Julio Astillero.
Hasta ahora,
era clara la desventaja operativa y política de la Secretaría de Marina (Semar)
frente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El general
Luis Cresencio Sandoval González parecía acaparar todos los encargos
importantes de la Presidencia de la República: compras, construcciones, control
de migrantes y negocios expresamente asignados al verde olivo. Además, desde
luego, de la Guardia Nacional, que es una clamorosa prolongación de la Defensa
Nacional. Así como el canciller Marcelo Ebrard ha expandido su radio de acción
a áreas distintas de las diplomáticas, el titular de la Sedena ha sido
facultado para hacerse de áreas de trabajo que de manera natural deberían
corresponder a los civiles.
En
contraste, el almirante José Rafael Ojeda Durán no ha contado con la atención
ni las comisiones delicadas que en los dos sexenios anteriores habían
caracterizado a los marinos mexicanos, sobre todo en su relación directa con
los órganos de seguridad e inteligencia de Estados Unidos.
Sin embargo,
ayer el Presidente de México anunció que la Marina se encargará de limpiar la
corrupción en los puertos del país. Es decir, que se militariza la operación y
control de esos puntos marítimos donde largamente se han enseñoreado el crimen
organizado y los negocios empresariales burladores de reglas y pagos adecuados.
En su conferencia mañanera, el mandatario dijo que en los puertos se seguiría
la estrategia aplicada a migración y aduanas. No fue un buen punto de
referencia: en aduanas no se ha podido reducir la corrupción y el envío de
Horacio Duarte, un cuadro electoral (aspirante a gobernar el estado de México),
a encargarse de ese nudo oscuro, no garantiza cambios más allá del discurso. Y,
en migración, el giro lamentable de la tradicional política mexicana, para
acatar las indicaciones de Donald Trump, constituye uno de los puntos negativos
de la actual administración federal.
El
presidente de la República, sin embargo, apuesta a las prendas personales que
adjudica al almirante secretario, honesto e incorruptible. Por lo pronto,
pierde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el ámbito civil
formalmente a cargo de Javier Jiménez Espriú, y gana el poder militar, ya no en
la vertiente de los soldados, sino de los marinos.
En otro
tema: extinguir el “Fondo de Inversión y Estímulos al Cine" (Fidecine)
equivaldría a matar el cine mexicano, dijo ayer de manera tajante Mónica
Lozano, productora y presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias
Cinematográficas. Nos convertiría en maquiladores de cine de otras
nacionalidades o contenidos, aseguró. Por su parte, Inna Payán, directiva de la
Asociación Mexicana de Productores Independientes, consideró que México
perdería parte de su identidad, entendiendo el cine como eje vertebrador de una
sociedad democrática (declaraciones disponibles en YouTube:
https://bit.ly/3cVZiy3).
Las voces de
Lozano y Payán forman parte de la viva reacción que en el gremio
cinematográfico generó la pretensión de legisladores morenistas de eliminar el
último fideicomiso de apoyo a este tipo de creación artística que quedaba,
luego de que el pasado 2 de abril se había decretado la liquidación de otro
fondo de ayuda. Guillotinar el Fidecine dejaría en una situación totalmente
indefensa los proyectos nacionales, de por sí avasallados por producciones
extranjeras, sobre todo estadunidenses, que tienen privilegios exagerados de
exhibición en pantallas.
Anoche, a la
hora de cerrar esta columna, estaba programada una reunión de trabajo entre
representantes de la comunidad cinematográfica con diputados federales y
directivos de la secretaría federal de Cultura. El tema del cine está en la
propuesta morenista de recorte a 44 fideicomisos, entre los cuales se incluye
también el relacionado con la protección a periodistas y defensores de derechos
humanos, aunque en este caso se ofrece una gelatinosa posibilidad de que la
Secretaría de Gobernación maneje un fondo especial destinado a estos
menesteres.
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