Por Arturo Ángel.
La
Fiscalía General de Justicia de Veracruz solicitó a un juez órdenes de
aprehensión en contra del exdiputado del PRI Antonio Tarek Abdalá, y del
contador Víctor Manuel López Gachúz, por su presunta participación en la
operación de una red de empresas fantasma a través de las cuales se desviaron
millones de pesos en el gobierno de Javier Duarte.
También
se pidieron órdenes de arresto en contra de 23 personas más entre accionistas
de empresas fantasma y exfuncionarios de Veracruz, de los cuales 10 ya fueron
detenidos y encarcelados el pasado fin de semana. Este jueves se llevará a cabo
la audiencia en la que un juez definirá si los vincula o no a proceso por
múltiples delitos de fraude y corrupción.
Todos
ellos están implicados en una operación fraudulenta que fue documentada y
revelada desde 2017 por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la
Impunidad (MCCI), con la cual se consiguieron desviar mas de 3 mil 600 millones
de pesos de una decena de dependencias e instituciones del gobierno de Duarte.
Sin embargo,
por ahora la acusación de la Fiscalía estatal se centra solamente en lo
ocurrido en una parte del fraude ocurrida en el DIF de Veracruz y está
relacionada con 28 contratos a empresas fantasma que asciende 112 millones de
pesos. Se trata de los mismos hechos por los cuales nuestro país ya solicitó al
Reino Unido la extradición de Karime Macías, procedimiento que se encuentra en
desarrollo.
De acuerdo
con los documentos ministeriales a los que Animal Político tuvo acceso, la
lista de los 25 imputados la componen nueve exservidores públicos del DIF local
y 16 accionistas y/o apoderados de las empresas que simularon operaciones que
le facturaron a dicho organismo.
Los
fiscales sostienen que si bien las empresas fueron constituidas legalmente,
estas no contaban ni con el personal ni con los recursos materiales para haber
realizado los servicios, y aun así los funcionarios del DIF local les facturaron
los pagos tras procedimientos de contratación irregulares o arteramente
simulados.
“Valiéndose
de su cargo de funcionarios públicos se prestaron a el entramado de estas
empresas fachada causándole un grave detrimento patrimonial al DIF Estatal, pero
sobretodo faltando a su objetivo principal, como lo es la asistencia social, es
decir el apoyo a la población vulnerable” señala la acusación presentada al juez.
De acuerdo
con la Fiscalía de Veracruz, todo este entramado de irregularidades deriva
en la posible comisión de múltiples delitos que van desde el fraude específico,
hasta la coalición, ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad
e incluso asociación delictuosa.
Los fiscales
añadieron que los presuntos implicados fueron citados en calidad de
imputados para que respondieron por los cargos, pero no comparecieron, motivo
por el cual se consideró necesario solicitar las órdenes de aprehensión en su
contra, principalmente porque en el caso de varios de ellos no existe certeza
de su paradero.
Tarek y
Gachuz, imputados clave.
Entra la
lista de las 25 personas en contra de las cuales la Fiscalía procedió
penalmente destacan dos personajes clave por el papel que desempeñaron en el
presunto entramado fraudulento, y los cuales aún no son detenidos.
Uno de
ellos es el del exdiputado federal del PRI Antonio Tarek Abdalá, quien se
desempeñó en el gobierno de Duarte primero como director de Finanzas del DIF de
Veracruz, y luego como tesorero de la Secretaría de Finanzas estatal.
En la
acusación presentada ante el juez se le responsabiliza de haber encabezado la
operación administrativa que permitió que el DIF local concediera múltiples
contratos a las empresas fachada.
Pero de
acuerdo con las investigaciones periodísticas publicadas, el rol de Tarek
Abdalá va mas allá. Se trata del
presunto artífice del contacto del gobierno de Veracruz con la red de empresas
fachada primero desde el DIF local y posteriormente de múltiples dependencias
de la administración estatal.
Fue la
Tesorería del estado que el encabezaba desde donde se habrían facturado al
menos 1 mil 459 millones de pesos de los 3 mil 617 millones desviados de las
arcas estatales. Exfuncionarios veracruzanos señalaron a su vez que Tarek
también ordenaba los pagos etiquetados desde otras dependencias.
