La conexión corrupta: el Tiburón y sus amigos poderosos.

Once semanas después de haber empezado a trabajar en una empresa mexicana de cambio de divisas, Mauro González Galindo fue asesinado por una lluvia de disparos.

En julio de 2018, el hombre conducía por la Avenida Yaxchilán en el centro de Cancún cuando su camioneta Kia Sportage fue atacada por cuatro hombres armados que iban en una furgoneta con placas del estado de Tabasco, según relataron varios testigos.

La policía indicó que el auto quedó acribillado con por lo menos 32 balas, según reportaron medios locales. Siete habrían alcanzado a González, cuatro en el pecho y tres en la cara.

Dos meses y medio antes de su muerte, González se convirtió en el comisario de la empresa Brazil Money Exchange Centro Cambiario, que opera una red de agencias cambiarias bajo el nombre comercial de Master Exchange.

Brazil Money Exchange parece ser una empresa legal. Pero una investigación muestra que Florian Tudor, el jefe de la banda de la Riviera Maya, fue hasta hace poco dueño de la compañía y la compró mientras montaba la infraestructura de lo que la policía ha afirmado es una estafa con cajeros automáticos a gran escala.

Brazil Money Exchange tiene ahora quioscos en muchos de los lugares turísticos de Riviera Maya en que la banda estaba llevando a cabo su operación.

A través de la empresa se pueden ver los vínculos políticos y comerciales que tejió Tudor, desde notarios presuntamente corruptos que la inscribieron, hasta empresarios turbios que se la compraron.

Tudor ha probado ser hábil usando la política, la influencia, y potencialmente dinero y miedo, para presionar a quienes lo investigaban. Dos funcionarios judiciales que lo afrontaron afirmaron que, por los vínculos de Tudor, alias el Tiburón con funcionarios públicos, fiscales y medios de comunicación locales, la banda de la Riviera Maya es prácticamente intocable.

“La fama pública internacional de este grupo de seudo-empresarios es, creo, de lo peor que hemos visto”, dijo Alberto Capella Ibarra, Secretario de Seguridad de Quintana Roo y una de las personas que se ha enredado con Tudor.

“Aquí en el país hay grupos políticos y cierto sector institucional que los trata como si fuera [el hombre más rico de México] Carlos Slim o compañía”, dijo Capella. “Es dramático”.

El año pasado, después de que autoridades mexicanas detuvieran temporalmente a Tudor y registraran su casa, la banda perdió su contrato con un reputado banco y clausuró sus cajeros automáticos. Pero las casas de cambio siguen operando en muchas de las zonas turísticas, en algunos casos a escasos metros de los cajeros ya desmontados.

El asesinato de González, como el 98 por ciento de los homicidios en el estado de Quintana Roo, sigue sin resolverse.

En 2012, Juliano Belmonte do Amaral creó Brazil Money Exchange. Este ciudadano brasileño es hermano de Juceline, que Tudor describe como su esposa. Dos años después, el líder de la banda, apodado el Tiburón, compró la compañía, tan solo dos meses después de haber establecido Top Life Servicios, una empresa fachada que sirvió para montar la operación de los cajeros.

Los reporteros no encontraron evidencia de que Brazil Money Exchange haya sido usado para lavar dinero, como sí lo fueron otros negocios de la banda. Pero la compañía nunca obtuvo certificaciones anti-lavado y ha sido sancionada en varias ocasiones por no ceñirse a regulaciones contra el blanqueo en épocas de Tudor.

Hay poca información sobre las actividades de la compañía antes de 2017. Ese año, Brazil Money Exchange renovó su licencia para funcionar como casa de cambio, con un límite de operaciones de hasta 10.000 dólares por cliente por día. También incluyó información sobre su nuevo nombre comercial: Master Exchange.

Más tarde, en mayo de 2018, la mayoría de sus acciones fueron transferidas a Fabricio Ledesma Heinrich, militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó México durante setenta años seguidos, de 1930 a 2000. Al punto que el escritor Mario Vargas Llosa describió este sistema como “la dictadura perfecta”.

