Por Pedro
Zamora Briseño.
Inconformes con el incremento de la
inseguridad y la violencia, cientos de colimenses marcharon la tarde de este
domingo por las principales calles de la ciudad capital en demanda de la
renuncia del gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, y del secretario general
de Gobierno, Arnoldo Ochoa González.
Con
vestimenta blanca, con cubrebocas en su mayoría y guardando distancia,
familiares de víctimas de la violencia e integrantes de organizaciones sociales
partieron del parque de la Piedra Lisa por la Calzada Galván y siguieron por
Francisco I. Madero hasta llegar al Jardín Libertad, donde realizaron un mitin
frente al edificio del Palacio de Gobierno.
A lo largo
del recorrido de la denominada “Marcha por la Paz y la Justicia”, las
consignas principales fueron “¡Fuera, Nacho!”, “¡Nacho, escucha, queremos tu
renuncia!”, “¡Cuidado, Ignacio, el pueblo está enojado!” así como “¡Ni felices,
ni seguros!”, esta última en alusión a la promesa de campaña del actual
mandatario.
Entre los
contingentes, destacó el de la Red Desaparecidos en Colima, con múltiples
fotografías de sus familiares ausentes, así como organizaciones de mujeres que
se pronunciaron contra los feminicidios. “¿Dónde están, ¿dónde están, nuestros
hijos dónde están?” “¡Ni una más, ni una más, ni una asesinada más!”, se escuchaba
mientras cuatro mujeres jóvenes cargaban en hombros un ataúd negro.
También marchó
en busca de justicia la familia del adolescente Josué Magaña, asesinado en
circunstancias no aclaradas hace más de un año en la casa del entonces
secretario de Turismo del gobierno estatal, Efraín Angulo, quien después de ese
hecho renunció a su cargo, pero la muerte del menor continúa impune.
Otra
demanda de la marcha fue poner un alto a la creciente cifra de asesinatos en la
entidad, el esclarecimiento de la ejecución de siete policías estatales
enviados en condiciones presuntamente irregulares a escoltar empresarios
mineros al estado de Jalisco, así como el secuestro y posterior feminicidio de
la diputada local Francis Anel Bueno Sánchez.
Al llegar a
Palacio Gobierno, las ocho organizaciones convocantes emitieron un
pronunciamiento conjunto, mediante el cual solicitaron al Congreso del Estado
iniciar un juicio político contra el gobernador Peralta Sánchez “para ser
destituido por las omisiones que han costado la vida a tantos colimenses”.
Lo anterior,
debido a que Colima “se ha vuelto uno de los lugares más peligrosos del
país”, pues “a cinco años de que José Ignacio Peralta Sánchez tomó protesta
como gobernador del estado, su estrategia de seguridad ha traído violencia y
dolor para nuestra entidad”.
Así también,
Colima “es el primer lugar nacional en feminicidios, homicidios dolosos y
robo a casa habitación”, además de que “hay un incalculable número de personas
desaparecidas en Colima y se siguen reportando casos nuevos todos los días”,
ante lo cual “el gobernador no ha reconocido la gravedad de la situación y las
autoridades no han respondido a las exigencias de las familias”.
En su
pronunciamiento, las organizaciones denunciaron que “la corrupción y los
vínculos con el narcotráfico están presentes en casi todas las instituciones de
seguridad en el estado, con la complicidad y el silencio de los altos mandos”.
Añadieron
que “la opacidad y la ineficiencia de las autoridades ha demostrado que Colima
es un Estado fallido”, pues “mientras la gente muere, el gobernador hace
turismo político fuera del territorio” y “el pueblo ya no puede tolerar esta
situación”.
Además de
la destitución del gobernador, se pronunciaron por la renuncia del secretario
general de Gobierno, Arnoldo Ochoa González, pues “es corresponsable del
gobierno que ha fallado en contener el periodo más violento de la historia de
nuestra entidad”.
Demandaron
una reforma urgente en la Secretaría de Seguridad Pública para que las policías
“dejen de ser utilizadas como agentes privados de los poderosos y regresen al
servicio del pueblo”, así como diseñar un esquema de ciudadanización de la
seguridad pública en el que se incluya un consejo ciudadano con la facultad de
vigilar las estrategias de seguridad, en el que participen todos los sectores
de la sociedad colimense”.
También exigieron
que se replantee la política integral de seguridad en el estado, dándole mayor
importancia a los programas de prevención de la violencia y el delito,
transparentando los protocolos de investigación judicial y combatiendo la
corrupción e impunidad en las instituciones.
La “Marcha
por la Paz y la Justicia” fue convocada por el Frente en Defensa del Maíz,
Coordinadora Socialista Revolucionaria, Verde Colima, Consejo Indígena en
Defensa del Territorio de Zacualpan, Bicivilízate Colima, Fundación por la
Equidad y Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
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