Nos interesa que la CFE se fortalezca, es la que da seguridad energética: Rocío Nahle.

La política de este gobierno de dar seguridad energética a toda la población y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es diferente a las reglas de mercado para hacer negocios en generación eléctrica, señaló la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle en entrevista con Aristegui en vivo.

“Nos interesa que la CFE se fortalezca, porque es la compañía del Estado y nos da seguridad energética, y así es en todos los países, la electricidad es un servicio estratégico de seguridad nacional”, expresó la funcionaria, en respuesta a las numerosas críticas que despertó la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del ‘Acuerdo para garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional’, interpretado por la iniciativa privada como la cancelación del proceso de transición energética y apertura del sector eléctrico a las empresas privadas, echado a andar en la pasada administración.

Que se haya generado un mercado eléctrico no molesta ni preocupa al actual gobierno, pero la función del Estado es el bienestar de la población y que dispongan de insumos, y eso es en lo que trabaja la actual administración, ese es el cambio en la política energética, señaló Nahle, y agregó que esta misma semana hablará con los funcionarios de la Embajada de Canadá y de la Unión Europea y responderá sus cartas contra el Acuerdo emitidas el viernes pasado. “Deben de saber que nosotros necesitamos tener un control y un ordenamiento adecuado del SEN como lo tienen la mayoría de los países”.

Aseguró que este gobierno encontró un desbalance y un fuerte desorden en el despacho de la electricidad que se incorpora a la red de transmisión, así que el Acuerdo de Confiabilidad busca remediar esa situación, por lo cual negó que la nueva política vaya en contra de las energías renovables y dijo que se respetarán los contratos ya existentes derivados de las tres subastas de electricidad hechas en el gobierno anterior.

El 69% de la capacidad de generación comprometida en las subastas ya está instalada, el resto se está terminando de instalar, comentó Nahle, pero adelantó que en cuanto a los permisos de generación para autoconsumo otorgados a grandes empresas sí habrá intervención porque los poseedores de esos permisos formaron sociedades con numerosos socios como si se tratara de filiales para transaccionar con el sobrante de la electricidad autogenerada. “Hay una empresa que tiene hasta 7 mil socios, entonces tenemos un mercado paralelo, es un desorden, estamos poniendo orden”.

La titular de Energía argumentó que 31% de la infraestructura de la propia CFE es para producir energía renovable, entre la que destacan 60 presas con capacidad para producir 16% de la electricidad en el país, mientras que en eólica la capacidad es de 7% y en fotovoltaica 4%. “Vamos caminando en esto en forma ordenada, la CFE ya anunció un programa para repotencializar todas sus presas y obtener hasta un 15% de electricidad de energía hídrica”, indicó.

“Somos respetuosos de la ley, estemos o no de acuerdo con la Reforma Energética, esa es la ley que hay y tenemos que cumplirla, pero incluso con esa ley hay que tener orden”, señaló la funcionaria federal, y agregó que lo mismo aplica en el sector petrolero, en el que no se ha cancelado ninguno de los 110 contratos entregado en los cuatro años posteriores a la Reforma Energética.

Pero los contratos deben de ejercerse con orden, insistió, porque se abrió el mercado y a la vez se le dijo a Pemex y a CFE que no debían producir y las endeudaron en demasía.

Que se haya generado un mercado eléctrico no molesta ni preocupa al actual gobierno, aseguró, pero la función del Estado es el bienestar de la población y que dispongan los insumos, y en eso es en lo que está trabajando la administración, ese es el cambio en la política energética. “Buscamos un balance en el que entren todos (a la red) pero de forma ordenada. El SEN no es de interés privado, es de interés nacional”, enfatizó.

Sobre los señalamientos en el sentido de que el gobierno margina la energía renovable a pesar de ser más barata que las centrales convencionales de ciclo combinado, la Secretaria de Energía dice que las renovables pagan una tarifa subsidiada por el traslado en las redes de transmisión de la CFE de la electricidad que generan, llamado posteo, lo que las hace aparecer como más baratas, pero en realidad hay una parte de sus costos que es absorbido por la CFE y que le cuesta 2 mil 500 millones de pesos. El mercado eléctrico es complejo y no es de buenos y malos, señaló Nahle.

Por otro lado, añadió, las plantas eólicas necesitan el respaldo de las plantas convencionales que entran en acción cuando se reduce la fuerza del viento y lo mismo sucede con las fotovoltaicas cuando se terminan las horas de sol, y que ese es un balance difícil de lograr pero que está en el centro de las obligaciones del Estado. “Se abrieron y se dieron permisos (de renovables) con manga ancha, sin cuidar la ubicación. Muchos se fueron a Oaxaca que tiene ráfagas de viento importantes, y donde tenemos una generación relevante, pero para sacarla de ahí necesitamos más líneas de transmisión y por ley solo CFE puede hacerlo. Pero la CFE tiene más lugares donde también necesita líneas y cuenta con un solo presupuesto de inversión, además de que también tiene que generar y ganar dinero, pues no es empresa de servicio para soportar a los negocios privados”.

La funcionaria señaló que desconoce las razones de la renuncia el viernes de César Hernández como comisionado nacional de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) y que tampoco sabía si el ahora ex funcionario estuvo de acuerdo o no con la publicación del Acuerdo para la Confiabilidad del sistema eléctrico en el Diario Oficial de la Federación.

Narra que ella habló con Graciela Márquez, titular de la Secretaría Economía, de la que depende la Conamer, para informarle que enviaría el Acuerdo a la Comisión pese a que no estaba obligada a hacerlo. “Nunca me dijeron que hubiera algún problema o que (Hernández) no estuviera de acuerdo”, señala y agrega que desde su punto de vista hubo una falta de ética del comisionado, porque si a algún funcionario se le envía un documento para que dé su opinión, sea buena o mala, éste tiene que externarla a quien se la pidió, pero si el en lugar de eso la información se hace pública, es una falta ética.