Por Efrén
Flores.
La
pandemia de coronavirus fuerza al Gobierno federal a romper el cochinito. Sólo
entre el 3 de marzo y el 6 de abril tuvo que desembolsar 2 mil 243 millones 10
mil 133 pesos en bienes y servicios, para que las instituciones públicas puedan
enfrentar y prevenir la enfermedad que seguirá afligiendo al país, por lo menos
hasta mediados de junio, de acuerdo con datos oficiales.
El gasto
extraordinario fue ejercido por un centro de investigación del Instituto Politécnico
Nacional (CINVESTAV), cuatro institutos de salud (IMSS, INPER, INR e ISSSTE),
los hospitales regionales de alta especialidad del Bajío y de la Península de
Yucatán, así como por la Secretaría de Bienestar y el órgano desconcertado de
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Telecomm-Telégrafos.
Entre los
artículos adquiridos por estas instituciones del sector público destacan al
menos 837 mil 100 cubrebocas, mascarillas faciales completas y protectores
respiratorios para filtración microbiológica, 44 mil 651 guantes de
exploración, 18 mil 499 piezas de ropa quirúrgica, 16 mil 213 envases y
dispensadores de gel, jabón y soluciones antisépticas, 9 mil 597
micronebulizadores, 5 mil 287 sondas Foley y circuitos de manguera, 3 mil
capuchas de polipropileno de protección, 2 mil 500 ventiladores, 2 mil 197 gafas y goggles, además de 1 mil
237 resucitadores.
Para
poner en perspectiva el gasto de estas nueve instituciones gubernamentales, la
Unidad de Datos de SinEmbargo realizó una comparación con el presupuesto anual
para 2020 de las 24 entidades paraestatales de la Secretaría de Salud, como lo
son el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y el Sistema Nacional
para el Desarrollo Integral de la Familia, por mencionar algunos ejemplos.
De dichas
entidades, sólo el Hospital General de México de la capital del país tiene
un presupuesto anual (3.3 mmdp) superior al valor de las 44 adjudicaciones
directas para palear la pandemia de COVID-19 en México, indican cifras del
portal de compras de la Secretaría de la Función Pública (CompraNet) y del
“Calendario del Presupuesto Autorizado para el Ejercicio Fiscal 2020” de la
Secretaría de Salud (SSA).
Este
desembolso de recursos públicos se dio en un contexto en que el Gobierno
federal autorizó medidas extraordinarias para la SSA, y en que las autoridades
sanitarias y el Poder Ejecutivo han tenido que ir ajustando sus proyecciones de
gasto para enfrentar la pandemia de talle internacional.
El 27 de
marzo de este año, el Presidente Andrés Manuel López Obrador expidió un decreto
para que la Secretaría encabezada por el doctor Jorge Carlos Alcocer Varela
pueda, entre otras cosas, auxiliarse con recursos médicos públicos, privados y
sociales, así como adquirir todo tipo de bienes y servicios médicos a nivel nacional
o internacional, “sin necesidad de llevar a cabo el procedimiento de licitación
pública”, se lee en
el Diario Oficial de la Federación.
Asimismo,
y de acuerdo con el Artículo Tercero del decreto presidencial, las dependencias
y entidades de la Administración Pública Federal tienen la obligación de
“coordinarse y brindar los apoyos que sean requeridos por la SSA, para la
instrumentación de las medidas de mitigación y control de la enfermedad causada
por el SARS-CoV2 (COVID-19) en nuestro país”.
Acerca del
uso de recursos públicos adicionales, el Secretario de Hacienda Arturo
Herrera Gutiérrez ha dicho que el gasto en salud para enfrentar la pandemia de
coronavirus en México no tendrá un impacto importante en el Presupuesto de
Egresos de la Federación.
“El monto
de lo que se va a requerir está en unos cuantos cientos de millones de pesos”
para adquirir material de curación como batas, cubrebocas y goggles para los
trabajadores de salud, explicó el economista el 6 de marzo de 2020.
Días después
de la declaración de Herrera, el subsecretario de Prevención y Promoción de
la Salud de la SSA explicó que la pandemia no será breve en el país y que la
emergencia tendrá una duración de 12 semanas. Hugo López-Gatell Ramírez refirió
también que México tendría que destinar 3 mil 500 millones de pesos para
enfrentar el brote de COVID-19 a nivel nacional.
