Por Jaime
Luis Brito.
El
gobierno de Morelos debe responder por el paradero de al menos 10 mil millones
de pesos ejercidos en el sexenio del perredista Graco Ramírez Garrido Abreu
(2012 a 2018), de
acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Señalado
por diversos personajes como la administración más corrupta del estado, sobre
el entonces mandatario de origen tabasqueño y sus colaboradores también pesan
30 carpetas de investigación luego de que el actual gobierno del exfutbolista Cuauhtémoc Blanco
interpuso denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción
de Morelos.
La
mayoría de esos procesos locales contra Graco están ligados a la “distracción”
de recursos de origen estatal; el dinero fue desviado y utilizado para pagar a
sobreprecios millonarios obra pública inconclusa o que nunca se realizó.
Por
dichas acusaciones se destacan los casos de los exsecretarios Patricia
Izquierdo, de Obras Públicas; Topiltzin Contreras, de Desarrollo Sustentable, y
Jaime Álvarez, de Turismo. Los dos primeros aprobaron el pago de proyectos que
nunca se terminaron; el último funcionario autorizó a sobreprecio el desembolso
de al menos 8 millones de pesos para un concierto.
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