Por Veneranda
Mendoza.
Por mayoría
de votos, la Legislatura mexiquense envió un exhorto a la Fiscalía General
de la República (FGR) para que inicie una carpeta de investigación en contra
del exprocurador Jesús Murillo Karam por presuntos delitos cometidos contra la
administración de justicia, configurados durante las indagatorias por la
desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El morenista
Tanech Sánchez, promotor del punto de acuerdo, indicó que diversos reportes
sustentan que los estudiantes fueron atacados el 26 y 27 de septiembre de 2014
por presuntos integrantes del crimen organizado, con el apoyo de las policías
federal, municipal de Iguala y estatal de Guerrero, con pleno conocimiento y
monitoreo del Batallón de Iguala y los mecanismos de inteligencia del gobierno
federal.
En los
hechos hubo varios lesionados y muchos detenidos, además del fallecimiento de
seis personas (tres normalistas, dos jugadores del equipo de fútbol Los
Avispones y una mujer que viajaba en un taxi) y la desaparición forzada de 43
estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos.
Sánchez recordó
que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch
(HRW), entre otros organismos internacionales, expresaron su rechazo y
preocupación por lo ocurrido y exigieron al gobierno de México llegar a la
verdad, impartir justicia, condenar a los culpables y apoyar a las víctimas.
El morenista
también destacó que el Equipo Argentino de Antropología Forense y el Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) coincidieron en la
imposibilidad de probar que los estudiantes fueron incinerados en el basurero
de Cocula, como aseguró Murillo Karam al presentar la “verdad histórica”.
Además, el
GIEI concluyó que las investigaciones de la entonces Procuraduría General de la
República (PGR) no consideraron un quinto autobús ni el video de la diligencia
realizada por Tomás Zerón en el Río San Juan.
“De las
constancias que obran en las averiguaciones previas se desprende que la PGR
recurrió sistemáticamente a golpes y torturas para incriminar a los presuntos
responsables de la desaparición”, puntualizó.
Bajo
confesiones obtenidas mediante la tortura, agregó, la entonces Procuraduría
General de la República construyó la “verdad histórica”, con lo que además negó
a familiares de las víctimas el acceso a la justicia y encubrió a los
verdaderos responsables, para salir del paso ante el problema político e
internacional que se gestó a partir del reclamo de justicia del pueblo
mexicano.
Adicionalmente,
lamentó, ninguno de los casi cien detenidos se encuentra acusado del delito de
desaparición forzada, sino por delincuencia organizada, secuestro y homicidio,
entre otros tipos penales.
“La
actuación irregular y abierta manipulación de la investigación para cerrar
apresuradamente el caso, a cargo del Estado Mexicano en la administración de
Enrique Peña Nieto, ha quedado acreditada”, abundó.
Y expuso
que el creciente reclamo popular, expuso es que se castigue no sólo a los
responsables de la desaparición de los 43 normalistas, sino a quienes
participaron en el engaño para dar carpetazo a uno de los crímenes más
dolorosos del país.
En contra
del llamado votaron los partidos Acción Nacional (PAN) y el Verde Ecologista
(PVEM). La panista Ingrid Krasopani advirtió que el exhorto restringe la
responsabilidad a una persona y a un delito, por lo que propuso modificarlo
para que la FGR investigue a quien o quienes resulten responsables por el
inadecuado manejo de las indagatorias en el caso Ayotzinapa. Este planteamiento
fue desechado por mayoría.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.