Pablo Gómez.
Los
intelectuales de la neoderecha nacional, aliados a los de la rancia, han
entrado en demencia política. Ponen en duda la legitimidad del resultado de las
elecciones legislativas de 2018, pero dos años después de los comicios. Niegan
que exista una mayoría legítima en el Congreso y lo hacen a través de una
inserción pagada para que sea leída.
Héctor
Aguilar Camín y sus compañeros de viaje desconocen la Constitución y se lanzan
a tratar de deslegitimar a la única mayoría parlamentaria auténtica que ha
tenido México desde hace muchos años.
La 4T
obtuvo el 47% de la votación efectiva. Si hubiera sido un solo partido, que no
lo fue, pues era una coalición de tres, su representación hubiera sido del 55%
de la Cámara, suficiente para ser mayoría absoluta.
El
Partido del Trabajo (PT) sólo obtuvo tres diputados plurinominales (se aplicó
severamente la cláusula de sobrerepresentación) y ninguno le fue asignado al
Partido Encuentro Social (no alcanzó derecho al reparto). Morena tuvo derecho a
85 curules de representación proporcional según determinó el INE, luego de
hacer sus propias cuentas, sin que hubiera litigio al respecto. Los tres
partidos en conjunto alcanzaron 307 legisladores, 221 de los cuales son de
mayoría relativa de un total de 300 distritos electorales que existen en el país,
es decir, la 4T no alcanzó la mayoría sólo en 79.
En cuanto al
Senado, la demencia política es de igual gravedad, ya que el grupo de
Aguilar Camín no sabe que en cada entidad federativa se eligen tres senadores,
dos de mayoría y uno de minoría, además de 32 de cociente nacional. No había
manera de que la 4T fuera minoría en esa cámara del Congreso si fue mayoría en
casi todos los estados.
Aguilar
Camín y socios no conocen las leyes del país que dicen defender. En la Cámara,
la Constitución permite a los partidos, en lo individual, una
sobrerepresentación hasta de ocho puntos porcentuales respecto de su votación.
Este precepto se conoce como “cláusula de gobernabilidad”, según le llamaron
los amigos de Aguilar Camín, priistas y panistas, cuando la llevaron a la Carta
Magna. Durante años, el PRI y el PAN la ejercieron con entera normalidad. Pero
los neoconservadores no tienen ojos para el pasado en el que les iba muy bien,
sino sólo en el presente que ya no les simpatiza. Viven en la angustia.
¿Por qué
tendría que ser desaconsejable que una fuerza política tenga una mayoría
parlamentaria? ¿Habría que hostigar a Emmanuel Macron, presidente de Francia,
sólo por contar con suficiencia en la Asamblea Nacional? No, allá no, porque
aquel gobierno es de la banda de Aguilar y compañía. Si éste y sus amigos
quieren cambiar las reglas –no se sabe, luego de su carta pagada, cuáles serían
las nuevas—, que se postulen para el Congreso; ese es el método.
La fuerza
gobernante puede o no tener mayoría legislativa, pero, cuando la tiene, debe
ejercerla porque para eso existe como expresión ciudadana. En México tuvimos
tiempos en que el presidente carecía de mayoría y le era necesario acordar con
otro u otros. Así se formó el PRIAN y el PANPRI, según a quien le tocaba el
turno en el Ejecutivo.
Si en un
futuro cercano el resultado de la elección legislativa no otorgara a ninguna
fuerza política la mayoría parlamentaria, no habría ningún problema nuevo, pero
esa no puede ser una exigencia democrática sino una aspiración de las
oposiciones actuales. Son dos cosas diferentes.
La
democracia, como la conocemos, es un sistema competencial con relativa
tolerancia. La atomización en la representación política no le es
consustancial, pues ésta es solamente expresión del voto ciudadano.
El
llamado equilibrio de poderes siempre ha sido una falacia porque no hay
equilibrio en la Constitución. Lo que existe es un sistema con ramas del poder,
cada cual con facultades diferentes, pero no en competencia. Lo normal en esas
democracias es que la fuerza política mayoritaria ocupe el Legislativo y el
Ejecutivo. Cuando este último carece de respaldo suficiente, tiene que llegar
arreglos con otros. Así de sencillo.
Pero Aguilar
Camín y socios creen que el “equilibrio” consiste en que el pueblo vote de la
manera en que a ellos les conviene, es decir, que elija una mayoría
parlamentaria que no sea de la misma fuerza política que la del Ejecutivo. Lo
plantearon cuando íbamos a votar en junio de 2018; pidieron que, por favor, los
electores que estaban a favor de AMLO votaran por diferente partido en las
boletas de senadores y diputados. ¿Cuáles era los “otros partidos” ?, pues los
mismos de antes: si el triunfo de AMLO era inevitable, había que buscar acotar
el cambio, el nuevo rumbo. El diferencial de votos se produjo por sí mismo
porque el fenómeno era al revés: no pocos que por lo regular votan por otros
partidos lo hicieron por AMLO en la boleta presidencial. Iban a lo seguro y
querían un cambio. Pero no fueron tantos porque en la votación de diputados la
suma de los partidos de la 4T alcanzó el 47%.
Los
intelectuales orgánicos de la derecha funcional de nuestro tiempo se inventan
un nuevo prototipo democrático. El punto central ya no es que cada quien vote
como quiera y se respete la votación, tal como hemos llegado a pensar al
respecto, sino que lo haga de tal manera que se logre el “equilibrio”, es
decir, que Ejecutivo y Legislativo correspondan a fuerzas políticas diferentes.
Esta novísima teoría, como “obligación democrática”, podría conducir al
perpetuo conflicto irresoluble entre ramas del poder político. Nada nuevo, a
menos que se restablezca el PRIAN, el partido de Aguilar Camín y compañía. De
eso ya tuvimos bastante.
En cuanto a
demencias políticas neoconservadoras, ya estamos teniendo suficiente.
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