Por Arturo Ángel.
A poco
más de dos años de que se girara una orden de aprehensión en contra del
exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por su probable
responsabilidad en diversas desapariciones forzadas ocurridas en su estado, el
proceso penal en su contra no ha iniciado.
¿La razón? El
gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha conseguido el permiso
diplomático que requiere de Guatemala para poder ejecutar oficialmente la orden
de aprehensión girada en contra del exgobernador, trámite indispensable para
poner en marcha el proceso.
Así lo
revela un oficio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) entregado vía transparencia a Animal
Político, que además sostiene que no hay un plazo o fecha límite para
obtener una respuesta del gobierno centroamericano sobre el permiso que se
requiere.
El
permiso de Guatemala es necesario ya que Duarte fue detenido en abril de 2017
en ese país y el tratado de extradición firmado con ellos – como la mayor parte
de los tratados – contempla que una persona solo puede ser procesada por los
delitos por los cuales se pidió su detención originalmente. En el caso del
exgobernador de Veracruz, la solicitud original fue solo por lavado de dinero y
delincuencia organizada.
La orden de
captura en contra de Duarte se giró el 6 de junio de 2018 luego de que la
Fiscalía General de Justicia de Veracruz presentó ante una jueza del estado los
avances de una carpeta de investigación, en la que se sostiene que el
exgobernador tiene algún grado de responsabilidad en diversas desapariciones
ocurridas en el estado.
En dicha
indagatoria se presume que el exmandatario supuestamente permitió que fuerzas
de seguridad estatales perpetraran, de forma sistemática, diversas
desapariciones en Veracruz entre los años 2010 y 2016, la mayoría de las cuales
siguen sin esclarecerse.
La jueza que
recibió el caso determinó que había indicios suficientes para otorgar la orden
de captura, pero a partir de ese punto todo el procedimiento se ha complicado.
Fallas,
omisiones, retrasos…
Luego de que
se girara la orden de aprehensión en contra del exgobernador de Veracruz, el
gobierno de México tardó prácticamente un año tan solo en enviar de forma
correcta la solicitud denominada “excepción al principio de especialidad” a
Guatemala, para poder procesar a Duarte por un delito distinto.
Animal
Político publicó, en su momento, que desde el inicio hubo complicaciones al
integrar el expediente debido a errores o falta de datos en el mismo. Fue la
propia SRE la primera que consideró que existía información incompleta, por lo
que devolvió la solicitud a la Fiscalía General de la República que, a su vez,
la entregó a la Fiscalía de Veracruz.
El 17 de
junio de 2019 la Embajada de México entregó finalmente la solicitud a Guatemala,
pero unos días después el 28 de junio, el Ministerio de Relaciones Exteriores
del país centroamericano devolvió el expediente pidiendo que se corrigieran
algunas omisiones.
En el
nuevo oficio que la SRE entregó ahora a este medio, la cancillería sostiene que
la información ya fue completada y entregada con México a Guatemala desde
agosto del año pasado, pero que se continua en espera de una resolución.
“La
solicitud de excepción a la regla de especialidad, que el gobierno de los
Estados Unidos Mexicanos presentó al Gobierno de la República de Guatemala, con
el fin de que se autorice que el señor Javier Duarte de Ochoa, quien fuese
extraditado Por ese país a México EN 2017, pueda ser sujeto a proceso penal
diverso a aquel que motivó su entrega, actualmente continua en estudio por las
autoridades competentes de aquel país”, indica la SRE.
La
cancillería añade que no existe algún término ni plazo para que Guatemala
responda si concede o no dicha solicitud.
La
defensa del exgobernador de Veracruz confirmó que la orden de aprehensión en
contra de Duarte no se ha cumplimentado por la falta del aval diplomático, pero
añadieron que aun cuando Guatemala diera luz verde a ello el caso se caería
pues “se trata de una acusación sin sustento, construida sobre pruebas
fabricadas y con fines político-electorales”
En un
posicionamiento enviado a este medio, los abogados defensores señalan que
existen documentos como una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Veracruz que prueban que Gilberto “N”, testigo de la fiscalía en
contra de Duarte, fue torturado para inculpar a autoridades estatales en las
desapariciones.