El propio Tarek
Abdalá reconoció en una declaración formal ante la extinta PGR que en efecto
llevó a cabo el pago de facturas a empresas fachada, pero sostuvo que lo hizo
siguiendo las órdenes de Duarte y de Karime Macías. Dicha declaración la
realizó tras alcanzar un acuerdo con dicha Procuraduría que le permitió no ser
procesado durante varios años.
El otro
personaje clave es el contador Víctor Manuel López Gachuz, cabeza de un
despacho de contadores denominado GLG Empresarial, y dueño de restaurantes y
otros negocios. De acuerdo con el expediente presentado ante el juez, varios de
los socios de las empresas fantasma eran trabajadores del referido despacho.
En el
reportaje “Fábrica de Empresas Fantasma” publicado por Animal Político y
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), se documentó que fue
el despacho de López Gachuz el responsable de constituir una red de casi 400
empresas fachada las cuales fueron utilizadas tanto para ganar contratos del
gobierno de Duarte, así como para transferir el dinero y ocultar su origen.
Una de
esas empresas se utilizó, por ejemplo, para adquirir una casa y varios terrenos
que Javier Duarte le regaló a una exfuncionaria, mientras que otra compañía de
la red (Logística Asismex) fue utilizada para financiamiento electoral ilegal
en la campaña del expresidente Enrique Peña Nieto.
Cabe señalar
que luego de la publicación de este reportaje, el despacho de López Gachuz
cambió su imagen y nombre, pero continuó operando en las mismas oficinas
localizadas en la calle de Sahagún 123, del municipio de Boca del Río,
Veracruz,
EL RESTO DE
LOS IMPUTADOS.
De los 23
imputados restantes hay diez que ya fueron detenidos. Siete son socios o
apoderados de las empresas Pefraco, Anzara, Rinoxa, RAVSAN Servicios Múltiples,
Abastecedora Romcru, Grupo Balcano y Centro de Negocios CERENE, que ya fueron
calificadas de forma definitiva por el SAT como empresas que facturan
operaciones simuladas.
A estas
personas los fiscales les imputan el delito de fraude especifico en agravio del
DIF de Veracruz.
Los otros
tres detenidos son Julián Alberto Rubín Sandoval, Víctor Manuel Carrizo Yoval.
Y Emilia
Yasbé Azamar Hernández, todos exfuncionarios del referido organismo y que
tuvieron algún grado de participación en las contrataciones ilegales. A ellos
se les acusa de abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público,
incumplimiento de un deber legal y coalición.
Entre los
que no han sido detenidos se encuentran —además de Tarek y Gachuz— otras
personas relacionadas con empresas fantasma y exfuncionarios del DIF local.
De ellos destaca
el caso de la exdirectora del DIF Astrid Elías Mansur, familiar de Moisés
Mansur, empresario que de acuerdo con investigaciones federales era un presunto
prestanombres del exgobernador Javier Duarte y quien desde hace dos años es
prófugo de la justicia. Se presume que se encuentra escondido en Canadá.
¿Qué sigue?
Un juez
de Veracruz determinará en audiencia pública si hay datos de prueba suficientes
para vincular a proceso a las diez personas que ya fueron detenidas por los
delitos ya señalados.
Los que
resulten procesados deberán permanecer en prisión preventiva hasta por un año
mientras se desarrolla el juicio. Esto luego de que en la audiencia inicial el
juez consideró que si bien los delitos no son graves, existe el riesgo fundado
de que puedan escapar por lo que su encarcelamiento es justificado.
Por otro
lado, se encuentran pendientes de cumplimentar las órdenes de aprehensión
que fueron concedidas por el juez a petición de la Fiscalía.
En el
caso específico de Tarek Abdalá y López Gachuz, hay autoridades que presumen
que podrían encontrarse fuera del estado y posiblemente del país, por lo que se
estudia incluso la emisión de una alerta migratoria y posible ficha roja de
Interpol para facilitar su localización y detención.
Además, hay
diversas investigaciones ministeriales a nivel federal y estatal que siguen en
curso.
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