Enrique
Quintana.
Dicen que
las malas noticias llegan en cascada. Junto con la pandemia y la crisis
económica que ya tenemos encima, pareciera gestarse una ruptura entre el
presidente de la República y el sector privado.
Aunque aún
se mantiene la interlocución, prueba de ello son las reuniones que se han
realizado en los últimos días y quizás algunas otras todavía en puerta, la
realidad es que se está abriendo un abismo.
La causa
fundamental es que la Presidencia de la República ha desechado prácticamente la
totalidad de las propuestas del sector privado para enfrentar la crisis.
La situación
no augura nada bueno para México. El sector privado es responsable de más de 86
por ciento de la inversión que se realiza en el país, según datos del Inegi.
Si el saldo
del proceso que hoy vivimos fuera la parálisis de la inversión privada en los
siguientes meses y años podríamos estar ante un sexenio completo de
estancamiento o incluso recesión.
No es la
primera vez que hay una clara distancia entre el sector privado y el gobierno
federal.
En las
páginas de El Financiero, publicamos hace un par de días aquella célebre carta
que los empresarios le enviaron al presidente Adolfo López Mateos en noviembre
de 1960, preocupados por una política de gasto público orientada a la adquisición
de empresas privadas.
Pero quizás
el caso más claro de distanciamiento se produjo durante el sexenio de Luis
Echeverría.
El sector
privado virtualmente rompió lanzas en contra de un gobierno al que visualizó
contrario al ejercicio de la libre empresa y el resultado fue una crisis
económica y social que reventó en 1976 y rompió 22 años de estabilidad.
El siguiente
gran quiebre se presentó en 1982 cuando el entonces presidente López Portillo,
desesperado por el fracaso de su estrategia económica, tomó la decisión de
estatizar la banca privada y endosar a sus propietarios la responsabilidad de
la crisis que entonces vivíamos.
Esa
decisión, junto con el desastre de los años previos condujo a que prácticamente
todo un sexenio, el de Miguel de la Madrid, la economía mexicana no creciera.
Entre 1982 y 1988, el crecimiento del PIB fue 0.4 por ciento y el PIB per
cápita cayó 10 por ciento en términos reales.
En el
presente, las cosas podrían ser peores ya que la inversión pública llegó a los
niveles más bajos de su historia reciente.
Una
parálisis de la inversión privada generaría un sexenio perdido y muy
probablemente un deterioro social de grandes proporciones.
Pero además
la perspectiva sería ominosa en el ámbito político.
Si el
presidente López Obrador encuentra en el sector privado a un actor a quien
pueda responsabilizar por no lograr las metas de su administración, no sabemos
qué tipo de decisiones pueda tomar.
Sin embargo,
las historias citadas nos muestran que los gobiernos son capaces, desde
expropiaciones hasta la creación de ambientes que atizan las divisiones que
existen de por sí entre nuestra sociedad.
No estamos
aún en un punto de no retorno, pero sí de alto riesgo.
Quienes
están alrededor del presidente de la República, como parte de su equipo, y
alcanzan a percibir los riesgos que implica una ruptura con la iniciativa
privada, deben jugársela para impedirlo.
Del sector
privado, la búsqueda de la conciliación ha rayado incluso en la exageración y
una apariencia de sumisión.
La pelota
está en la cancha del presidente.
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