Por Jesusa
Cervantes.
Por
inviable financieramente y la elevación en la cotización peso-dólar, el
gobierno de Jaime Bonilla, canceló la desalinizadora que se construiría en
Rosarito para abastecer de agua a una zona del estado y del sur de California.
Salomón Faz,
secretario del Agua en la entidad, corroboró la cancelación y dijo que,
debido a la elevación de costos en la construcción, el contrato de Asociación
Pública Privada que en 2016 firmó el gobierno del panista Francisco Vega De
Lamadrid, quedaba sin efecto.
Milton
Rubio, representante de la empresa Aguas de Rosarito, filial de Consolidated
Water, empresa especializada en la construcción de desalinizadoras en el mundo
y con sede en Islas Caimán, comentó a Apro, a inicios de junio pasado que, de
cancelarse el proyecto, demandaría al gobierno del estado con por lo menos 100
millones de dólares.
En la
entrevista, Milton Rubio dijo que hasta el momento la empresa Consolidated
Water, llevaba invertidos 50 millones de dólares, tan solo en la compra del
terreno, el pago del proyecto, la inversión en los derechos de vía, la
elaboración del Manifiesto de Proyecto Ambiental, y otros elementos.
Si se
cancela el proyecto, adelantó en aquella ocasión: “los demandaré por lo doble
de lo invertido porque hay un contrato firmado”.
El
gobierno de Acción Nacional (PAN), en la modalidad de Asociación Pública Privada,
firmó el contrato con la empresa. El gobierno del estado se comprometía a adquirir
deuda de por lo menos siete mil millones de pesos y garantizar cada pago
mensual con un fondo de por lo menos 149 millones de pesos que saldrían de
la recaudación del impuesto de nómina.
Pero,
además, el contrato se firmó en dólares, en aquel 2016 a una cotización de
17 pesos por dólar. Ahora, al perder valor el peso frente al dólar, los costos
se elevaron lo que hizo inviable el proyecto.
Venció el
plazo para el endeudamiento.
Durante los
últimos tres meses, Milton Rubio estuvo en negociación con la secretaría de
Hacienda del estado, en un intento por llegar a un arreglo antes del 30 de
junio, día en que vencía el plazo para que el gobierno hiciera efectivo el
endeudamiento ante bancos.
Al acercarse
la fecha, el secretario del Agua dijo que había dos posiciones al interior
del gobierno del estado. Una de ellas es vender agua a Estados Unidos para
poder hacer aún más viable el proyecto.
Se
comentó a Faz que, si esa propuesta no se concreta, la empresa los demandará
por el doble de lo invertido, a lo que respondió que el gobierno hará frente a
todos los compromisos que firmó, entre ellos los pagos que se tengan que hacer.
Ante la
cancelación, por el momento, pues se venció el plazo que otorgó el congreso
local al gobierno del estado para endeudarse, ambas partes –gobierno y
empresa– deberán acordar el monto de lo invertido. Por el momento se manejan
cifras distintas.
Mientras
la empresa habla de 50 millones de pesos, el gobierno de Jaime Bonilla
considera un aproximado de 24.4 millones de dólares.
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