Por
Guadalupe Fuentes López.
“Tenemos un proyecto que a ustedes como ejido
les va a dejar mucho dinero; solo necesitamos que se convoque a una asamblea”,
le dijeron en 2016 al comisario ejidal de la localidad de Sinanché, que se
ubica al norte de la Península de Yucatán. Días después se realizó la reunión,
llegaron los ejidatarios y representantes de una empresa que construiría un
parque eólico. Les prometieron un pago justo por la renta de sus tierras y una
consulta previa, libre e informada. Pero los engañaron. Los contratos que se
firmaron eran “completamente leoninos”, en ninguno se estipulaba alguna sanción
si se incumplía con los pagos o si se destruían los ecosistemas, contó Ezer R.
May May, defensor de los pueblos mayas.
Así fue
como la mayoría de las empresas llegó a Yucatán y a Oaxaca a construir parques
eólicos luego de que en el año 2013, la recién aprobada Reforma Energética
permitió la participación de privados en el sector eléctrico y la explotación
de hidrocarburos.
Ahora, cuando el sector energético mexicano atraviesa por un momento convulso
debido a un acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y de una
disposición de la Secretaría de Energía que limita la generación de energía
renovable, estas compañías vuelven a colocarse en el centro de atención,
pues si bien es cierto que México requiere el desarrollo de energías limpias,
éste no debe violar los derechos humanos.
“No es
que no nos parezca importante un parque eólico o que no sea necesario transitar
a una nueva forma de producción eléctrica y energética, con lo que estamos en
desacuerdo es en cómo llegaron las empresas”, explicó Ezer, quien logró frenar
en Kimbilá (localidad del municipio de Izamal ubicada a 45 kilómetros de
Mérida) un parque eólico de la empresa española Elecnor.
El también
antropólogo e historiador destacó que la resistencia de los pueblos no es en
contra de los megaproyectos, en este caso los parques eólicos, sino en las
formas en que se establecieron: engañando a los ejidatarios.
“La
empresa llega y busca al comisario ejidal y le da dinero, luego el comisario se
asombra y le dice que va a convocar a una asamblea. Entonces, el comité ejidal
lo que hace es invitar a los ejidatarios y trata de convencerlos de que acepten
el proyecto, de tal forma que cuando ya se realizan las asambleas todos los
ejidatarios están de acuerdo en firmar los contratos”, dijo Ezer a SinEmbargo, quien
también colabora en el Foro para el Desarrollo Sustentable AC.
Pero el
desencanto para los ejidatarios de Oaxaca y Yucatán llegó días después, ya
cuando se habían firmado los contratos.
Algunas
veces las empresas no depositaban o lo hacían días después de lo acordado. En
otras ocasiones era el comisario quien les reducía el monto a los ejidatarios
argumentando que era para el mantenimiento del comisariado ejidal.
“El asunto
es que los contratos que se firmaban eran completamente leoninos, ni
siquiera eran revisados a conciencia”, expuso Ezer May. “Nosotros
tuvimos acceso a dos contratos que se firmaron y en ninguno se estipulaba
alguna sanción por si la empresa incumplía los pagos prometidos”.
El activista
detalló que si el ejido quería demandar a la empresa por incumplimiento de
contrato por no pagarles a los ejidatarios era complicado porque el contrato
que se había firmado no tenía contemplado que existiera una sanción por esta
causa, pero sí las había para los habitantes en caso de que el ejido
incumpliera en ya no querer rentarles sus tierras.
Sobre este
tema, el Presidente Andrés Manuel López Obrador justificó su decisión de
limitar la generación de energías renovables denunciando esta semana en su
conferencia mañanera que hubo “contratos leoninos muy favorables a las empresas
particulares”, pero el Ejecutivo federal se refería a la parte de la
competencia, a que excluyeron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no a
las afectaciones de los pueblos.
Para el año
2018 se tenía el registro de aproximadamente 18 parques eólicos y 11
proyectos fotovoltaicos (solar) ubicados en 32 localidades de Yucatán. De
éstos, siete proyectos enfrentaban demandas ante tribunales agrarios. Por
ejemplo, el Parque Eólico Sinanché (operado por las empresas Fuerza y Energía
Limpia de Yucatán y Fuerza y Energía Limpia de Kukulkán), el Parque Chacabal 1
y Parque Chacabal 2, (de Aldesa Energía Renovables) y el Parque Eólico
Cansahcab (de la empresa BHCE Yucatán 1).
Esta semana,
el Cenace ordenó la reactivación a última hora del martes de las pruebas
preoperativas en las centrales de energía renovable, después de que varias
empresas operadoras recibieran amparos judiciales, según información de la
agencia EFE.
El Cenace
había prohibido estas prácticas con un acuerdo en vigor desde el 1 de mayo,
según el cual las centrales renovables suponían un peligro para la seguridad
energética en el país durante la pandemia por su intermitencia en la
generación. Había suspendido las actividades en 17 centrales, 7 eólicas y 10
fotovoltaicas.
Sin embargo,
según un documento emitido por el regulador y proporcionado a EFE por fuentes
del sector, el regulador autorizó ya a última hora del martes la reactivación
de las pruebas preoperativas en 23 parques.
