Por Sara
Pantoja.
El Juez Primero de Distrito en Materia
Administrativa, Jonathan Bass Herrera, concedió a la organización civil
Documenta una suspensión de plano para que el gobierno de la Ciudad de México
aplique e informe sobre las medidas que toma para garantizar el derecho a la
salud y la vida de personas privadas de la libertad y las que laboran en los 13
centros de reclusión, en el contexto de la emergencia sanitaria.
En un
comunicado, la organización sostuvo que ayer reclamó todas las medidas de
atención a la salud necesarias para evitar contagios de covid-19, que se
garanticen los suministros básicos de higiene, el acceso a agua potable y agua
corriente, y el derecho a la alimentación, ya que se ha restringido el acceso a
visitas.
También solicitó
que se garantice el contacto con el exterior, el acceso a la información y la
gobernabilidad por posibles motines debido a falta de atención.
De acuerdo
con Documenta, en la suspensión concedida, el juez solicita puntualmente al
gobierno de la Ciudad de México cinco medidas, la primera de las cuales es
seguir protocolos de prevención sanitaria respecto del covid-19 conforme a lo
establecido por la Secretaría de Salud, dentro de los centros de reclusión.
La
segunda tiene que ver con la implementación de medidas generales sanitarias
eficaces y proporcionales para prevenir y evitar el contagio, y la tercera
consiste en instrumentar acciones para detectar casos de covid-19 en
reclusorios.
La cuarta, tomar
medidas para garantizar a personas privadas de la libertad el contacto con el
mundo exterior para que puedan mantener comunicación con sus familiares. Y la
quinta, garantizar el acceso a la información para que internos y familias
tengan conocimiento de las medidas adoptadas ante la pandemia.
De
acuerdo con la orden del juez, en un lapso de 24 horas el gobierno local deberá
rendir un informe sobre el cumplimiento de estas medidas.
Según
Documenta, este martes el gobierno local notificó que, tal como lo solicitó
en una petición administrativa el pasado 1 de abril, la Subsecretaría de
Sistema Penitenciario lleva a cabo la identificación de posibles candidatos a
preliberación de personas privadas de la libertad que cumplan con las hipótesis
previstas en el artículo 146 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que
sus expedientes sean examinados y, de ser procedente, se tramite su
preliberación ante jueces de ejecución.
Además, informó
que están trabajando en el cumplimiento del programa “Liberación Humanitaria”,
para la revisión de expedientes de personas privadas de la libertad
pertenecientes a grupos vulnerables.
Por último, el
Tribunal Superior de Justicia capitalino ordenó levantar la suspensión de
actividades de los cuatro juzgados de ejecución, a fin de que las solicitudes
de beneficios de preliberación de personas vulnerables sean atendidas.
Con estas
medidas, Documenta celebró la disposición del gobierno capitalino de atender
esta solicitud.
Y agregó: “Continuaremos
impulsando la defensa de los derechos de poblaciones vulnerables en cárceles,
hospitales psiquiátricos, centros de adicciones y otros espacios de privación
de libertad, e insistiremos con que ellas y sus familiares deben ser atendidas
con urgencia y claridad ante la pandemia por coronavirus, para garantizar el
respeto pleno a sus derechos humanos”.
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