Diego
Petersen Farah.
Embebidos
como estamos en la crisis económica y de salud por el coronavirus pasó casi
desapercibido el informe de seguridad en el país. Fiel a su estilo, el
Secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, quiere ver avances donde no
hay y se atrevió a hablar de una ligera mejoría, de poco más de uno por ciento,
y un cambio de tendencia en abril respecto a marzo, pues hubo 50 homicidios;
pasamos de 3 mil a 2 mil 950. La mejoría, si aceptamos el argumento del
Secretario, tiene que ver con el calendario, no con la estrategia, pues gracias
a que abril tiene un día menos que marzo, hubo menos asesinatos (qué diera el
Secretario porque los meses fueran todos enanos como febrero). Esto no lo
dicen, pero si comparamos abril contra el mismo mes del año pasado el
incremento de homicidios es de 8 por ciento. Estamos pues, en el mejor de los
casos en un estancamiento de 100 asesinatos por día que nos quieren vender como
una “nueva normalidad”.
A estas
alturas del partido es evidente que la estrategia de seguridad del Gobierno de
López Obrador no funcionó. Sacar al Ejército a las calles es el reconocimiento
silencioso de ese fracaso: la respuesta ante una política fallida es doblar la
apuesta, en lugar de hacer una revisión crítica de la estrategia. La gran
crítica que se ha hecho al Gobierno federal por parte de los gobiernos locales
es que la Guardia Nacional “no se moja”, no se involucra en el combate directo
a la criminalidad, sino que se limita a una “presencia disuasiva”. Y quizá sí,
en la medida en que el Ejército y la Guardia Nacional sean visibles ese pequeño
radio se vuelve seguro, pero como es evidente, no evita que una ves que se
vayan o que a unos kilómetros de ahí se comentan asesinatos con absoluta
impunidad.
En lo que
va del sexenio no hemos avanzado un ápice en el control territorial. Los grupos
de crimen organizado siguen igual o más fuertes que al principio del Gobierno
de Morena. Las policías municipales y estatales están en el mismo estado de
inanición, salvo casos contados que tiene más que ver con los impulsos
individuales de alcaldes que se preocupan por mejorar sus policías. Los
compromisos del Modelo Nacional, aprobado al año pasado, quedaron solo en
buenas intenciones, pues entre lo que quedó rasurado del presupuesto 2020
estuvo el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
(Fortamun).
Uno de
los efectos esperados en la llamada postpandemia es un aumento (si aún se puede
más) de las debilidades institucionales de los gobiernos nacional y
subnacionales que, sumado a la crisis económica, serán el caldo de cultivo
ideal para el crecimiento de los grupos de crimen organizado y de control
territorial. Tener reuniones todos los días para dar seguimiento a la
información de seguridad no es suficiente para bajar los índices de
criminalidad, mucho menos para controlar el territorio. Cien asesinatos al día
en el país no es ni debe ser tolerable. Si lo normalizamos, si lo asumimos como
la “nueva normalidad”, perdemos.
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