Tudor siguió brevemente siendo administrador único de la compañía, hasta que renunció oficialmente al cargo en mayo de 2018. Un año después, sin embargo, un socio que fue arrestado con Tudor en un cateo policial dijo que éste aún tenía un negocio de cambio de divisas. González se vinculó como comisario en la misma reunión en la que Tudor renunció, ocupando el puesto por solo 11 semanas, antes de ser asesinado mientras conducía su auto.

Mientras Tudor era administrador único, en enero de 2018, Katia Isadora Ledesma Heinrich, la hermana del militante del PRI, fundó ‘Master Exchange Center, Centro Cambiario’. A pesar de que el objeto de la compañía es explícito en su nombre, no tiene licencia para cambiar divisas. Ser dueño de la marca Master Exchange parece ser la única función de la empresa, que parece ser una empresa fachada para los negocios de Ledesma y Tudor.

Los dos cofundadores de esta empresa fachada, Alejandro Carapia Toledo y Gabino Jiménez Vázquez, estuvieron presuntamente involucrados en una trama corrupta de 20 millones de dólares. Se cree que Jiménez y otros socios canalizaron fondos públicos de funcionarios locales, sin su consentimiento, a una campaña presidencial.

Los defraudadores detrás de la fachada.

‘Master Exchange Center, Centro Cambiario’ de Katia Ledesma, fue fundada por el abogado Alejandro Carapia Toledo y por Gabino Jiménez Vázquez, un empresario que en ese momento vivía en Playa del Carmen. Jiménez no sólo tenía acciones, sino que era administrador único.

Ésta no fue la primera jugada de ambos. Antes dirigieron la empresa constructora Golfmex Development, acusada de recaudar millones de dólares en pagos para supuestamente financiar la fallida campaña del candidato presidencial Ernesto Cordero, del derechista Partido de Acción Nacional (PAN).

En una serie de reportajes publicados en 2013, la periodista Georgina Howard detalló el supuesto esquema de corrupción, en el que representantes de Golfmex recorrieron cientos de municipios pidiendo dinero a cambio de acceder a fondos federales. Los pagos oscilaban entre 20.000 y 200.000 pesos, para un total estimado de 240 millones de pesos (20 millones de dólares) en sobornos.

Como director financiero de Golfmex, Jiménez se comprometió personalmente. Según Howard, en 2011 asistió a una reunión en Ciudad de México en 2011 en la que 180 alcaldes entregaron 17.400 pesos (1.450 dólares) cada uno. Pensaron que era un pago para acceder a fondos federales.

Sin embargo, esos fondos nunca llegaron. Por eso, algunos alcaldes decepcionados afirman que el dinero se usó para financiar la fallida campaña presidencial de Cordero.

Jiménez registró la marca Master Exchange a través de Consorcio Empresarial Century (CEC), una empresa de externalización de servicios financieros. Fabricio Ledesma es el presidente de CEC, aunque varios de sus empleados no tienen las mismas credenciales: su comisario, que sobrepasa los 50 años, es chofer de una combi de transporte público.

Ya con su marca registrada, la empresa fachada y los proxies montados, los negocios de Master Exchange se dispararon. La compañía se convirtió en una cadena, que ahora afirma tener 10 oficinas en destinos turísticos de los estados de Quintana Roo, Baja California y Guanajuato. Su sede en Cancún está a sólo unos minutos a pie de las oficinas de la banda de Tudor.

Master Exchange incluso lanzó un servicio de cambio de dinero a domicilio. A diferencia de otras empresas reputadas que procesan las transacciones en línea, a los clientes les dicen que solo manden un mensaje de WhatsApp para organizar la entrega. Lo cual potencialmente no dejaría ningún rastro documental.

Otra de las empresas relacionadas, Corporativo Comercial Century, es supuestamente propiedad de un hombre de 69 años que sale en una lista de beneficiarios de subsidios para las personas más pobres de Quintana Roo.

LOS AMIGOS DEL GOBERNADOR.

La banda no habría podido construir un imperio empresarial en Quintan Roo, un estado conocido por sus niveles de corrupción, sin que algunos funcionarios cerraran los ojos sobre el origen de su dinero.

