Julio Astillero.
El
presidente de la República salió ayer en defensa de su política de combate a la
violencia adjudicada a grupos criminales. Aunque me critiquen de que quiero
militarizar el país. Voy a insistir en que nos deben ayudar las fuerzas armadas
en tareas de seguridad pública; estoy convencido de que es necesario, y como no
tengo problemas de conciencia, puedo plantearlo, dijo durante su conferencia
mañanera de prensa de este jueves.
La respuesta
de Andrés Manuel López Obrador se produjo en medio de ciertos señalamientos que
le son adversos en cuanto consideran que con el acuerdo publicado en días
anteriores en el Diario Oficial de la Federación, basado a su vez en reformas
constitucionales aprobadas por consenso en el Congreso federal y luego por la
mayoría de los congresos estatales, se aumenta la militarización del país y se
repite, con sus matices, la estrategia de recurrencia a lo castrense utilizada
por Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
Las críticas
a la nueva vuelta de tuerca provienen, por una parte, de grupos
tradicionalmente opositores al andresismo, que reprochan al ahora mandatario
los giros verbales que sobre la materia pronunció cuando era dirigente
partidista o en otras de sus candidaturas presidenciales. También concurren en
esos dardos contra el político tabasqueño organizaciones y voces cargadas a la
izquierda, desde organizaciones sociales dedicadas a la defensa de los derechos
humanos hasta agrupaciones cargadas a una izquierda no necesariamente
electoral, que igualmente reprocha que los militares no hayan sido llevados de
vuelta a sus cuarteles, sino que ahora se les ordene seguir en las calles.
La discusión
de fondo debería ir más allá de los detalles procesales, jurídicos e incluso
meramente operativos de la condición complementaria que ahora se asigna a las
fuerzas armadas para ayudar a la Guardia Nacional en tareas de seguridad
pública. Cierto es que no se ve una alternativa aceptable a la vista, que la
descomposición de las corporaciones policiacas es extrema (ayer, AMLO habló de
la Policía Federal como caso emblemático del fracaso de las políticas
gubernamentales de saneamiento y mejoría en ese rubro) y que es creciente y
evidente el dominio de cárteles y grupos delictivos hormiga a lo largo del
país.
Pero a lo
largo de esta administración se ha potenciado al Ejército de una manera que
está a la vista. El general Luis Cresencio Sandoval y el canciller Marcelo
Ebrard han recibido más encargos y comisiones de parte del Presidente de la
República que el resto del gabinete. La diferencia está en que Ebrard depende
absolutamente de la voluntad de AMLO, pues es prescindible e incluso puede
tener expedientes oscuros que inhiban cualquier asomo de rebeldía. En cambio,
el general secretario de la Defensa Nacional tiene una estructura que hoy es el
mayor apoyo al Ejecutivo federal y sus polémicas políticas, y aun cuando es
igualmente removible de su cargo, hacerlo implicaría una conmoción dentro de la
institución castrense, que está acostumbrada a ver a sus jefes cumplir el
sexenio completo.
El tema,
pues, es la militarización y los históricos riesgos de que la violencia de
soldados y marinos sea incontrolable por más que haya la mejor voluntad del
supremo mando civil. Sí: la Guardia Nacional, absolutamente militarizada, y los
riesgos específicos antes mencionados. Pero lo más preocupante, lo que
eventualmente puede resultar más trascendente, es esa transferencia de poder
desde lo civil hasta lo militar en materias laboral, de adquisición de equipos,
de construcción de inmuebles y de vigilancia de ámbitos no castrenses. Nunca
será buen negocio dar más negocios a los militares de los que estrictamente les
corresponden.
¡Hasta el
próximo lunes, con el país entero indagando significados, detalles y
consecuencias del anunciado regreso a la nueva normalidad que ya es otra!
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