Por Jaime
Luis Brito.
La Fiscalía
Anticorrupción de Morelos recibió una nueva denuncia contra el alcalde de
Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, esta vez por peculado, intimidación y
abuso de autoridad, que se acumula a una primera por la presunta comisión de
desvío de recursos y enriquecimiento ilícito.
La
primera denuncia responde a la carpeta de investigación FECC/145/2020-03, y ya
provocó un cateo a las oficinas de la Tesorería Municipal, de donde se
extrajeron documentos y equipos para revisar las finanzas y cotejar los
ingresos del presidente municipal con una lista de supuestas propiedades y
vehículos.
La segunda
denuncia fue presentada este miércoles por el presidente del Colegio de
Abogados del Estado de Morelos, Enrique Paredes Sotelo, quien acusa al alcalde
de desviar recursos de la comuna para realizar videos en los que denosta a sus
detractores políticos.
Y es que, desde
la semana pasada, el alcalde colocó en las redes sociales una serie de videos
para responsabilizar al gobierno municipal anterior, que encabezó el hoy
gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, de la crisis financiera que llevó al
Cabildo a declarar en insolvencia económica al ayuntamiento hace un mes.
Los
videos se publicitan en las redes y fueron tomados de una conferencia de prensa
que ofreció el edil hace unos días, en donde explica que el municipio tiene un
presupuesto de mil 361 millones de pesos, de los cuales el 57 por ciento se
destina a nómina, el 29 por ciento a gasto corriente y el resto, unos 200
millones de pesos, son para el pago de créditos bancarios heredados de administraciones
anteriores.
Sin embargo,
Paredes Sotelo, quien fue secretario municipal en la administración
2012-2015, advirtió que entonces el ayuntamiento tenía una deuda de 2 mil 500
millones de pesos, lo que fue reducido “gracias a la buena administración
racional, la austeridad y el eficiente gasto público”.
Aseguró
que en la actual administración la nómina se ha elevado y los sueldos no se han
reducido, sino que se mantienen particularmente entre los miembros del Cabildo.
El
alcalde, por su parte, obtuvo una suspensión provisional para mantenerse en el
cargo y evitar que la Fiscalía pueda detenerlo por los delitos que le imputan.
De su lado, el
Congreso local ordenó una auditoría especial a las finanzas de la capital del
estado, y de plano pidió que el edil se separe del cargo, hasta que termine la
investigación.
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