Por EFE
La
Fiscalía del Tribunal Supremo español acordó este lunes investigar la
construcción del tren de alta velocidad (AVE) que une las ciudades saudíes de
Medina y La Meca, liderada por empresas españolas, al comprobar que una de las
personas involucradas en posibles irregularidades sería el rey Juan Carlos, que
goza de un fuero judicial especial.
Con esta
decisión, el Tribunal Supremo asume la investigación que dirigía la Fiscalía
Anticorrupción y se centrará en “delimitar o descartar” la relevancia penal de
los hechos ocurridos desde junio de 2014, cuando Juan Carlos de Borbón dejó de
ser Jefe del Estado en España y, con ello, perdió la inviolabilidad que le
reconoce la Constitución, informó el Ministerio Público.
Según la
Fiscalía, “resulta precisa la práctica de nuevas diligencias que afectan
directamente al rey emérito”, que está aforado ante el Tribunal Supremo, por lo
que sólo esa instancia puede investigarlo y eventualmente juzgarlo.
La
investigación parte de unas diligencias abiertas en Anticorrupción a finales de
2018 para descubrir supuestas comisiones pagadas en la adjudicación del AVE a
un consorcio de empresas españolas en 2011, tras hallar una grabación de un
encuentro entre la antigua amiga del rey Juan Carlos Corinna Larsen y el exjefe
policial español José Villarejo, celebrado en Londres en 2015.
En esa
conversación, Larsen decía que el rey habría tenido cuentas en Suiza en las
que habría recibido comisiones por la adjudicación de la construcción del tren
de alta velocidad saudí.
Hace unos
meses la Fiscalía Anticorrupción envió una comisión rogatoria a Suiza para
acceder a los datos sobre una presunta donación de 65 millones de euros desde
una fundación panameña – llamada Lucum y supuestamente vinculada a Juan Carlos
I – a una cuenta de Larsen.
Las
diligencias en España discurren en paralelo a las pesquisas de la Fiscalía de
Ginebra contra presuntos testaferros en cuentas bancarias de ese país.
Según
publicó hace unos meses el diario Tribune de Genève, la Fiscalía helvética
halló supuestas evidencias del movimiento de 100 millones de dólares por parte
de varios gestores de cuentas en Suiza y sospecha que dicho dinero, que llegó a
una cuenta en Panamá de la fundación Lucum, procedería del rey saudí Abdul Aziz
Al Saud, y que el beneficiario único de dicha fundación sería Juan
Carlos I.
En 2012, según
dicho diario, el dinero salió hacia una cuenta de Corinna Larsen en otro banco
suizo con sede en Bahamas, si bien el rey se habría reservado un millón.
A raíz de
esta información, los abogados de Larsen explicaron en un comunicado que en
2012 su cliente recibió un regalo “no solicitado” del rey Juan Carlos y lo
describió como “una forma de donación”.
La
Fiscalía Anticorrupción española ya interrogó en septiembre del año pasado a la
antigua amiga del rey Juan Carlos.
Tras
conocerse la investigación de Tribunal Supremo, la Casa Real no se ha
pronunciado sobre esa decisión.
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