¿Quién tiene el poder en México?

Raymundo Riva Palacio.

En las crisis siempre hay un ganador. México, como el mundo, atraviesa por dos crisis, la de la pandemia del Covid-19 y la económica. Pero además, está viviendo una profunda crisis política atravesado por un conflicto creciente entre las élites, una ruptura del consenso nacional y un profundo deterioro de la gobernanza. Hay desacuerdo entre las élites sobre la conducción del presidente Andrés Manuel López Obrador, y llevado a que el sector empresarial, que lo había estado apoyando, casi al punto de la ruptura, mientras que gobiernos locales, ante la gradualidad presidencial para afrontar la doble crisis, han tomado las soluciones inmediatas en sus manos. El vacío de poder es real.

Los vacíos en política, ya se sabe, existen efímeramente porque inmediatamente alguien los llena. Ante la fragmentación que se vive en el país, el único grupo como gremio, por llamarlo de alguna manera, que se mantiene cohesionado, es el criminal. Los cárteles de la droga han venido actuando para prepararse frente a la pandemia, a fin de que resulten menos diezmados por el virus, y han tomado acciones de apoyo a la población, tanto asistenciales, como económicas. Las organizaciones criminales están compactas, y sin dejar la guerra entre ellas, han aprovechado el vacío institucional.

La variable más grave de sus acciones es el asalto al sistema de salud. Varios gobiernos estatales han reportado al gobierno federal que los directores de sus instituciones médicas están solicitando protección para ellas y ellos, así como para sus familias, porque las organizaciones criminales les están amenazando: o les entregan los suministros que tienen de guantes, gel y mascarillas N-95 –así, con esa precisión exigen las mascarillas de máxima protección que usan quienes están en la primera línea de combate al Covid-19–, o las y los matarán, junto con sus familias.

Los gobiernos han pedido el respaldo de las Fuerzas Armadas, y ya se han realizado varias reuniones con el Ejército y la Marina para instrumentar la protección a las instituciones médicas, a titulares de ellas y a las bodegas en donde se resguardan los suministros. Este fenómeno de la violencia es una externalidad no prevista en el actual escenario, que acentúa aún más las dificultades que tiene el Estado mexicano para enfrentar las crisis.

No ayuda, en absoluto, lo que ha sucedido con la estrategia para combatir a los criminales. Al fracaso gubernamental del gobierno federal en el combate a la violencia y reducción de la inseguridad, se le combina con el trato que López Obrador dispensa al Cártel de Sinaloa, ejemplificado por la forma cooperativa y solidaria con la que trata a Joaquín El Chapo Guzmán y a su familia.

El Presidente le ha dado implícitamente una carta blanca a las organizaciones criminales para que actúen con intangible impunidad. Los cárteles de la droga lo están haciendo. Las amenazas al sistema de salud estatal es una afrenta a todos, al pretender hacerse de insumos que están siendo utilizados para prevención y para la atención de las personas contagiadas. Las Fuerzas Armadas, que no están en la lógica presidencial del trato de terciopelo del Presidente a los criminales, actuarán en lo que esté a su alcance. Lamentablemente, no alcanza.

Los grupos criminales han encontrado otras formas de ganar espacios entre la sociedad. La prensa documentó recientemente la entrega de despensas con arroz, frijol, aceite y latas de productos no perecederos a la población, por parte del Cártel del Golfo en Ciudad Victoria, la capital de Tamaulipas, y en la fronteriza Matamoros. Las autoridades tamaulipecas están investigando el caso para determinar si la acción obedeció a un reacomodo de grupos criminales, donde el impacto mediático fue superior a la acción social que realizaron.

En todo caso, la percepción de ayuda criminal por encima de la federal, se consolidó. En Michoacán, los medios reportaron entregas de despensas similares en los municipios de Tierra Caliente, por parte de otra banda criminal, Los Viagras, que está asociándose con una nueva versión de La Familia Michoacana, para fortalecer su lucha contra el Cártel Jalisco Nueva Generación.

En la Ciudad de México, las organizaciones criminales también están llevando a cabo acciones de alivio para una parte de las pequeñas y medianas empresas. Esta semana en el muy escuchado programa Ya Párate, en la radiodifusora juvenil 'Los 40 Principales' de W Radio, uno de los conductores, Facundo, le preguntó a uno de los co-conductores, Rafael Basaldúa, que es ampliamente conocido como Bazooka Joe, sobre un pequeño restaurante que tiene por la zona de Coapa, en el sur de la Ciudad de México, para saber cómo le estaba yendo con el negocio. Mal, le respondió, con ingresos diarios que no sobrepasan los 200 pesos. “Los únicos que han sido buena onda y redujeron un 50 por ciento de su cuota -abundó- fueron los malosos”.

El derecho de piso criminal entendió mejor que el gobierno federal la crisis por la que atraviesan las pequeñas y medianas empresas. Esto no es sorna, y ni siquiera crítica. Esto es un reflejo de lo que está sucediendo en los sótanos de este país, que está pasando desapercibido en las élites que se encuentran enfrascadas en luchas políticas e ideológicas, topándose con oídos sordos y arrebatos, sin buscar puntos de acuerdo en momentos de crisis que siguen abriendo la brecha del disenso, dejando libres los espacios no para la anarquía, sino para quienes ven oportunidades en el desorden nacional para protegerse de la pandemia, ensanchar sus bases sociales y mantener el negocio funcionando con sus propias medidas de recuperación económica. Qué paradoja. El crimen organizado, con inteligencia racional, ocupando un espacio de poder.

Aviso: Esta columna dejará de publicarse jueves y viernes. Se reanuda el próximo lunes 13 de abril.