Posteriormente,
la SSA refirió en un comunicado con fecha del 24 de marzo que ya habían sido
destinados 4 mil 500 millones de pesos para la aplicación de los Planes DN-III
y el Plan Marina, además de 25 mil 300 millones transferidos y adelantados para
la atención de los programas de salud de las entidades federativas, así como 4
mil 500 millones que el Instituto de Salud Para el Bienestar destinó para la
compra de material de curación, medicamentos y equipamiento.
GASTO POR
CONTRATO.
El monto
conjunto de los 44 contratos adjudicados por nueve dependencias gubernamentales
implicó una inversión equiparable al 3.5 por ciento del gasto neto en salud por
parte del sector público presupuestario hasta febrero de 2020, de acuerdo con
las cifras más recientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Aunque es
una inversión mínima como proporción (0.04 por ciento) del Presupuesto de
Egresos de la Federación, éste uso de recursos públicos nos da una idea de las
líneas prioritarias de gasto en tiempos de emergencia sanitaria.
De
acuerdo con datos de CompraNet, el 99.1 por ciento del dinero ejercido en los
contratos fue para adquirir equipo médico y material de curación. Sólo un
contrato del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por 2 mil 221 millones
70 mil 879 pesos, que fue para comprar 2 mil 500 ventiladores, acapararon el
99.9 por ciento de esta categoría de gasto.
Del resto
de los recursos erogados entre el 3 de marzo y el 6 de abril de este año, el
0.5 por ciento (12.4 mdp) sirvió para la adquisición de artículos de protección
y prevención en dependencias gubernamentales, como son cubrebocas y gel
sanitizante.
El otro
0.4 por ciento fue utilizado en servicios de mantenimiento y desinfección de
bienes inmuebles (5 mdp), insumos para operativos como combustible para
vehículos oficiales (2 mdp), además de materiales de difusión para campañas
relacionadas con la pandemia de COVID-19 en México (240 mil 120 pesos).
La
dependencia que más recursos erogó fue el IMSS (2.2 mdp), seguido por el
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (6
mdp), el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío (3.3 mdp), la
Secretaría de Bienestar (2.6 mdp), el Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (1 mdp), Telecomunicaciones de
México (229.6 k), el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de
Yucatán (198.5 k), el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de
los Reyes (168.6 k) y el Instituto Nacional de Rehabilitación (69.6 k).
Un
cálculo del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) indica
que la SSA requerirá cuando menos 16 mil millones de pesos adicionales a los
128 mil 826 millones 414 mil 373 pesos que recibirá a lo largo de este año como
parte de su presupuesto regular, para poder atender la crisis de salud causada
por el coronavirus.
Dichos
recursos incluyen un estimado de 14 mil 210 millones de pesos para
incrementar el capital humano de la SSA, así como 1 mil 790 millones para
comprar pruebas de detección de COVID-19.
“Los
países que destinan menor presupuesto para salud suelen tener menor capacidad
humana en cuanto a médicos y enfermeras. México se encuentra en esta situación
con 0.55 médicos por cada mil habitantes y 1.14 enfermeras por cada mil
habitantes. Duplicar el número de médicos generales durante tres meses sería
equivalente a destinar 6 mil 281 mdp. Mientras que para duplicar el número de
enfermeras durante tres meses se requieren 7 mil 928 mdp. En total, una suma de
14 mil 210 mdp”, se lee en el documento “Consideraciones de política fiscal
ante el COVID-19”.
Acerca de
la capacidad de suministro en materia de salud del Gobierno federal, el Centro
refiere que “la política de respuesta inmediata debe centrarse en la
disponibilidad de suficientes pruebas de diagnóstico y suministro de
emergencias, siendo que “el alcance depende del número de pruebas que se apliquen
por cada millón de habitantes”.
En ese
sentido, el CIEP indica que “Corea, por ejemplo, ha aplicado 6 mil 100
pruebas por cada millón de habitantes, mientras que Estados Unidos ha aplicado
136 pruebas por millón de habitantes. Estos dos escenarios serían equivalentes
a destinar 39.8 mdp con el parámetro de Estados Unidos o mil 790 mdp con el
parámetro de Corea, sólo para la compra de pruebas de detección, considerando
un costo de producción de 87 euros o 2 mil 309 pesos (OCDE 2020)”.
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