Roberto Borge Angulo, el exgobernador del estado, fue capturado en Panamá en 2017 cuando abordaba un vuelo a París. Huía de acusaciones de aprovechamiento ilícito del poder, peculado y desempeño irregular de la función pública en México.

Como cabecilla de la llamada trama de los “piratas de Borge”, lo acusaron de vender terrenos públicos que pertenecían al Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo (IPAE) y de apoderarse sistemáticamente propiedades de particulares, usando agencias estatales y la complicidad de funcionarios. El “gobernador que vendió Quintana Roo”, como lo apodaron en medios, también es acusado de lavado de dinero.

El notario público que incorporó Master Exchange también estuvo implicado en el escándalo, ya que dirigió una agencia estatal que se apropió, según medios de comunicación, cuatro hoteles en Tulum, un destino turístico de Quintana Roo

Luis Gabriel Palacios Velasco, que certificó en 2013 la constitución de Top Life Servicios, la principal empresa fachada de la banda, también ha sido vinculado a estafas inmobiliarias. Cinco años más tarde, habría presuntamente ayudado a uno de los “piratas” de Borge, un magistrado de Quintana Roo, a apropiarse de propiedades en Cancún y subastarlas a empresas fantasma sin el conocimiento de sus dueños.

En 2015, Palacios aprobó la creación de Investcun, que habría sido usada por la organización para blanquear los beneficios obtenidos con la operación de skimming de cajeros mediante la compra de propiedades en Cancún. En sus primeras tres semanas de existencia, Investcun compró un edificio en el centro de la ciudad, que antes había sido ocupado por el IPAE. Esa es la misma institución que Borge saqueó cuando estaba era gobernador.

El edificio, situado en la calle Robalo, cerca al puerto de Cancún, se convirtió en la base de operaciones del grupo criminal. En 2017, lo ampliaron enormemente, al añadir una construcción en la parte trasera con una fachada de vidrio. Un vecino explicó al OCCRP que el lugar estaba custodiado por guardias armados y frecuentado por mujeres que “parecían muñecas”.

La banda le compró el edificio a una misteriosa sociedad inmobiliaria, dirigida por el antiguo director del IPAE Francisco Evadio Garibay Osario. Este individuo cuenta con un largo historial de ventas cuestionables de terrenos estatales (ver recuadro). Según consta en el contrato de compra-venta, obtenido por OCCRP, Garibay Osario negoció personalmente la venta con el hermanastro de Tudor.

ESCANDALOSAS VENTAS ESTATALES.

Francisco Garibay el exdirector del IPAE que vendió a la banda su cuartel general, no es ajeno a controversiales ventas de tierras estatales. Dos años después de que la banda comprara el edificio, en septiembre del 2017, su nombre apareció en una denuncia presentada ante el Fiscal General de la República por una organización mexicana a favor de la transparencia. En esta se denunciaba que Garibay fue uno de los hombres de negocios y autoridades que compraron 165 propiedades, subastadas por otro exgobernador de Quintana Roo, Félix González Canto.

Según la denuncia, el gobernador González Canto transfirió 352 hectáreas de Tulum, un antiguo pueblo pesquero maya, a una sociedad inmobiliaria vinculada con Garibay. Pese a la fuerte oposición local, su compañía lanzó la construcción de una gran urbanización turística de lujo en la zona, concluyendo la primera fase en 2017. Compró la tierra por la bagatela de 15 pesos por metro cuadrados (1,4 dólares), a pesar de que el precio medio en la zona era de 6.000 pesos (545 dólares). Eso significa que el terreno le costó 400 veces más barato que el precio de mercado.

Eso no era nada nuevo para Garibay. Sus tratos inmobiliarios irregulares se remontan a mucho más tiempo. Como funcionario público en el Instituto de Vivienda, lo involucraron en la venta fraudulenta de terrenos públicos a empresas de construcción en Bonfil, un suburbio de Cancún.

El hijo de Garibay, Iván Eliud Garibay Pulido, era copropietario de la compañía inmobiliaria y, como su padre, también trabajó para el gobierno de Quintana Roo. En septiembre de 2015, apenas unos meses después de que su padre vendiera el edificio a la banda de Tudor, un hombre que aseguró ser ex guardaespaldas de Borge escribió a la embajada de Estados Unidos en México acusándolo a él y a otras autoridades estatales de tener vínculos con el crimen organizado.

