Julio Astillero.
Los partidos
políticos nacionales están virtualmente borrados del escenario público
relacionado con el Covid-19. Por Morena habla y decide el Presidente de la
República, no sólo por sistema, sino porque actualmente es inestable el
liderazgo de ese partido presuntamente en el poder: Yeidckol Polevnsky
sobrelleva en virtual silencio la derrota que le causó el círculo más cerrado
del obradorismo, mientras Alfonso Ramírez Cuéllar ejerce con discreción el
papel de presidente interino que pronto debería convocar a elecciones internas,
con Bertha Luján Uranga (BerLU) colocada aún como la aspirante más mencionada
para el relevo formal.
Los partidos
aliados a Morena o, más específicamente, a Andrés Manuel López Obrador (AMLO),
son satélites políticos. Y la oposición partidista sólo hace pronunciamientos
con escasa base social y sin consecuencias importantes: son las cúpulas
empresariales, en todo caso, las verdaderas instancias de confrontación de las
políticas andresinas.
A sus cuitas
irresueltas en lo que va del sexenio, los partidos opositores añaden la presión
desde Palacio Nacional para que cedan la mitad de su presupuesto de este año
para destinarlo a los gastos que está generando la atención del Covid-19 en
México. Morena, obviamente, ha contestado positivamente: con López Obrador en
absoluto control, hasta ahora, en el manejo informativo y de la agenda pública
de discusiones y con un ejército de Servidores de la Nación que al mando de
superdelegados estatales garantizan resultados electorales, Morena y su
presupuesto son relativamente prescindibles, tal vez hasta estorbosos para el pluripartidismo
centralizado que revolotea como estrategia en Palacio Nacional, a partir de la
irrupción de nuevos partidos dispuestos a caminar de la mano de AMLO, salvo uno
que otro, como el calderonista México Libre, si logra que le concedan el
registro.
Hasta ahora,
además de Morena, sólo ha habido respuesta de la bancada del satelital Partido
Encuentro Social (que perdió su registro en 2018, pero mantiene fracciones
legislativas con todas sus prerrogativas y ya está puesto para resurgir,
cambiando el social por solidario). Los demás han puesto condiciones o han
intentado subterfugios. Saben que, sin dinero público para su operación,
tendrán menor grado de oportunidad de triunfar electoralmente en 2021.
Aunque,
claro, siempre habrá la posibilidad de financiamientos externos,
indocumentables y de difícil fiscalización como, por ejemplo, los que podrían
suministrar ciertos empresarios deseosos de cambiar el mapa político nacional
(de cuello blanco y también de los otros, los relacionados con el negocio criminal
explícito, como el narcotráfico).
Así como al
anunciar la nacionalización de la banca en su último informe de gobierno José
López Portillo propició involuntariamente la irrupción de un grupo de
empresarios de todo el país en el PAN para pelear el poder (Manuel J.
Clouthier, Fox, Barrio Terrazas, entre muchos otros; corriente a la que se
denominó los bárbaros del norte), ahora el fuerte diferendo entre élites
empresariales y el presidente López Obrador podría abrir la puerta a la
participación política y electoral de representantes del empresariado
inconforme.
De la
videoconferencia que sostuvo con empresarios y dirigentes de organismos
sociales de todo el país, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) podría ya
tener material para ir elaborando la lista de aspirantes a cargos de elección
popular en 2021. Ahora ni siquiera habría que violentar la historia doctrinal
de Acción Nacional, como lo hicieron aquellos bárbaros del norte: el mismo
partido de blanco y azul, lo que queda del de la Revolución Democrática, el
remolón Movimiento Ciudadano y otras organizaciones están ansiosas de regio
financiamiento, candidatos viables (con dinero para campañas) y un proyecto de
supervivencia política. Otros inversionistas, oscuros, de cárteles que se
sientan desplazados, también podrían sumar capitales. Follow the money.
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