Tras la
aprobación de la nueva Ley de Educación de Puebla el pasado 15 de mayo por el
Congreso local y la polémica levantada en el sentido de que el gobierno de
Miguel Barbosa podría adueñarse de bienes de escuelas privadas, el mandatario
descartó estos señalamientos.
“Esta
misma previsión por obligación, quedó establecida en la Ley de Educación
Estatal en su artículo 105″, escribió en Twitter.
Y añadió
“Su
alcance nada tiene que ver con apropiarse de dichos bienes muebles e inmuebles,
sino de que los mismos sirvan para los fines educativos a que son destinados”
El 15 de
mayo se ventiló en el Congreso que esta ley actualizaría el marco jurídico
conforme a lo que establece la ley mencionada por Barbosa a nivel general y que
está vigente desde septiembre del 2019.
La
reforma llegó al Congreso por una iniciativa del Ejecutivo poblano, pero fue
criticada por el llamado Consorcio Universitario (CU), integrado por la BUAP,
así como las privadas UPAEP, UDLAP, Iberoamericana, Anáhuac, y Madero.
A ellos, se
refirió directamente Barbosa ayer: “Llamo al autodenominado
#ConsorcioUniversitario de #Puebla, a que mire por la educación y no por sus
intereses económicos, las cosas en Puebla ya cambiaron y no volverán a ser como
antes, cuando recibían canonjías de los gobiernos”.
Ante la
reacción del Ejecutivo local, Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la
UDLAP, calificó la nueva ley como un ataque al sistema privado de educación, al
destacar que tiene “espíritu intervencionista”.
Por su
parte, Edwin Baños, rector de la UPAEP, aseveró: “Nos perdimos la
oportunidad de brindarle a Puebla una Ley de Educación que corrigiera las
ambigüedades de la Ley Federal y que contase con el apoyo de los sectores
involucrados para promover una transformación educativa”.
La Coparmex
Puebla se sumó a las opiniones y acusó que, con su aprobación sin consulta, los
legisladores le dieron la espalda a la ciudadanía.
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