Los
hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del
expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, habrían intermediado en el pago de
28 millones de dólares en sobornos a un exalto funcionario panameño por parte
de la constructora brasileña Odebrecht.
Así lo
informó el Departamento de Justicia estadunidense, a propósito de la detención
de ambos hermanos este lunes en Guatemala, a petición de Washington, que los
acusa de lavado de dinero.
Los
Martinelli, quienes pretendían abordar un vuelo humanitario hacia Panamá,
fueron capturados en el aeropuerto internacional La Aurora de Guatemala.
El
funcionario presuntamente sobornado era familiar de los Martinelli, detalló el
Departamento de Justicia. Según la acusación, entre 2009 y 2014, durante la
presidencia de su padre, los hermanos se involucraron en la trama de corrupción
de Odebrecht con acciones que incluyeron la apertura y administración de
cuentas bancarias secretas a nombre de compañías fantasma en jurisdicciones
extranjeras.
“El
esquema general de Odebrecht implicó el pago de más de 700 millones de dólares
en sobornos a funcionarios gubernamentales, servidores públicos, partidos
políticos y otros en Panamá y otros países del mundo para obtener y retener
negocios para la empresa.
“Se alega
que los dos acusados participaron en el esquema, entre otras cosas, sirviendo
como intermediarios por aproximadamente 28 millones de dólares en pagos de
sobornos realizados por orden de Odebrecht a un entonces funcionario
gubernamental de alto rango en Panamá (funcionario del gobierno de Panamá),
quien era un pariente cercano de los acusados”, detalló el comunicado.
Varias de
las transacciones se realizaron en dólares a través de bancos estadounidenses.
Por esta razón el caso fue presentado ante un tribunal federal de Brooklyn en
Nueva York.
La semana
pasada, la Fiscalía de Panamá impuso medidas cautelares al expresidente
Ricardo Martinelli que le impiden salir del país y lo obligan a reportarse
periódicamente a las autoridades.
El
expresidente estuvo preso en Estados Unidos y Panamá por sospechas de
corrupción desde mediados de 2017, pero en 2019 abandonó la prisión tras ser
declarado “no culpable” de espionaje político y malversación de fondos públicos.
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