interpuestos por particulares. Muchos de estos incluyen a más de una empresa.

Rubén Márquez, presidente del sector gasolinero de Mexicali, comentó que alrededor del 95% de los negocios del ramo instalados en BC buscaron el resguardo de la justicia federal, a la mayoría se le otorgó la suspensión provisional, por lo que sí se ha afectado el proyecto de Ley de Ingresos al no percibir estos recursos. A los que no se les otorgó la protección -según comentó el vicepresidente de la Anade- fue solamente porque no pagaron la fianza.

Reclamó que ni el gobernador o los diputados tuvieron interés en acercarse al ramo gasolinero para conciliar el tema, o bien, escucharlos para entender la magnitud del problema que generaría dicho impuesto, pues de acuerdo con sus estimaciones, el precio de los hidrocarburos podría subir hasta en un peso el litro, restando competitividad para generar mayor inflación.

El abogado Javier Sánchez indicó los puntos a analizar por el juez, que son muy evidentes, pues la Ley es clara al establecer que los gravámenes a hidrocarburos son facultad exclusiva de las autoridades federales. Lo anterior puede constatarse en el Artículo 129 de la Constitución Federal, donde lo define de manera expresa.

De igual manera, consideró que hubo una serie de violaciones claras en el proceso parlamentario, pues se modificó una norma que no estaba vigente, se omitió el análisis en la Comisión de Hacienda y se aprobó de manera directa por 13 votos esa misma noche, y a su juicio, no era un acto de urgente resolución.

Márquez, quien dirige las gasolineras Rendichicas, aseveró que además de confirmar que generaría repercusiones en el precio, representaría una complicación aún mayor para emitir los pagos al Poder Ejecutivo, pues con los constantes cambios del precio de hidrocarburos, tendrá que cotejarse factura por factura para saber cuánto se fue ganando diariamente, ya que el monto a pagar radica directamente de las percepciones mensuales.

De paso, criticó que apenas el día miércoles 11 de marzo se hizo público el formato para el pago de gravámenes del combustible, pese a que se supone, se estaría cobrando desde los primeros días de enero.

Referente a qué pasaría si la justicia federal decide amparar a los implicados, aseguró que nada grave, pues el Congreso tiene facultades para llevar a cabo la modificación de manera directa. Sin embargo, aquellos que no pagaron fianza para la suspensión provisional, pueden alegar una reparación del daño.

Morena BC insiste en avalar “gasolinazo”

Pese a que una de las premisas principales del presidente López Obrador es la austeridad y no incrementar el precio de los combustibles, tanto el diputado Juan Manuel Molina como Víctor Morán, respaldan la iniciativa que busca permitir al Poder Ejecutivo crear estos impuestos.

El legislador Molina reclamó las acciones del gremio gasolinero, pues considera justo que devuelvan un poco de todo lo que han ganado en este Estado a través de este impuesto, y criticó que muestren tanta inconformidad con un incremento que de compararse con lo que perciben, no representa gran cosa.

Por su parte, el diputado Víctor Morán Hernández explicó que la mayoría del gremio especializado en la venta de hidrocarburos, pretende apoyar la iniciativa aprobada por el Congreso local, y reconoció que el impuesto no es para el usuario, sino para ellos mismos.

Finalmente, respecto a la cantidad de amparos y la inconformidad de Pemex, Molina dijo desconocer el tema, aunque aclaró que cualquier cosa que defina la justicia federal, será respetada por las autoridades.