Por Daniela
Barragán.
El Instituto Nacional de Enfermedades
Respiratorias (INER) “Ismael Cosío Villegas” tuvo en 2016 y 2018
irregularidades en la construcción de infraestructura y en las investigaciones
que elaboró en ese periodo, de acuerdo con las revisiones y los resultados
entregados por Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El INER tomó
desde el inicio de la emergencia por el COVID-19 (coronavirus) un papel
fundamental en la atención de los enfermos en el ámbito de la salud pública en
México, al ser el organismo descentralizado del Gobierno federal que tiene como
misión “mejorar la salud respiratoria de los individuos y las comunidades por
medio de la investigación, la formación de recursos humanos y la atención
médica especializada”.
El pasado 17
de marzo, personal del INER se manifestó frente a la Dirección General para
reclamar la falta de insumos básicos, como cubrebocas y equipos de protección
adecuados, así como protocolos para atender a pacientes sospechosos de ser
portadores de coronavirus.
Los
trabajadores pidieron que se reforzaran medidas porque, hace años, ante la
influenza AH1N1 de 2009 “se contagiaron más de 170 compañeros”. También
mencionaron al personal de seguridad que resguarda las puertas, pues solamente
cuentan con cubrebocas y su atuendo contrasta con el de los doctores que
atienden los casos sospechosos, quienes usan equipos de protección especiales.
IRREGULARIDADES
EN 2016 Y 2018
Las
irregularidades en este Instituto, sin embargo, no son nuevas. Si acaso fueron
evidenciadas por la irrupción del coronavirus.
En 2016, por
ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación revisó el área de Investigación
y Desarrollo Tecnológico en Salud y en 2018, los proyectos de infraestructura y
el desempeño del Instituto.
Desde 2011, el
presupuesto del INER aumentó de manera constante para luego entrar a un periodo
de estabilidad. En los años en que revisó la ASF contó con un presupuesto de
243 millones 116 mil 420 pesos y 274 millones 745 mil 041 pesos,
respectivamente.
Para 2019, el
presupuesto bajó a niveles similares a los de 2015, y se ubicó en 223 millones
226 mil 984 pesos. Para 2020 aumentó a 271 millones 025 mil 669 pesos.
Desde la
Secretaría de Salud (SSa) de la administración pasada se reconoció como
problemática la desvinculación de las investigaciones científicas y de
desarrollo tecnológico con los padecimientos prioritarios, los cuales requieren
de investigación continua y de nuevas aplicaciones tecnológicas, y con los
emergentes, definidos como los que surgen por primera vez por causas
desconocidas, debido a que los diagnósticos son poco precisos, la baja
producción de investigaciones y la insuficiencia de recursos financieros.
Así llega
el INER a la crisis del coronavirus y le anteceden errores en su operación.
LA REVISIÓN
DE 2016.
El documento
que publicó la ASF hace cuatro años, mostró que con el objetivo de realizar
investigaciones científicas y de desarrollo tecnológico vinculadas con los
padecimientos respiratorios prioritarios y emergentes, el Instituto esta tarea
de “forma inercial” porque no identificó los padecimientos respiratorios
emergentes sobre los cuales debía establecer sus líneas de investigación.
Tampoco
acreditó la correspondencia de los temas prioritarios con las investigaciones
realizadas, ni la vinculación de sus resultados con las necesidades de los
119.5 millones de mexicanos susceptibles de padecer estas enfermedades, además
desconoció su beneficio en la mejora de la atención de esos padecimientos.
Eso
provocó que el instituto no delimitó su campo de acción. En ese año, 2016, el
instituto desarrolló 407 investigaciones sin definir su clasificación en
básicas y aplicadas, ni por su contribución al desarrollo científico y
tecnológico.
Para la
difusión, realizó 215 actividades, pero no se sabe si esos eventos
estuvieron relacionados con lo investigado, ni que se hubieran dirigido a la
sociedad en general. Luego, no se clasificaron resultados de las 407
investigaciones desarrolladas, en los beneficios para la población en términos
de comprender, prevenir, diagnosticar y tratar los padecimientos respiratorios
prioritarios y emergentes.
Eso
provocó que no hubo vinculación de líneas de por lo que también se afectó
directamente en la mejora de la atención de los padecimientos y en la toma de
decisiones en el sector.
EL ÚLTIMO
AÑO DEL PRI.
Para 2018, en
la revisión de proyectos de infraestructura, se fiscalizaron 63 millones de
pesos que estaban dedicados a la conservación y mantenimiento en condiciones
adecuadas de los bienes inmuebles para garantizar la operación institucional,
la seguridad de pacientes, del personal del Instituto, y de los visitantes.
De esta
auditoría quedaron pendientes 4 millones 368 mil 168 pesos por aclarar.
Se revisó
el Programa de Mantenimiento de Protección Civil y se encontraron obras que se
hicieron sin un dictamen estructural, sin registro de obra ejecutada, ni la
intervención de un Director responsable de obra para la realización de los
trabajos.
Para
otras obras hubo diferencias de volúmenes de obra pagada contra los verificados
físicamente, obra retrasada y pagos por conceptos no previstos y que no eran
necesarios.
Finalmente, sobre
el desempeño del Instituto la ASF evidenció deficiencias en la administración y
utilización de los medicamentos controlados como el sulfato de morfina y el
citrato de fentanilo, “poniendo en riesgo la disponibilidad de este tipo de
opáceos necesarios para mitigar el dolor de los padecimientos respiratorios”.
De nuevo
sobre la investigación científica, se señaló que no se establecieron
criterios y estrategias para motivar a los investigadores a que consideraran el
número de casos de enfermedades más recurrentes registrados en el instituto,
para propiciar la realización de estudios enfocados en la atención de dichos
problemas de salud.
En la
atención médica, el INER no elaboró el diagnóstico situacional sobre la
suficiencia de la infraestructura y el equipamiento médico para asegurar el
otorgamiento de los servicios médicos de alta especialidad a la población que
los requirió en 2018.
Y de nueva
cuenta, en el ámbito de la obra pública, se encontró que no hubo
justificación para realizar la adecuación de los almacenes de víveres, farmacia
y mantenimiento operativo, por un monto de 10 millones 598 mil 888 pesos; en la
obra “Reforzamiento y adecuación de barda perimetral de piedra”, el INER
desechó la propuesta económica que ofreció la mejor condición de precio y para
la “Adecuación del área de almacén de víveres, de farmacia y mantenimiento
operativo”, el instituto desechó, de nueva cuenta, la propuesta que ofrecía el
menor costo, con el argumento de que el contratista no acreditó la entrega de
los estados financieros; sin embargo, la ASF comprobó que en el expediente sí
estaban dichos documentos.
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