“No es
una imputación que nos preocupe como defensa, ya que más allá de un obstáculo
procesal, la propia fiscalía enfrenta una investigación plagada de violaciones
a Derechos Humanos que demuestran que fue un verdadero montaje con fines
electorales”,
indican los abogados.
La defensa destacó
que lo realmente grave es que ante un delito tan delicado como el de la
desaparición forzada la administración del exgobernador Miguel Ángel Yunes haya
antepuesto intereses políticos para privilegiar una acusación en contra de Duarte,
donde solo se le logran imputar presuntas omisiones.
“Lo
realmente alarmante es que la administración estatal anterior estuviera
dispuesta a mal informar a la sociedad de que el exgobernador participó en la
comisión de ese abominable delito, cuando en realidad los hechos que se señalan
es su supuesta participación en la obstaculización en una investigación
ministerial y no la desaparición forzada de persona alguna”, señala la defensa.
Cabe señalar
que el propio Javier Duarte había señalado con anterioridad a Animal
Político que la acusación en su contra era un “montaje”, y que no tenía ningún
temor de enfrentar un proceso por ello en México, pues es inocente y ajeno a
esos hechos.
De acuerdo
con datos oficiales de la Secretaría de Gobernación, en Veracruz hay más de
5 mil personas reportadas como desaparecidas o no localizadas. Se trata del
cuarto estado en el país con la mayor cantidad de personas cuyo paradero es
desconocido.
No solo eso.
Hasta febrero pasado en Veracruz se habían descubierto 432 fosas
clandestinas con restos humanos, la mayor cifra para una entidad solo detrás de
Tamaulipas.
En la
administración de Javier Duarte en Veracruz se volvió constante la
participación de fuerzas estatales y municipales en la desaparición de
personas, en presunta complicidad con el crimen organizado. El común
denominador de muchos de estos casos es que continúan en la impunidad.
Ejemplos
sobran. En el especial “Desaparecer en Veracruz” Animal Político dio cuenta
de la desaparición de al menos 15 jóvenes a manos de la policía estatal de
Veracruz en 2013. Todas las víctimas fueron detenidas sin órdenes de
aprehensión ni causa alguna que justificara su arresto. Se presume que algunas
de ellas fueron llevadas a la Academia de la Policía Estatal donde fueron
torturadas. Ninguno regresó con vida.
Investigaciones
de la Fiscalía del estado documentaron dichos casos como parte de una
estrategia denominada “Tiro de Gracia”, y llevaron a la detención de altos
mandos de la policía estatal del gobierno de Duarte. Pero a la postre los
exfuncionarios salieron en libertad y aunque hay procesos que siguen abiertos,
no existen condenas.
Otro caso
emblemático fue el de la colonia Formando Hogar en el puerto de Veracruz donde,
también en 2013, seis jóvenes fueron detenidos en un operativo conjunto por
elementos de la policía estatal con el apoyo de la Marina. Ninguno regresó y
aunque se iniciaron averiguaciones previas por ese hecho, ninguna ha llegado a
un resultado.
Los casos
continuaron hacia el final del gobierno de Duarte. Uno de los de mayor impacto
fue el ocurrido el 11 de enero de 2016, cuando cinco jóvenes que fueron
detenidos por agentes estatales en el municipio de Tierra Blanca. Nunca se les
volvió a ver con vida. Pequeños fragmentos óseos hallados con posterioridad en
un rancho llamado “El Limón”, confirmaron que las víctimas fueron asesinadas.
La conmoción
que provocó este caso llevó a una serie de detenciones de agentes estatales e
integrantes de crimen organizado, pero a cuatro años de esos hechos ninguno de
ellos ha sido condenado.
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