Con
información de EFE.
Policías
federales supieron con anticipación que normalistas de Ayotzinapa iban a ser
atacados en Iguala de la Independencia, Guerrero, de acuerdo con las
investigaciones de la periodista mexicana Anabel Hernández García.
“Utilizando
la prueba del polígrafo (detector de mentiras) y a través de intensos y
rigurosos interrogatorios practicados a elementos de la PF adscritos a Iguala y
a un alto funcionario de oficinas centrales de la corporación, a Unidad de
Asuntos Internos (UAI) de la Policía Federal logró romper la omertá (La ley del
silencio) entre los policías federales y obtuvo de ellos declaraciones que
revelan información nueva sobre lo realmente ocurrido la noche del ataque y
desaparición”,
escribe Hernández, autora de Los señores del narco, en el medio DW.
La autora de
La verdadera noche de Iguala señala que hace pocas semanas tuvo acceso a un
expediente secreto relacionado al caso Ayotzinapa. “Un expediente que se supone
es información clasificada y que seguramente nadie esperaba que un día pudiera
salir a la luz pública. Se trata de un reporte fechado el 14 de septiembre de
2017, elaborado por la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Federal,
encabezada por la Comisionada María Luisa Saucedo López”.
El
expediente es un resumen de una investigación interna realizada en 2015 y 2016
sobre la participación de elementos de la Estación de la Policía Federal de
Iguala en los hechos.
“La
investigación de la UAI descubrió que la Policía Federal, que dependía del
gobierno de Peña Nieto, tuvo información anticipada del ataque contra los normalistas.
Es decir, sabía que iba a ocurrir. Asuntos internos también logró revelar que
los federales actuaron contra los normalistas desde el inicio del ataque, a las
21:15 del 26 de septiembre de 2014 en la Central de Autobuses de Iguala. Y
confirmó que también estuvieron activos y presentes en el segundo ataque
perpetrado contra el autobús 1531 de donde desaparecieron algunos de los 43,
entre ellos Christian y Alexander, los únicos dos estudiantes encontrados -sin
vida- del grupo, escribe Anabel Hernández en el texto El expediente secreto de
la Policía Federal sobre el caso Ayotzinapa”, publicado este mismo día en DW.
“El
entonces titular de la Estación de la PF en Iguala, Luis Antonio Dorantes
Macías, y otros funcionarios fueron acusados por sus propios compañeros de
tener vínculos con la delincuencia organizada, aunque no especificaron con qué
grupo. Dorantes Macías fue protagonista esa noche y diez días después presentó
su renuncia y se fue a casa como si nada hubiera pasado. Sus jefes lo dejaron
ir”, añade la
investigadora mexicana.
“El
reporte, del cual tengo copia, también revela que los mandos de la Policía
Federal de las oficinas centrales nacionales, ubicadas en la Ciudad de México,
tuvieron información en tiempo real de los hechos, pero no se sabe cuáles
fueron sus órdenes”,
agrega.
Las
autoridades mexicanas identificaron a principios de junio los restos de uno de
los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa casi seis años después de la
tragedia, en un hecho que acabaría con la versión oficial del Gobierno anterior
y que, de paso, abre camino a la certeza.
Con
Ayotzinapa como uno de grandes pendientes a resolver en un país azotado por la
violencia y la inseguridad, en diciembre de 2018, recién iniciado su Gobierno,
el Presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó la creación de una Comisión de
la Verdad y la Justicia.
En junio de
2019, la Fiscalía General de la República (FGR) estableció una unidad especial
autónoma e independiente a cargo de Omar Gómez Trejo, un defensor de derechos
humanos con experiencia en el caso y cuya designación tuvo el respaldo de los
familiares de las víctimas.
En febrero
de 2020, ordenó reponer la investigación del caso Ayotzinapa con ayuda de la
FGR y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Un mes
después, firmó un acuerdo con la Corte y la FGR para esclarecer la desaparición
de los estudiantes. “Hicimos el acuerdo porque hay una necesidad de aclarar lo
sucedido y se tiene que saber la verdad”, dijo hoy López Obrador en su
conferencia de todos los días.
La FGR
ordenó detener a 46 funcionarios del sureño estado de Guerrero por su presunta
relación con la desaparición de los estudiantes en una nueva etapa de la
investigación que pretende tumbar la llamada “verdad histórica” construida por
el Gobierno anterior de que los estudiantes fueron quemados en un basurero.
Además, se
logró la detención de José Ángel Casarrubias Salgado, alías “El Mochomo”, uno
de los presuntos líderes del cartel Guerreros Unidos, involucrado en la desaparición
de los jóvenes.
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