De acuerdo
con la plataforma de datos abiertos del Gobierno federal, actualmente hay al
menos 154 empresas con permisos para generar electricidad con energía renovable
(solar, hidráhulica y eólica) que están operando en los estados de Oaxaca,
Veracruz, Nayarit, Guerrero, Jalisco, Puebla, Nuevo León, Baja California,
Guanajuato, Tamaulipas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Estado de México, Baja
California Sur, Sinaloa, Sonora, Chiapas, Coahuila, Durango, Yucatán,
Chihuahua, Zacatecas, Michoacán y Querétaro.
VIOLACIONES
EN EL ITSMO .
El Istmo de
Tehuantepec, conformado por los distritos de Juchitán y Tehuantepec en el
estado de Oaxaca, es una región que se caracteriza por vientos dominantes que
vienen del Golfo de México y desembocan por una cadena de montañas hacia el
Pacífico. Una cualidad que la hace atractiva para las empresas que producen
energía eólica.
Desde el
cielo se observa un espectáculo con miles de aerogeneradores que dan vueltas
impulsados por las ráfagas de viento. Abajo, ya en tierra firme, solo hay
caminos sin pavimentar que conducen a localidades como el fraccionamiento
Simona Robles, una zona arbolada del municipio de Juchitán. No hay escuelas de
nivel básico (preescolar y primaria) ni agua potable. Las casas son unos
cuartos pequeños con techos de lámina donde habitan pobladores quienes nunca
vieron las promesas de la Reforma Energética.
Como sucedió
en Yucatán, a Oaxaca llegaron empresas, muchas de ellas extranjeras, para
instalar parques eólicos como el Proyecto Eólica del Sur, el parque eólico más
grande de América Latina con 132 aerogeneradores en una superficie de 5 mil 332
hectáreas.
Este
proyecto, donde se realizó la primera consulta con el marco legal de la
Reforma Energética, es clave para entender las violaciones a los derechos de
los pueblos indígenas por parte de las empresas de energías renovables.
En el año
2014, el Gobierno federal anunció que se realizaría una consulta con los
pueblos del Istmo de Tehuantepec en donde Proyecto Eólica del Sur pretendía
instalarse, pero durante ese periodo, la Comisión Reguladora de Energía
(CRE) entregó a la empresa la autorización para explotar la energía eléctrica,
pese a que los estándares internacionales señalan que la consulta tiene que ser
previa y que los pueblos deben participar hasta en la Manifestación de Impacto
Ambiental.
Bettina Cruz
Velázquez, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de
Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio en Oaxaca, encabezó
entonces una lucha en contra del proyecto que pretendía instalarse desde el
2015.
Durante
la consulta, denunciaron pobladores, hubo presiones por parte de los
arrendatarios, constructores y caciques locales, quienes amenazaron a las
organizaciones contrarias al proyecto. Estas irregularidades fueron denunciadas
por integrantes del pueblo Binnizá en septiembre de 2015 y se logró suspender
el proyecto por casi tres años hasta que un cambio de juez benefició a la
empresa.
“En
febrero de 2016 cambian al juez que nos dio el amparo y lo mandan hasta
Tamaulipas. Después de eso llega el juez para sobreseer (suspender el
procedimiento judicial) el amparo”, explicó Bettina en una entrevista con la organización Fundar
en el año de 2018.
A partir de
entonces, las comunidades iniciaron una lucha para que el caso fuera atraído
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual le dio entrada de
forma unánime para su análisis.
Sin embargo,
en noviembre de 2018, la Primera Sala de la SCJN negó el amparo a la
asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec. Con tres votos a favor
y dos en contra, se determinó que sí se realizó una consulta a la población
sobre el parque eólico, pese a que el proceso se inició antes de la publicación
de la convocatoria.
Los
ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Norma Hernández Piña votaron a favor
del amparo a los pueblos, al considerar que no se respetó el derecho a la
consulta.
Actualmente
hay 1,915 aerogeneradores en 25 parques eólicos y ni uno de ellos ha sido con
la consulta previa libre e informada, denunciaron pobladores.
“Las
empresas dicen que traen mucho progreso y muchas ganancias, pero se vive en una
pobreza extrema”, dijo Mariano López Gómez, habitante de Juchitán en un video
de la organización Cencos. “Ya no queremos que se instale ni un solo
aerogenerador más. No queremos que esta energía siga alimentando a las grandes
transnacionales”.
Organizaciones
como Greenpeace, El Poder del Consumidor, el Centro Mexicano de Derecho
Ambiental y la Iniciativa Climática de México coincidieron en que es
necesario que México transite de una energía fósil a las renovables, pero sin
violar los derechos de los pueblos.
Pablo
Ramírez, especialista en Energía y Cambio Climático de Greenpeace México, reconoció
que algunas de las empresas eólicas cometieron los mismos errores de los
megaproyectos extractivistas.
“Aquí
hablamos de un problema de la lógica de implementación de los proyectos, muchos
de los proyectos de energías renovables que se han implementado van siguiendo
esta misma lógica de megaproyectos extractivistas, basados en la violación de
los derechos humanos y en el despojo. Nosotros creemos que una transición
energética que viola los derechos humanos y que afecta ecosistemas tampoco es
una solución”, dijo
esta semana durante una conferencia.
Stephan
Brodziak, de El Poder del Consumidor, consideró que se debe mejorar el marco
de planeación del sector energético para evitar estas irregularidades: “La
transición energética sí, pero no a cualquier costo. Se debe mejorar el marco
de planeación del sector energético para que garantice la consulta indígena
previa, libre e informada. Es el momento adecuado para hacer una revisión y
mejoras. Los proyectos de las termoeléctricas tampoco respetaron los derechos
de las comunidades”.
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