“Trabajé como guardaespaldas de Roberto Borge Angulo, gobernador de Quintana Roo”, escribió Luis Manuel Álvarez Adán en un correo electrónico citado por el periódico mexicano Reforma. En el mensaje acusó al gobierno estatal de permitir que organizaciones criminales trasladaran cubanos a Estados Unidos de forma ilegal. A cambio, recibían el 40 por ciento del dinero que generaba esa operación.

Le dijo a la embajada de Estados Unidos que vio a Iván Eliud recaudando las cuotas para las organizaciones criminales. Álvarez escribió que escoltó a “Iván Eliud Garibay Osorio (sic), director jurídico de gobierno estatal en la Zona Norte y amigo del gobernador, a cobrar dicho dinero en distintos puntos de Cancún”.

La mañana del 31 de julio de 2018, Álvarez apareció muerto en la prisión de Cancún, donde había sido encerrado tras ser acusado de extorsión. Su muerte fue declarada como suicidio por ahorcamiento.

El activista de derechos humanos Raúl Fernández discrepa. “No fue un suicidio”, dijo al diario El Universal. “Fue un asesinato”.

Tudor y sus socios también usaron sus conexiones para atacar a las autoridades que intentaron frenar sus actividades.

Javier Ocampo García, que era delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Quintana Roo, asegura que fue despedido porque Tudor impulsó una campaña en medios locales para desacreditarlo, después de que fuerzas de seguridad registraron su casa en mayo de 2019.

El líder de la banda y sus socios se quejaron ante la visitaduría general de la FGR, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Secretaría de la Función Pública y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Pero fue el manejo de medios de Tudor que tal vez se mostró como la estrategia más efectiva.  Ocampo dijo que fue despedido después de que el Tiburón lanzara “una campaña muy fuerte mediáticamente” contra él en la prensa local. Al principio no le dio importancia, pero la FGR lo llamó para pedir su renuncia.

Ocampo dejó su puesto en Quintana Roo en septiembre del 2019. Cree que la banda cuenta con la protección de autoridades en Quintana Roo y en otros estados, e incluso fiscales en Cancún.

“Hay suficientes elementos e indicios [que muestran que tienen protección]”, dijo a OCCRP. “son delincuentes en el extranjero que vienen a sentar sus reales y a ser protegidos por autoridades”.

Después, Tudor fue por Alberto Capella Ibarra, el nuevo secretario de seguridad de Quintana Roo.

En febrero de 2020, el Tiburón y dos socios publicaron una carta al presidente de México en una doble página de un diario local, acusando el secretario de seguridad de perseguirlos. Luego, siguieron una serie de reportajes en medios locales señalando que habían sacado a Capella y que la FGR había iniciado acciones en su contra.

El mes siguiente, Tudor convocó una rueda de prensa en su casa, en la cual, furioso, acusó a las autoridades de robarle 67 millones de pesos (2,8 millones de dólares) en efectivo y pertenencias durante un cateo. También los acusó de intentar extorsionarlo. Denunció que los oficiales amenazaron con violar a su esposa y apuntaron con una arma larga a su hijo de seis años, traumatizándolos a tal punto que se mudaron a Brasil.

“Durante mi detención, fui torturado físicamente y psicológicamente”, declaró Tudor ante las cámaras.

Capella afirmó que la capacidad del jefe criminal para cooptar medios y responsables públicos le ha dado el poder para desafiar la autoridad institucional.

“Tenemos mucha información de los vínculos o los lazos de funcionarios de ciertos niveles e instituciones que han sido funcionales para ellos. Inclusive algunos vinculados al poder político, con algunos sectores políticos, que se han convertido en voceros de estos sujetos.”

“Hablan de elementos de la Fiscalía General del Estado, de unos policías preventivos, de Secretarios de Acuerdos, de algunos funcionarios del Poder Judicial, de actores políticos, de una red importante, dueños de medios de comunicación local, osea, la red”.