La obra
concesionada más grande de Aguascalientes, el libramiento carretero que
rodeará a la capital, se ha mantenido a lo largo de tres sexenios como una
quimera inalcanzable para los ciudadanos, al mantenerse envuelta en la
polémica, las ambiciones desmedidas y, en la actual administración del panista
Martín Orozco, la corrupción y la opacidad.
Versiones
periodísticas recogidas entre enero de 2017 y julio de 2018 dan cuenta de
los constantes enfrentamientos entre los empresarios ganadores de la licitación
y el mandatario estatal, quienes acusaron el interés del político panista de
intervenir de forma obligatoria para vender la concesión a la empresa RCO, bajo
la amenaza de revocar la concesión de no hacerlo, advertencia que cumplió el 5
de diciembre de 2019 luego de que los empresarios se negaron tajantemente a
enajenar el libramiento de manera forzada.
Irónicamente,
el argumento legal que esgrimió el gobierno estatal para la revocación de la
concesión fue el mismo que demandaba para la inclusión de otra empresa en el
negocio: la modificación de la estructura de sociedad en las empresas
involucradas, que originalmente se había realizado para garantizar la
conclusión de las obras y que se volvió en contra de las constructoras que
prácticamente estaban listas para iniciar la megaobra.
De esta
forma, y al mismo tiempo que el gobierno estatal enfrenta una denuncia aún
no resuelta por parte de las empresas que fueron objeto del chantaje fallido
del gobernador, se volvió a la pugna por esta nueva licitación, en la que los
tres finalistas fueron Grupo PROFREZAC, Promotora y Operadora de
Infraestructura (PINFRA), y Red de Carreteras de Occidente (RCO), cuyas
propuestas fueron, en ese mismo orden.
Empresarios consultados para la elaboración de
esta información manifestaron no sólo su extrañeza por la actitud tomada por
el jefe del Ejecutivo estatal, sino su firme sospecha de que, de nueva cuenta,
Martín Orozco está directamente involucrado en el apoyo pleno y total a la
empresa Red de Carreteras de Occidente, al trascender constantes reuniones con
sus directivos.
Ante la
proximidad del fallo, que se llevará a cabo el próximo 22 de julio, y con el
evidente tufo de corrupción y componendas impulsado abiertamente por el
gobernador Martín Orozco para beneficiar a RCO, los aguascalentenses se
preguntan si una de las obras más grandes en la historia de la entidad será
designada a un costo 30 por ciento más alto y con menos beneficios públicos a
una empresa cuestionada.
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